Paralizadas durante 72 horas, este miércoles la Audiencia Nacional ha dado luz verde a continuar las expulsiones. A pesar de que las devoluciones, que comenzaron el pasado viernes, incumplen incluso la legalidad vigente de la racista ley de extranjería y vulneran los pocos derechos que pueden tener los menores migrantes.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Miércoles 18 de agosto de 2021
La Audiencia Nacional ha notificado este miércoles un auto que rechaza la medida cautelarísima de suspensión de las devoluciones de menores migrantes de Ceuta a Marruecos. La suspensión fue solicitada por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ante supuestos incumplimientos de la ley de extranjería, ya que las devoluciones se estarían realizando sin informes individuales previos como en ella se exige.
El Ministerio de Interior del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha tratado de invalidar dicho recurso de la ONG sobre el escrito que envió la Secretaría de Estado de Seguridad al gobierno ceutí el 10 de agosto, solicitando la ejecución de las expulsiones. Desde Interior han señalado que ese escrito no era una “instrucción” y que la responsabilidad recae en el gobierno ceutí. De esta manera argumenta el Gobierno que el recurso no debería ser competencia de la Audiencia Nacional.
Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, admitía en rueda de prensa este martes que no se realizaron los informes a los 45 menores que ya han sido devueltos a Marruecos, de los 800 que tratan de expulsar en total. Vivas argumentó que el procedimiento de las expulsiones es el acordado con el Estado de Marruecos en marzo de 2007 y que entró en vigor en 2013. Sin embargo, este protocolo incumpliría la propia legislación española, razón por la cual las devoluciones fueron paralizadas de forma cautelar durante 72 horas por un juzgado de Ceuta.
Este miércoles debía aclararse la situación judicial y la Audiencia Nacional se ha pronunciado como competente para resolver el recurso presentado por la ONG, al considerar que el escrito que envió la Secretaría de Estado de Seguridad el 10 de agosto hace responsable al Ministerio de Interior.
Una vez ha aclarado que el asunto es de su competencia, la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de la suspensión cautelar de las devoluciones, como anunciábamos. Esto a pesar de que todavía no ha declarado si se han vulnerado o no los derechos de los menores migrantes, ante lo que deberá pronunciarse en los próximos quince días y cuya responsabilidad recaerá finalmente sobre Interior.
De esta manera, la Audiencia Nacional sigue dejando claro que es una de las instituciones más reaccionarias del Régimen del 78 y va a avalar desde la “Justicia” el racismo institucional. En este caso unas políticas de Estado dirigidas desde el Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos, que está aplicando ante la crisis migratoria la agenda de la derecha y la extrema derecha.
