Rosario. La “Barcelona Argentina” de los capitalistas y los asentamientos populares

En “La Barcelona Argentina” el metro cuadrado cotiza U$D 2000. En 2009 se construyeron 170 edificios. Entre Rosario y alrededores ya existen 30 countries.

Mientras Rosario vive su boom de soja, su boom inmobiliario y su boom turístico, existe otra(s) ciudad(es) menos visible(s), la del pueblo pobre y trabajador.

El problema habitacional no es menor en nuestra ciudad y el resto de la provincia.
La degradación de las condiciones de vida de las amplias masas populares llega a extremos invisibles para las postales turísticas que entre el Estado y los empresarios (o podríamos abreviar como el Estado Empresario) alquilan, venden y promocionan.
Algunos datos pueden ilustrar mejor.

Los compañeros de Ciudad Fragmentada nos informan que el aglomerado del Gran Rosario representa el 39% de la población provincial. Según el Censo 2001, en la ciudad de Rosario, 35.950 familias vivían en viviendas no adecuadas. Según la Fundación Banco Municipal, en 1996 existían 22.685 familias que comprendían a 113.382 habitantes (13% de la población total ocupando un 10% de la superficie urbanizada) en asentamientos marginales. Estos datos de 1996 y 2001 se encuentran lejos de haber mejorado.

Un articulo de Carlos Del Frade nos dice entre otros datos que que “Según el censo 2001, el número de viviendas abandonadas en la ciudad asciende a 5.898, si le sumamos las que están en venta o alquiler, las unidades deshabitadas totalizan 18.147.”

Según informaciones periodísticas recientes son cincuenta mil (50.000) las familias con carencia habitacional. Se estima que al menos doscientas mil (200.000) personas viven en asentamientos irregulares ubicados en las zonas perifericas de la ciudad, muchas veces sin acceso a agua potable, red cloacal, tendido eléctrico acorde, asfalto, etc.

Las condiciones de vida material de al menos un 20% de la ciudad no se parecen mucho al barrio gótico de la capital catalana.

La ciudad del pueblo pobre y marginado de la periferia rosarina está compuesta por trabajadores/as que en muchos casos migraron de sus lugares natales corridos por el hambre y la desesperación. Otros tantos trabajan a veces, o en negro, precariamente, 12 o 14hs diarias, fuera de convenio, cobrando salarios de hambre que no llegan a cubrir la canasta básica familiar.

Por eso parece chistoso ver o leer que el Gobierno Municipal de Miguel Lifschitz anunció el lanzamiento del “Programa Municipal de construcción de viviendas para sectores de ingresos medios” tiene como objetivo construir un total de 144 viviendas.

Los plazos para llegar al total no son transmitidos por la prensa local. Tan solo se sabe que “la primera etapa” contará con 22 viviendas y “la segunda etapa” (sin fecha cierta tampoco) otras 35. Evidentemente Lifschitz tiene ambiciones faraónicas. Tal vez crea que con estas 57 viviendas anunciadas (no hay que perder de vista que son promesas ante un año electoral), Rosario sea de una vez y para siempre “la Barcelona Argentina”. Sin embargo nada de esto es broma. En el primer día para anotarse por estas 22 viviendas se inscribieron unas 700 personas que hicieron cola durante más de 12hs, comenzando a las 2 o 3 de la mañana.

Cuando los falsos socialistas hablan de trabajadores medios no sabemos bien a qué o a quiénes se refieren. Lo que si estamos seguros es que no lo hacen a los trabajadores/as que dependen del municipio, muchos en negro o bajo la forma de monotributistas, contratados por años y sin demasiadas posibilidades de pasar a planta permanente.

Según informan los medios locales, para acceder a estas 22 viviendas el ingreso familiar debe ser entre $3.500 y $7.000, es decir que solo los trabajadores municipales con categoría 28 ($3.534,62 a partir del 1/06/2010) o superior podrían acceder a este crédito hipotecario.

Pero tampoco se sabe por ejemplo el costo de fabricación de las viviendas, la cantidad de metros cuadrados, etc. Según encontramos en medios de otras localidades, este tipo de viviendas de dos habitaciones cuenta con aproximadamente entre 40 y 50 metros cuadrados y el costo es de $110.000, sin embargo para Miguel Lifschitz las casas tendrán un costo para quien quiera acceder a ella de 50 o 60 mil dólares es decir arriba de los $200.000 por vivienda.

El entramado de negocios entre el Estado municipal y provincial, y las grandes corporaciones de la construcción data de tiempo atrás. La adjudicación de las obras pùblicas a empresas amiga que sobrevalúan costos que paga el Estado, nobleza obliga, no es patrimonio exclusivo del “socialismo” empresario de Binner y Lifschitz, sino que ha sido parte constitutiva de la “patria contratista” del kirchnerismo.

Pero junto a esto existe otra gran estafa consistente en desarrollar determinadas obras públicas en determinados lugares de la ciudad que revalúen el valor del suelo, precisamente comprado a precios irrisorios por ser considerados terrenos inundables, o simplemente con maniobras catastrales como recalificar toda una zona, lo que también puede multiplicar los valores de la tierra.

Como denuncian nuevamente los compañeros de Ciudad Fragmentada: “la relación entre obra publica, negocios privados y desalojos y privatización creciente de la tierra es directa. La plusvalía urbana que el Estado genera haciendo que determinadas tierras dejen de ser inundables es apropiada por los monopolios si este no intervine. Tales fueron los casos que denunciamos en Nuevo Alberdi y empalme graneros a tal punto de comprobar que un 9% de la ciudad se encuentra hoy en manos de un solo monopolio.”

Otra ciudad es posible, pero solo lo será si los trabajadores y el pueblo enfrentamos decididamente la unidad entre el Estado capitalista y los empresarios que lucran sobre las necesidades del pueblo trabajador. La propiedad capitalista de la tierra no se puede reconciliar con un plan urbano acorde a las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

La “planificación” capitalista desarrolla la anarquía habitacional, la destrucción del patrimonio arquitectónico, la depredación del medio ambiente y del hábitat, al mismo tiempo que reproduce “las condiciones de polarización entre la riqueza de una minoría y la miseria de la mayoría. Planificar el desarrollo urbano en función de los intereses populares plantea la necesidad de expropiación sin pago de los grandes terratenientes urbanos (como la Iglesia), de la banca y de las grandes constructoras para la reapropiación social de los recursos, al servicio de una verdadera reforma urbana bajo control de los trabajadores y vecinos.”

Expropiar las tierras necesarias y las viviendas ociosas o abandonadas adjudicándolas a los pobladores de los asentamientos, implementar impuestos progresivos a las grandes ganancias, restituir aportes patronales y eliminar todo tipo de exención impositiva a las empresas, la estatización de todas las terminales portuarias de la provincia, son medidas mínimas e iniciales para constituir un verdadero fondo de financiamiento de un plan de obras públicas controlado y administrado por los trabajadores, vecinos y organizaciones combativas.

Un plan de obras públicas que contemple las necesidades medioambientales, la cultura y el hábitat, podría construir viviendas populares acordes a las necesidades de las familias trabajadores y el pueblo pobre y urbanizar los asentamientos coordinada con los propios vecinos.

Es necesario que las organizaciones obreras y los sectores combativos nos organicemos de forma independiente del Estado, los capitalistas y sus partidos para imponer la prohibición de los desalojos y remates, la construcción de hospitales y escuelas. Hay que prohibir las adjudicaciones para “megatorres” y barrios privados que se apropia individualmente de la rivera y las mejores zonas habitables.

Es preciso luchar por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar y en lo inmediato imponer que ningún alquiler supere el 20% del salario mínimo.
Un plan de obras públicas controlado por los trabajadores y financiado sobre las hiperganancias capitalistas podría generar miles de puestos de trabajo acabando a su vez con la desocupación y la superexplotación de los empresarios y el Estado.

Un programa de este tipo puede unir a la Rosario obrera y popular contra los terratenientes, los empresarios, el Estado capitalista y sus partidos.