La vuelta a la “nueva normalidad” contempla el inicio de labores en la industria automotriz, minera y la construcción. La CIT emitió algunas recomendaciones que abordaremos para ver si son suficientes frente a la pandemia del coronavirus.
Jueves 14 de mayo de 2020
Hace unas semanas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la mano de la oposición, presentaban una iniciativa en el congreso para que la industria automotriz fuese considerada como esencial. Por la debilidad de la oposición y el descredito particularmente de la Coparmex, la propuesta no se aprobó en el Congreso.
Sin embargo, días más tarde el gobierno estadounidense comenzó a presionar al gobierno de la cuarta transformación para apertura la industria autopartista, argumentando que sin la producción de las fábricas mexicanas, no podría arrancar la industria automotriz estadounidense.
La exigencia se elevó, no solo era el arranque en la industria autopartista, sino el conjunto de la industria automotriz, es decir, la vuelta al trabajo de por lo menos un millón de trabajadores en todo el país.
En cuestión de días, el gobierno obradorista anunció “la vuelta a la nueva normalidad”, no decretada sobre la base de un decrecimiento en los contagios, por el contrario, esta semana tuvimos un gran pico de 2 mil nuevos casos en 24 horas, sino sobre la necesidad de cumplir a cabalidad con lo primero que firmó la cuarta transformación: el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que hace unas semanas se presentaba como un gran logro para la economía mexicana.
Así el gobierno federal anunció la nueva normalidad y las fases de vuelta al trabajo. Contemplando en primer lugar el regreso al trabajo para el lunes 18 de mayo en la industria automotriz, minera y de la construcción. Más de dos millones de trabajadores vuelen a laborar en medio del pico de la pandemia.
La CIT frente a la nueva normalidad
En este marco, el senador del Morena, Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero y dirigente de la Confederación Internacional del Trabajo, venía evidenciando las problemáticas que se tenían en las minas, siderúrgicas y metalúrgicas y la irresponsabilidad que implicaba mantenerlas abiertas.
Napoleón afirmó que estas industrias eran consideradas no esenciales, pero esto no tuvo un correlato en una posición firme del Sindicato Minero para cerrar sus centros de trabajo.
Con el anuncio del gobierno federal, la central oficialista acompañó el giro de esta política. Napoleón lanzó un llamado a las autoridades laborales para que el reinició fuese con estricto apego a las medidas sanitarias y a “privilegiar” la salud y la vida de los trabajadores.
Así mismo llamó a los sindicatos a que mediante las comisiones de higiene y seguridad se exigieran los insumos necesarios a las fábricas que abran y se limitó a hacer un comentario asegurando México no debía aceptar presiones de ninguna índole para poner en marcha sectores no esenciales.
Por su parte la Confederación Internacional de Trabajadores anunció la publicación de un manual de “Medidas para prevenir los riesgos de contagio por COVID.19 en los centros de trabajo” con recomendaciones por fuera de la realidad que se nos presenta a los trabajadores, como dejar un asiento vacío entre pasajeros del metro o conservar dos metros de distancia en los centros de trabajo, sobre todo en horarios de cambio de turno.
Es difícil justificar una decisión política que tiene como principal criterio asegurar la reactivación de las fábricas para evitar pérdidas millonarias para las grandes trasnacionales de la industria automotriz y minera – dónde el 95% de las minas son de empresas extranjeras- y no la salud de los trabajadores.
¿Sus ganancias o nuestras vidas?
Napoleón Gómez Urrutia apuesta por un modelo sindical que proteja a los trabajadores sobre los estrechos márgenes de conciliar con los empresarios, un balance que regularmente cuelga artificialmente gracias a las direcciones sindicales y no tanto por gracia de las patronales. Pero ese “equilibrio” no puede seguir siendo disimulado en medio de la aguda crisis económica mundial, donde los empresarios no están dispuestos a partir el pan y compartirlo con los trabajadores.
Prueba de ello es que los empresarios nacionales empujan a que seamos nosotros quienes paguemos la crisis: a la fecha hay 700 mil despidos y recortes salariales en miles de centros de trabajo, muertes en la maquila que se cuentan por decenas en las ciudades maquileras como Ciudad Juárez o Mexicali, en las minas y fabricas autopartistas y en los Call Center como el caso del compañero Rodolfo Huvy.
Así mismo han exigido que el país se endeude con el Fondo Monetario internacional y se le otorguen facilidades fiscales con tal de evitar pérdidas mayores de sus grandes fortunas.
Pese a propuestas como la regulación del outsourcing y no la abolición de ese modelo de subcontratación o la propuesta de bonos para los despedidos, Napoleón y la dirección de la CIT no van más allá de lo que el gobierno plantea.
Es cierto que el gobierno tomo medidas que causaron rispidez con un sector del empresariado nacional, aunque en lo esencial sostiene acuerdos con otros sectores como Slim o el propio Salinas Pliego. Estas medidas fueron evidenciar a las empresas que estaban siendo despedidas, a las que debían impuestos y quienes no acataban el cierre de sus centros de trabajo, medidas que se mostraron insuficientes para detener la voracidad empresarial y su convencimiento de preservar sus ganancias a costa de nuestras vidas.
Esto refleja en primer lugar la necesidad de la independencia política de nuestros sindicatos respecto al gobierno de Morena y los partidos del congreso. Es fundamental sobre la base del rol estratégico y el enorme peso que tiene el Sindicato Minero, que rompa la tregua con los empresarios y exija la legislación o decreto de la prohibición a los despidos y licencias con goce de sueldo al 100% para todos los trabajadores no esenciales.
Si la industria automotriz quiere regresar a trabajar, debe ser sobre la base de la reconversión de su producción, bajo control obrero, para satisfacer la demanda de ventiladores sin lucro por parte de los empresarios.
Para enfrentar la pandemia es necesario que se imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas de los principales multimillonarios del país, como Germán Larrea, dueño de Grupo México y responsable de la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, un empresario que amaso una fortuna de 11 mil millones de dólares a costa de las vidas mineras.
Este dinero debe ser usado para fortalecer el sector salud, además de que tanto el sector público y privado de salud, debe ser centralizado bajo control de los trabajadores para garantizar atención gratuita para todos los que lo necesiten en medio de la pandemia.
Solo tocando el bolsillo de los empresarios podemos garantizar la salud de millones de trabajadores y sectores populares ¡nuestras vidas valen más que sus ganancias!
