Una comisión fue instalada el miércoles de la semana pasada a pedido de los diputados de la derecha en defensa de los terratenientes. El gobierno de Lula se opuso al derecho a la lucha por la tierra.
Jueves 4 de mayo de 2023 01:27
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, abrió el miércoles de la semana pasada una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) contra el Movimiento Sin Tierra (MST) a pedido de la derecha, ligada a la bancada ruralista. El exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro Ricardo Salles y el Teniente Coronel Zuco serían parte integrante de es comisión.
No hay duda de que la instalación de esta Comisión parlamentaria es una ofensiva organizada por los sectores del agronegocio, bolsonaristas y de la derecha para defender los intereses del agronegocio brasileño contra el Movimiento Sin Tierra.
Se trata de una de estos sectores al llamado "Abril Rojo", una serie de acciones coordinadas por el MST en 19 estados brasileños, donde miembros del movimiento ocuparon algunas tierras improductivas, un total de 14 haciendas, 12 en la región Nordeste (10 en Pernambuco y 2 en Bahia), movilizando unos 20.000 trabajadores Sin Tierra y asentando más de 3.000 familias. El “Abril Rojo" es una jornada de movilización que incluye ocupaciones de tierras, vigilias, marchas y acciones de solidaridad de los movimientos sociales en la lucha por la tierra en el campo, que se realiza todos los años en memoria de los trabajadores rurales asesinados por la policía militar en la Masacre de Eldorado dos Carajás, en 1996.
El Frente Parlamentario Agropecuario, junto con el Instituto Pensar Agropecuária, un think tank financiado directamente por entidades como la Asociación Brasileña de Agronegocios (Abag), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja), la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y la Federación de la Industria del Estado de São Paulo (Fiesp), inició una campaña contra "Abril Rojo" en las redes sociales y pidió la prisión preventiva de Pedro Stedile, dirigente nacional del MST.
Este sector reaccionario que se enriquece con el trabajo similar al esclavo, el acaparamiento de tierras y el asesinato y robo de tierras de trabajadores rurales, indígenas y descendientes de esclavos, ganó mucha fuerza bajo el gobierno de Bolsonaro que permitió, con el apoyo de los militares, un avance extraordinario del agronegocio brasileño. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, de 2018 a 2021 se registraron 4.214 conflictos rurales en relación a los tres años previos, sumando un total de 109 muertos.
La crisis humanitaria de los pueblos Yanamomi, así como el brutal asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira -un periodista británico y un experto indigenista asesinados a mediados del año pasado- son expresiones del discurso racista y reaccionario de Bolsonaro, que decía que "no demarcaría ningún centímetro de tierra indígena". En la práctica eso se traduho en un aumento del 60 % en la deforestación de la selva amazónica, la masacre y asesinato de pueblos originarios, descendientes de esclavos y activistas, en favor de la minería ilegal y el agronegocio.
Actualmente es exactamente este sector favorecido por esta política bolsonarista el que quiere perseguir políticamente a los movimientos sociales en la lucha por la tierra y que están detrás de la CPI del MST. Es absurdo que los grandes terratenientes y las oligarquías regionales, cuyas manos están manchadas de sangre indígena, quieran atacar la lucha por el derecho a la tierra.
Pero es aún más absurdo que representantes de esos intereses integren el gobierno Lula-Alckmin. Ni bien comenzaron las acciones del “Abril Rojo”, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, que apoyó a Bolsonaro y está vinculado al agronegocio, condenó las acciones en nombre del gobierno Lula, comparándolas con los actos golpistas del 8 de enero. En un evento en Brasilia durante las movilizaciones del MST con extitulares de la cartera de Agricultura del gobierno de Bolsonaro, dijo que "la invasión de tierras no puede ser concebible y es tan grave como invadir el Congreso Nacional" y debe ser "repelida en el rigor de la ley".
La crítica del gobierno Lula-Alckmin a las invasiones de tierras improductivas por parte del MST es la expresión de que este gobierno también ha incorporado al agronegocio, en la medida en que no sólo hace tiempo que eliminó de su programa la reforma agraria, sino también de que cualquier expresión de lucha efectiva por la tierra será combatida por el Frente Amplio. Hay que decir, de paso, que los dos primeros gobiernos de Lula no avanzaron ni un centímetro en ese sentido, al contrario, el boom de las commodities de los años 2000 potenció el agronegocio brasileño.
Si observamos, por ejemplo, las invasiones de “Abril Rojo” en el Nordeste, podemos ver que en Pernambuco las acciones se concentraron en los ingenios azucareros de la región de Mata Norte, sector históricamente vinculado a las oligarquías Arraes y Campos, aliadas de Lula en la región. Lo mismo pasa en el “Sertão”, zona semiárida del noreste brasileño, especialmente en tierras de Embrapa y Codevasf, la región es controlada por la familia Coelho, aliada de la gobernadora Raquel Lyra en el estado, también apoyada por Lula.
En Bahía, las invasiones se concentraron en las plantaciones de eucaliptos de Suzano Papel e Celulose, empresa cuyo presidente, Walter Schalka, apoyó abiertamente al gobierno de Lula-Alckmin. También vale la pena recordar que Suzano tiene un historial de invasiones de tierras en Bahía, con el consentimiento del gobernador del PT que gobierna el estado desde hace años y que autorizó a la policía militar a reprimir a los Sin Tierra asentados en estas recientes ocupaciones del MST.
No es de extrañar que el gobierno Lula-Alckmin condenara rápidamente las ocupaciones de tierras, oponiéndose al derecho a luchar por la tierra, porque las acciones se concentran en una región donde Lula cuenta con importantes aliados, ya sea en el agronegocio o en las oligarquías regionales.
La crisis entre Lula y el agronegocio escaló hasta el punto de que el ministro de Agricultura Carlos Favaro fue desinvitado de la ceremonia de apertura de Agrishow, el mayor evento de tecnología agrícola de América Latina. Con la apertura de la CPI del MST y la reintegración de las tierras, el agronegocio también dio marcha atrás y canceló el acto de apertura para no agravar aún más las fricciones con el gobierno.
Para suavizar la relación con el MST, Lula reemplazó siete jefaturas del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) por aliados del MST, también les prometió un lugar en el "Conselhão" y prometió el anuncio de un "plan de emergencia para la reforma agraria" en los próximos días, que consiste en destinar tierras ya expropiadas en el gobierno de Bolsonaro a familias sin tierra, sin tocar los intereses del agronegocio, manteniendo intactos los latifundios productivos e improductivos.
Por otro lado, a medida que el propio MST se fue institucionalizando y sirviendo como punto de apoyo para los gobiernos de conciliación de clases del PT en el sector rural, sus acciones también fueron disminuyendo. Según el coordinador nacional del MST, João Paulo Rodrigues, en una entrevista concedida al diario Folha el año pasado, "el MST ya no es el mismo de hace 30 años”. En el primer año del gobierno de Lula invadieron 270 latifundios, en el gobierno de Bolsonaro sólo 14. Ahora el MST se centra en la preservación del medio ambiente, la producción de alimentos y la educación en el campo, la agenda de la lucha por la tierra, renunciando a la lucha por una reforma agraria radical.
De lo que se trata aquí es precisamente de denunciar que la conciliación del PT con sectores empresariales y del agronegocio no favorecerá la lucha por la tierra, al contrario, la crisis abierta entre el gobierno y el agronegocio ha dejado en claro que Lula favorecerá a sus aliados regionales y lo más que puede ofrecer a los sin tierra es un pedazo de tierra aquí y allá, cargos institucionales y represión si vuelven a invadir latifundios improductivos.
El MST, que dirige varios asentamientos y tiene capacidad para movilizar a amplios sectores de trabajadores rurales en todo Brasil, también se ha convertido en un freno para la movilización de los trabajadores rurales por la tierra, adaptándose a la política conciliadora del PT.
Para enfrentar a las oligarquías regionales y al agronegocio, es necesaria una lucha independiente de las patronales y de los gobiernos por una reforma agraria radical que expropie el agronegocio, tanto el latifundio productivo como el improductivo. También será necesario que el gobierno federal estimule la producción de las familias rurales y de los medianos productores, ofreciendo todo tipo de maquinarias e insumos necesarios para la producción, para que puedan producir y abastecer no sólo el campo, sino también la ciudad. Además, también es necesaria la expropiación de la gran industria alimentaria, para que la producción de alimentos no se oriente a enriquecer a los capitalistas mientras los trabajadores son lanzados a la inseguridad alimentaria y mueren de hambre.
