La “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) auto aprobó este lunes extender su funcionamiento hasta finales de diciembre de 2020, en un nuevo decreto que sustituye la anterior resolución de agosto de 2017 que establecía su vigencia por al menos dos años. ¿Qué objetivos persigue el gobierno de Maduro con la extensión de su funcionamiento?
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Miércoles 22 de mayo de 2019 08:03
El anuncio estuvo a cargo de Diosdado Cabello, quien funge como presidente del organismo compuesto únicamente por los leales a Maduro: "(Se) decreta establecer la vigencia del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la nación (...) al menos hasta el día 31 de diciembre de 2020”.
Con el decreto, la vigencia de la Asamblea Constituyente se extiende un año y cinco meses más, debido a que su instalación fue el 4 de agosto de 2017. La política del partido del gobierno en dicha ANC fue realizada por Pedro Carreño con el argumento de "defender al pueblo", pero donde más bien es para defender a toda la casta gobernante, que ha sido el papel que ha venido cumpliendo.
El ahora ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, también se encargó de dejar claro que la Asamblea trabajará "hasta que cumpla su función", e incluso sostuvo que si para el 31 de diciembre del 2020 no ha cumplido con “la reorganización del Estado, entonces seguirá trabajando”. En otras palabras, una existencia indefinida y totalmente acomodaticia hasta que consideren funcional y útil a sus intereses gubernamentales que nada tienen que ver con la “defensa del pueblo”.
Es de recordar que la ANC se instaló en agosto de 2017 con 545 miembros, todos leales a Maduro, cuya función principal supuestamente es redactar una nueva constitución, de la cual, hasta el momento, no se conocen detalles a casi dos años de haberse instalado.
Pero la realidad es que Maduro, como hemos explicado al detalle en innumerables artículos, se hizo erigir una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que se autodeclaró plenipotenciaria y supraconstitucional, recurriendo a los métodos más irregulares posibles, que incluso no llegó ni a tolerar a sectores del ahora llamado “chavismo disidente”. Nadie sabe con cuántos votos se eligió cada diputado constituyente, solamente se anunció un número total de votantes que nadie pudo auditar y por tanto nada creíble.
En verdad, en lugar de un verdadero poder constituyente, que pudiese expresar la voluntad popular en disputa contra el poder constituido, aquí se trató de todo lo contrario, la farsa estuvo armada para un reforzamiento brutal del poder constituido, un instrumento a disposición de las camarillas bonapartistas gobernantes.
Fue un mecanismo perverso para prescindir en los hechos de un poder legislativo que le surgió adverso producto de una derrota electoral en el 2015, y recurriendo justamente a las más intrincadas maniobras de la burocracia, controlando además el resto de los poderes del Estado, y siendo sustentado neurálgicamente por las Fuerzas Armadas, avanzándose a una fase que podríamos llamar supraparlamentaria de su bonapartismo. Todo esto en el marco de la existencia de un estado de excepción permanente.
Esta fue la solución bonapartista del gobierno a la pérdida de apoyo popular y la aguda crisis de poderes abierta con la determinación de la oposición de derecha de sacarlo del poder. Desde 2016 cuando se instala la nueva AN, esta declara como objetivo salir de Maduro en pocos meses, iniciándose un período de enfrentamiento entre los poderes y crisis política que tuvo su máxima expresión en las movilizaciones “destituyentes” de mediados de 2017, cuyo detonante fue el intento del gobierno de hacerse con los poderes del Legislativo mediante las sentencias 155 y 156 el TSJ.
El gobierno necesitaba mantener las apariencias, por eso es que creó de la noche a la mañana una "Asamblea Constituyente", supuestamente para contar con una especie de legislativo, solo que supraconstitucional, es decir, a gusto y placer del propio gobierno, “haciéndose” con “un poder legislativo”, vía la imposición, y atribuyéndose “plenos poderes”.
En tal sentido, la vida de este instrumento de poder “constituyente” se lo da el propio poder “constituido”: la burocracia gobernante. De esa manera ha venido cumpliendo órdenes que emanan de las camarillas gobernantes, estableciendo “leyes” de un plumazo y entre gallos y medianoche, que incluso están por encima de la propia Constitución.
Con ello se allanó el camino para buscar tener algún tipo de fachada “democrática”, luego de años de haber declarado en “desacato” a la Asamblea Nacional. Con esta “Constituyente” “plenipotenciaria” anuló por la vía de los hechos al parlamento, comenzó a regimentar y “legislar” no sólo para mayores entregas del país, como la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, para solo poner un ejemplo, sino hasta para la realización de elecciones a gobernadores y municipales a mejor conveniencia y poder garantizarse mayorías en las mismas.
A través de esta “Constituyente” se ha decidido qué partido es legal o no, impidiendo la participación electoral tanto de partidos de la oposición de derecha como del propio chavismo crítico o disidente, diseñando elecciones a la medida, estableciendo normas que supuestamente correspondían al Consejo Nacional Electoral (CNE), otra institución dócil del régimen, al igual que lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Así se preparó el camino para anticipar en más de seis meses las elecciones presidenciales, aprovechando también el peor momento de la oposición de derecha luego del fracaso de su arremetida contra el gobierno en el 2017 y que contaban con todo el arco de apoyo del derechismo continental y del imperialismo. Se trataba de unas elecciones amañadas donde prácticamente el régimen decidía qué candidato se podía presentar o no.
El día escogido para la prolongación de la vigencia de la “Constituyente” no fue casual. Justamente, el lunes 20 de mayo el gobierno festejaba su año de haber sido “reelecto por el pueblo”, vía todos los mecanismos antes señalados. E incluso haciendo nuevos anuncios de propuestas electorales adelantados, en este caso, precisamente del Legislativo.
Por eso es probable también que tal vigencia sea extendida por el tiempo indicado, y como señaló Aristóbulo, una fecha que podría extenderse, hasta que se haga de un poder legislativo más afín.De allí que ese mismo díaMaduro “propusiera” adelantar las elecciones legislativas, previstas para 2020. “Tengo una propuesta hoy 20 de mayo a las oposiciones: vamos a medirnos electoralmente (...) vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)” dijo Maduro.
Pero es completamente claro que tal extensión de la vida de la “Constituyente” es para que la burocracia gobernante pueda continuar con sus medidas políticas cuando le sea necesario violentar la propia Constitución que ellos mismos crearon, para poder aplicarlas.
Creer en el discurso del gobierno de que es para “defender al pueblo” de los “ataques de la derecha”, es caer en una trampa. Este instrumento no tomó ninguna medida económica progresiva ni favorable al pueblo, mientras la catástrofe social azota al pueblo trabajador, esa instancia no jugó ningún papel progresivo ni en ese terreno ni en el político, al contrario, existe simultáneamente a cuando el gobierno ha desarrollado los más duros ataques contra los trabajadores y sectores populares, y cuando ha fortalecido su respuesta represiva ante el descontento.
Lo que los trabajadores necesitan en estos tiempos de agresión imperialista, tentativas golpistas, y el brutal ataque a que son sometidos por las políticas antiobreras del gobierno de Maduro, es la mayor libertad de organización, de expresión y ninguna ley que criminalice sus protestas, para luchar por sus intereses fundamentales, y no la existencia permanente de instrumentos como esta fraudulenta “Constituyente” funcional a las camarillas gobernantes.
