El fallo reconoce la terrible situación que se vive en las cárceles y comisarias de la provincia.
Viernes 14 de mayo de 2021 15:01
La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió este viernes la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento que se vive en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof.
Y dictamina que la Corte Suprema bonaerense es responsable de la sistemática violación a los derechos humanos que sufren las personas que se encuentran privadas de su libertad. Además reconoció que el encierro en destacamentos policiales "no es adecuado" más aún en lugares que habían sido clausurados por orden judicial, por no contar con los requerimientos básicos, algo que denunció reiteradamente la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La sentencia responde al recurso de apelación y de queja presentado por el Consejo de Defensores de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Suprema Corte bonaerense que cerraba la instancia de control de ejecución del fallo Verbitsky, que tiene 16 años y sigue sin cumplirse.
A partir de 2012, la cantidad de personas que son alojadas en distintas comisarías de la provincia aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre del año pasado.
Este fallo es un llamado de atención a la justicia bonaerense que no toma ninguna medida seria para cambiar las condiciones inhumanas que se viven en las cárceles y comisarías. Y aseguró que por el contrario, la sobrepoblación carcelaria continúa aumentando.
En ese sentido, señala expresamente las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “las personas alojadas en dependencias policiales [de la provincia de Buenos Aires] se encuentran en grave riesgo para su vida e integridad personal a la vista de que tales recintos son centros establecidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención”.
La decisión de la corte vuelve a dejar al desnudo la crisis humanitaria que padecen todas aquellas personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Pero también se deja ver, la falta de respuestas políticas y judiciales para revertir esta situación de la que son los principales responsables.
