Horacio Etchichury, abogado y docente de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba analiza los fallos recientes de la Corte Suprema y la escalada represiva en Jujuy.
Martes 23 de agosto de 2016
La Izquierda Diario habló con Horacio Etchichury, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sobre la Corte y sus fallos recientes. También sobre la represión en Jujuy y el Encuentro Nacional del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) en esa provincia.
¿Qué piensa acerca del reciente fallo de la Corte Suprema sobre los aumentos al gas del gobierno nacional?
Primero veamos los aspectos positivos. Lo más importante: se frenó una medida del Gobierno que amenazaba el acceso de muchas personas a la energía necesaria para la vida cotidiana. Los aumentos quedaron sin efecto incluso retroactivamente. La Corte afirma que, sin audiencias públicas previas, el cambio de tarifas es ilegal. Si bien esas audiencias no fijan pautas obligatorias para el Gobierno, la Corte establece que debe respetarse el principio de gradualidad en los cambios y los aumentos no deben resultar confiscatorios. En otras palabras, el pago del gas no debe quitarle a los hogares una parte importante de su ingreso. El Estado debe garantizar el acceso universal a los servicios públicos, según la Corte. Más interesante todavía: el fallo sostiene que contar con servicios para la calefacción y la cocción de alimentos forma parte del derecho constitucional a la vivienda digna, consagrado tanto en el artículo 14 bis como en el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado internacional que tiene el mismo rango que nuestra Constitución.
No podemos obviar, por otro lado, los rasgos negativos y preocupantes que aparecen en la decisión. Uno es que la Corte admite que la producción de gas es una actividad “desregulada”, librada a las fuerzas del mercado, invocando leyes anteriores a la reforma constitucional de 1994, promulgadas por el dictador Onganía y por el presidente Menem, más allá de que hoy la producción esté regulada por razones de “emergencia” en virtud de un decreto firmado por Néstor Kirchner en 2004. Resulta contradictorio que, luego de afirmar que el acceso al servicio de gas es parte de un derecho humano, se admita que su precio se defina por la oferta y demanda en un mercado atravesado por la desigualdad.
El punto quizá más objetable del fallo es que la Corte limitó el efecto de su decisión a los usuarios “residenciales” de gas. Esto es, los aumentos siguen vigentes en muchos otros casos, incluyendo -por ejemplo- fábricas recuperadas, clubes y entidades barriales, organizaciones sociales, universidades y centros culturales, entre otros. Y el fallo no ofrece buenas razones para trazar una distinción entre usuarios residenciales y no residenciales. Se limita a decir que mientras que los usuarios residenciales sí podrían tener problemas para acceder a la justicia, eso no puede pensarse para el resto. Por eso el fallo se restringe al primer grupo de usuarios; los demás deberán llevar adelante su propio amparo.
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Esto va contra el texto del artículo 43 de la Constitución: allí se reconoce el derecho de asociaciones a interponer amparos para proteger derechos de usuarios y consumidores y derechos de incidencia colectiva. No está fijado como requisito la dificultad de tal o cual grupo para llegar a los estrados judiciales. Quizá la Corte adoptó este límite para debilitar el impacto político y económico del fallo. Si así fuera, resultaría inaceptable: un tribunal no debe incorporar el cálculo táctico si su deber es resolver según el derecho. Resulta indudable, sin embargo, que en este caso la enorme reacción popular contra el tarifazo llevó a la Corte a intentar un fallo que se apartara de las expectativas del Gobierno, aunque sin defraudarlas totalmente.
Ahora, para justificar este recorte en los efectos de la decisión, la Corte utiliza argumentos que hacia el futuro pueden terminar frustrando las posibilidades que abre el artículo 43, como vía para proteger los derechos cuando los afectados son grandes grupos, o la población entera. La única vía será, entonces, intentar acciones judiciales por grupos más reducidos, lo que puede resultar muy difícil cuando se trate, por ejemplo, de la defensa de derechos sociales, laborales o ambientales.
Lamentablemente, la Corte ha mostrado en lo que va del año una vocación restrictiva hacia los derechos sociales. En junio pasado, por ejemplo, convalidó el despido de un trabajador por participar en acciones de protesta en su lugar de trabajo. Para hacerlo, la Corte estableció que la huelga sólo puede ser legalmente decretada por un sindicato, y no por grupos de trabajadores. A mi juicio, el tribunal no fundamentó correctamente su postura, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de huelga sin limitarlo a los sindicatos. Este es un precedente muy peligroso: deja sin protección legal las acciones de resistencia o protesta surgidas desde abajo, por fuera de conducciones sindicales cuya representatividad hace tiempo está cuestionada. Dado el contexto económico actual, estas protestas continuarán multiplicándose.
Ver también: Lecturas del fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga
Ayer firmó un petitorio por la libertad de Milagro Sala, presa en Jujuy. La provincia está viviendo múltiples ataques a los DDHH. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Como mucha gente, sigo con preocupación las noticias sobre la situación en Jujuy. En febrero pasado firmé, junto a otras cuarenta personas, un hábeas corpus presentado en la Justicia Federal de Córdoba pidiendo la libertad de Milagro Sala. Luego he acompañado distintos petitorios, como el que encabezaron la semana pasada más de cien rectores y decanos de universidades públicas, hasta este último, con la esperanza de ayudar, aunque sea mínimamente, a fortalecer esa demanda de libertad, ese reclamo llevado adelante por organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales.
Creo que existen razones jurídicas muy concretas, empezando por el principio de inocencia, para que Milagro Sala no esté privada de su libertad mientras se investigan las acusaciones que hasta ahora, al menos en mi conocimiento, no han podido comprobarse. Y, por otro lado, la prisión de una dirigente social de base es una señal muy peligrosa para el conjunto de las organizaciones que, dentro y fuera de Jujuy, luchan por la vigencia plena de todos los derechos humanos, en particular de los derechos a la tierra, a la vivienda digna, a trabajar, a tener salud y educación, o a alimentarse.
El caso de Milagro Sala es importante y merece toda nuestra atención, con total independencia de las opiniones que pueda haber sobre su pensamiento político o su forma de encarar la acción colectiva. El objetivo central es lograr su libertad, es impedir que esto sirva de precedente.
Sin embargo, no es el único caso en Jujuy. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el CEPRODH y otros organismos de derechos humanos han denunciado en los últimos meses muchas otras prácticas sumamente alarmantes, tales como la represión a obreros de Ledesma, las detenciones de dirigentes sindicales locales o el despido masivo de empleados públicos, incluyendo a Natalia Morales, ex candidata a gobernadora por el PTS. Son apenas un muestrario de hechos que debemos impugnar también desde el derecho para revertirlos en Jujuy y para evitar que se conviertan en la regla para todo el país.
Por eso mismo, el CeProDH organiza un Encuentro Nacional en septiembre en Jujuy, para visibilizar y ayudar a resistir. Les hacemos extensiva la invitación.
Me parece una excelente iniciativa para contribuir a que los hechos de Jujuy estén en la agenda pública y para acompañar a quienes están concretamente sufriendo los ataques a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ojalá la demanda popular haga comprender a las autoridades de la provincia que deben respetar todos los derechos de cada persona que vive en Jujuy, sin discriminaciones raciales, económicas, políticas o sociales. Fue y es un objetivo para toda la Argentina; y ahora Jujuy es urgente.
