Con una medida cautelar, Eugenio Semino buscará que el Poder Judicial revierta la decisión de Alberto Fernández de suspender la ley de Movilidad Jubilatoria. Alerta sobre el peligro de los fondos de Anses y 79 cajas profesionales.
Lunes 17 de febrero de 2020 20:37
El titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dio una conferencia de prensa donde brindó detalles de la medida cautelar con adhesión colectiva que presentará en los próximos días, buscando que Poder Judicial suspenda la aplicación del decreto que anunció el gobierno de Alberto Fernández la semana pasada en torno al ajuste sobre las jubilaciones.
Como se sabe, el viernes pasado el Gobierno nacional concretó a través de un decreto la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria y un aumento de haberes para el sector con una modalidad que, en los hechos, configura un ajuste con el que el Estado se “ahorraría” alrededor de $ 8.500 millones en tres meses.
El rechazo al ajuste a los jubilados que cobran más de $ 16.200 debe ser el punto de partida para un planteo de fondo frente a un sistema en el que el 70 % de los adultos mayores cobra por debajo de la canasta. La “solidaridad” que se propone entre los adultos mayores de muy malos ingresos es para no tocarle un pelo, por ejemplo, a los bancos que ganaron millones en 2019. Solo a partir de plan de desconocimiento soberano de la deuda, afectando a los bancos, a las cerealeras y los terratenientes se podría garantizar que todos los jubilados cobren la canasta de la tercera edad.
Para Semino, la medida oficial en torno al aumento discrecional y arbitrario de las jubilaciones y pensiones “vulnera derechos adquiridos” y, pese a los cambios de gobiernos y colores políticos, configura una continuidad de “una práctica habitual del Estado argentino” de “pagarles menos” a los jubilados.
“En los próximos días presentaremos una medida cautelar para dejar sin efecto el decreto”, dijo Semino a los medios y advirtió que si no tiene la respuesta esperada en una primera instancia judicial irá por un “per sáltum a la Corte Suprema de Justicia”.
El defensor de la Tercera Edad informó que la medida cautelar la presentará junto al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero esperarán a que el decreto en cuestión sea publicado en el Boletín Oficial para conocer todos los detalles de la medida.
El argumento de la Defensoría para presentar el recurso judicial es que la iniciativa se encuadra “en la regresión del derecho del adulto mayor”, toda vez que la ley de Movilidad Jubilatoria “surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis” de la propia Constitución Nacional.
“Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de $ 20.000 o $ 30.000 con el que recibe $ 14.000”, graficó Semino. “Esa gente hizo aportes para hoy cobrar lo que cobra” y, de no tener en cuenta eso, “se rompe el criterio de proporcionalidad y equidad”, agregó.
En la medida cautelar que presentarán desde la Defensoría, a la que podrán adherir las jubiladas y los jubilados que así lo deseen, se remarcará por un lado que “había ya un efecto de una ley, que quedó suspendida, y que había generado derechos”; y por otro que el Estado, al suspender la ley de Movilidad Jubilatoria con la sanción de la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, incurrió en una acción a todas luces inconstitucional.
“Hay una cantidad de jubilados que pierden en relación a la fórmula de $ 18.000, hay una merma, por lo que, muy claramente, se encuadra en la regresión del derecho del adulto mayor” y esa “regresividad no es admitida desde la Constitución”, explicó Semino.
Respecto a la propuesta de sumar a las jubiladas y los jubilados que así lo deseen, Semino informó que, mientras esperan conocer los detalles del decreto, desde este lunes se abrió una “actuación colectiva para adhiera el que quiera”, aclarando que “la adhesión no implica que el jubilado no pueda hacer juicio por su parte”. A tales efectos, la Defensoría de la Tercera Edad atiende de 9 a 18 horas en la Avenida Belgrano 673 de la Ciudad de Buenos Aires (teléfono 011-4338- 4900; e-mail [email protected])
La presentación tendrá como apoyo los tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como el pacto de San José de Costa Rica y, en particular, al protocolo de El Salvador, respecto a la “intangibilidad” de los haberes de los adultos mayores. A su vez apelará a fallos de la Corte Suprema y a la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos del adulto mayor.
En ese marco, la Defensoría de la Tercera Edad también alerta sobre los efectos nocivos para miles de jubiladas y jubilados que tendrían las negociaciones sobre la reprogramación de la deuda externa, ya que hay muchos títulos públicos que integran los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y más de 80 cajas previsionales profesionales.
