Educación. El modelo mercantil en crisis: ¿Qué hacer con la Educación para ricos y para pobres?

El contexto de pandemia mostró de manera muy aguda las profundas contradicciones existentes en el actual modelo educativo de mercado, instalado desde la Dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores, fundado sobre la base de la desigualdad del acceso del conjunto de la población a una educación de calidad.

Esto se expresó en primer lugar en el propio texto constitucional de 1980, donde se señala que “los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos y corresponderá al Estado la protección del ejercicio de este derecho” [1], es decir, el Estado no garantiza el derecho a la Educación, sino que traspasa la responsabilidad a los padres y sus posibilidades económicas, las cuales varían mucho en la población. Se establece que la educación básica es obligatoria y que el Estado debe financiar un sistema gratuito para garantizar acceso, mientras que se asegura la libertad a montar diversos proyectos educativos sin otra limitación que no sea la moral o la seguridad pública.

Esto abrió la puerta a todo un negocio donde los privados ganaron millones a costa de horas no lectivas impagas donde el profesorado trabajaba en sus hogares, y sobre todo, por recibir los dineros de las subvenciones del Estado. El concepto de subvención representa alrededor del 60% del presupuesto total de Educación (62% el 2003 [2], 57% para el 2022 [3] disminuido porque la NEP [4] tiene un financiamiento aparte) que se reparte sin embargo entre establecimientos públicos y privados, representando estos últimos el 60% del total [5], mostrando que en Chile la mayor parte del presupuesto de Educación va a parar a manos privadas lo que hace que sea un negocio muy rentable. Mientras tanto, los establecimientos públicos son condenados a competir por recursos exigiéndoles resultados, casi imposibles de lograr si se les niega los recursos para ello.

A esto se suman las matrículas y mensualidades de los apoderados, el llamado copago, generando un mercado propio donde las familias debían pagar por acceder a una educación de calidad originando en la práctica una educación para ricos y otra para pobres. Los resultados de las pruebas estandarizadas como las pruebas de selección universitarias y el SIMCE mostraron durante años esta situación, y sin ir más lejos, las diferencias entre el SIMCE 2017 y 2018 [6] arrojaron que existe una brecha importante entre el grupo socioeconómico alto y el bajo de 51 puntos en Lenguaje y 74 en Matemáticas. Por otro lado, según un análisis realizado por el propio Mineduc en 2018 [7], en 10 años la brecha entre el sector socioeconómico alto y bajo disminuyó de 63 a 53 puntos en Lenguaje, mientras se mantuvo alrededor de los 70 puntos en Matemáticas, siendo todavía una diferencia importante que muestra que las diferencias de clase en Educación son completamente reales.

La Pandemia y la agudización de las diferencias sociales.

La emergencia sanitaria de los últimos años fue un golpe a las familias trabajadoras, pues el 66,1% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tuvieron una disminución de ingresos respecto del periodo anterior a la pandemia, asociada directamente al hecho de que en un 30,3% de los hogares con niños, niñas y adolescentes hubo al menos un integrante que perdió el empleo, y en un 7,7% este empleo fue suspendido [8]. En consecuencia, la pobreza aumentó un 2,2% respecto del 2017, llegando a la cifra de 10,8% [9], por lo que el 2020 cerró con 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Chile en situación de pobreza según los datos recopilados en el 2020 por el Observatorio Niñez y Adolescencia [10], lo que se condice con el aumento de los campamentos en Chile, más de 41 mil familias según un estudio realizado por la Fundación TECHO-Chile [11].

Esto tuvo una importante repercusión en el ámbito educativo, pues las políticas del Mineduc encabezadas por el ex ministro Figueroa terminaron exacerbando las diferencias sociales al enfocarse en campañas de vuelta a la presencialidad (a pesar de la alta tasa de contagios informadas por el Minsal) por un valor de más de 570 millones de pesos mientras que la modalidad telemática, decretada por el mismo Ministerio, quedó completamente abandonada a su suerte transformándose en un verdadero filtro de clases.

Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 29% de los escolares no tuvo acceso a un computador en su vivienda y el 13% no tuvo ningún tipo de acceso a internet, concentrándose en los escolares del primer quintil de ingresos donde el 68% habitaba una vivienda con carencias y no contaba con acceso a internet y/o a un computador, mientras que en los escolares del quinto quintil la cifra es de un 10% en la misma dimensión [12]. Esto se vio reflejado luego en que el ausentismo escolar pasó de 2,2 en 2017 a 4,4 en 2020 y que se concentró en hogares de los dos primeros quintiles de ingreso, con 5,6% y 5,8% para el quintil 1 y quintil 2 respectivamente, siendo especialmente afectados niñas y niños entre 4 y 5 años, que es cuando son menos autónomos en su aprendizaje. También marcó diferencias según establecimientos educacionales, siendo los más afectados los estudiantes matriculados en establecimientos municipales (38,1%), en comparación a los matriculados en establecimientos particulares subvencionados (22,6%) y particulares pagados (7,7%), a lo que se suma la deserción escolar, donde hasta el año 2020 en Chile existían más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar, mientras que otros 39.498 niños y niñas no se matricularon en ningún establecimiento el año 2021, concentrándose en establecimientos municipales o dependientes de servicios locales, es decir, públicos (7,2%), frente a los particular subvencionados (4,5%) que muestran que los principales afectados fueron en realidad aquellos con menos recursos [13].

Una Educación que responda a los intereses de la mayoría trabajadora.

Como hemos visto hasta aquí, el sistema educativo ha respondido principalmente a los intereses de grandes empresarios que no ven en ella más que un nicho de negocio a costa de las necesidades de miles de familias trabajadoras, y ese es el modelo que hoy está en crisis, pues a pesar de la demagogia que reza que sus problemas estructurales se acaban con mayor financiamiento, lo cierto es que la tajada más grande se la seguirán llevando los empresarios que se llevan al bolsillo la subvención de 6 de cada 10 colegios que reciben financiamiento estatal.

Este es el verdadero problema de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que fueron creados principalmente para separar los recursos de Educación de la administración municipal que utiliza sus facultades autoritarias para distribuirlos según sus propios intereses [14]. Sin embargo ni termina con la lógica de competencia por recursos, ya que aplica las mismas exigencias de resultados, ni tampoco con el autoritarismo en la toma de decisiones, pues distribuye los recursos y las dotaciones según su propio criterio, que es el rendimiento empresarial, generando con ello despidos, salarios y cotizaciones impagas e incluso fusión de cursos con tal de ahorrar recursos, principios que también se mantienen en el actual borrador [15] constitucional adornado de frases grandilocuentes tales como “justicia social”, “inclusión”, “cooperación” o “interculturalidad” que quedan totalmente vacías sin mecanismos concretos que las garanticen.

Es necesario acabar con las subvenciones a privados para que esos recursos puedan ser utilizados en fortalecer una educación pública en la forma de un financiamiento permanente que permita ir mejorando su calidad sin verse limitados por los recursos, al tiempo que se ingresa al sistema público, sin indemnizaciones, a todo establecimiento que sea cerrado por sus dueños, con el objeto de garantizar a las y los estudiantes el derecho a educarse y a las y los trabajadores su fuente laboral, donde sean las comunidades educativas (trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados) y sus respectivas comunidades locales, las que decidan democráticamente la distribución de estos recursos de acuerdo a sus necesidades comunales, laborales y pedagógicas.

Desde Nuestra Clase creemos que estos son los pilares fundamentales para la construcción de un nuevo Sistema Nacional de Educación de acceso universal y gratuito, que garantice un aprendizaje continuo de la sala cuna a la educación superior, de carácter público, democrático, laico, no sexista e intercultural, que sea coordinado nacionalmente y permita potenciar los proyectos pedagógicos que democráticamente decidan las comunidades escolares, donde sea posible otra forma de enseñanza haciendo especial énfasis en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia como sujetos, implementando evaluaciones formativas y colaborativas para terminar con la competencia, el punitivismo y preponderancia del resultado por sobre el proceso tanto en el quehacer pedagógico como en la entrega de recursos, con un mayor seguimiento y personalización de la enseñanza para un aprendizaje adecuado y pertinente reduciendo los cursos a 20 estudiantes, y que al mismo tiempo garantice la estabilidad laboral para los trabajadores de la educación, la contratación de más trabajadores y profesionales de educación y la salud, especialmente mental, que permitan el cumplimiento de demandas sentidas como la equivalencia de 50/50 horas lectivas y no lectivas.

Te invitamos a luchar con nosotros, organizados desde las comunidades educativas y las organizaciones de las y los trabajadores de la Educación, de apoderados y del movimiento estudiantil, para terminar con la educación de mercado cuya crisis necesita una respuesta urgente y estructural, por esta perspectiva política y pedagógica donde la Educación sea un derecho garantizado y esté al servicio de las y los trabajadores y no de unos pocos.