El juez de la causa Edmundo Rabbione actualiza la carátula a "homicidio doblemente agravado" sin contemplar que se trató de un crimen de odio contra cuatro lesbianas. Un abordaje que se suma al discurso del Gobierno que busca negar la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual.
Miércoles 5 de junio 18:17
Agencia Presentes
Este lunes se procesó a Justo Fernando Barrientos por “Homicidio doblemente agravado” contra las tres víctimas Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Figueroa, caratulado el caso y a los agravantes por alevosía y peligro común. Pasando por alto la ley 26.791 que desde 2012 reconoce los crímenes de odio basados en la identidad de género y la orientación sexual.
Pese a que hay pruebas de que se trató de un crimen de odio, por las amenazas que recibían las víctimas constantemente por parte de Fernando Barrientos, quien las amenazó de muerte en varias ocasiones, según cuentan testigos y vecinos del albergue donde ocurrió este crimen de odio. Así la Justicia se suma al discurso oficialista que niega la violencia estructural contra las mujeres y personas LGBTIQ+. Una de las razones por la que en las movilizaciones se señala que el Estado es responsable de estos hechos.
Como asegura el proyecto que presentó la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda a días de que ocurriera el hecho, en el mes de mayo, al que los distintos bloques de los partidos políticos se sumaron, excepto el bloque de la LLA.
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación y repudio al ataque de odio del que fueron víctimas cuatro mujeres lesbianas en un hotel en el barrio de Barracas, producto del cual tres de ellas perdieron la vida, y exige el pronto esclarecimiento del caso”, dice la declaración.
“Es muy importante el repudio y la exigencia de Justicia para Pamela, para Roxana, para Andrea, porque estamos ante un crimen de odio, salvaje y brutal. Y señalar claramente que fue lesbicidio, no fue un problema de inseguridad en general”, declaraba Alejandrina Barry ante la aprobación del repudio.
Cuando los discursos de los ideólogos del poder, como el actual presidente de la Nación, se centran en deshumanizar, discriminar, y justificar que hay vidas que no valen nada, es donde se fundamenta el accionar de estos crímenes de odio, como este triple lesbicidio.
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En el caso de Sofía, una de las cuatro víctimas, y la única sobreviviente, la querella se encuentra a cargo de la abogada Gabriela Chiqui Conder, quien acompañó el caso de HIGUI. Llama la atención que la única calificación hacia el agresor en su caso es “Lesiones” declaró Conder a la Agencia Presentes.
Desde la asamblea de autoconvocadxs de Barracas, organizaciones LGBTIQ+, y activistas vienen exigiendo justicia, movilizándose, y difundiendo el caso, a pesar de la casi nula difusión de los grandes medios de comunicación.
La gravedad del caso se da en un contexto en el que el Gobierno de La Libertad Avanza promueve y divulga como política de Estado los discursos antifeministas y misóginos. Por eso fue distinto este 3J, donde la convocatoria levantó el reclamo por justicia ante este triple lesbicidio.
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Mañana 06/06/2004 a las 18hs, con motivo de cumplirse un mes, habrá una marcha desde la Plaza Colombia hasta la Plaza Quinquela Martin (Suárez 1534) convocada por Lesbianes autoconvocades con las consignas No es libertad es odio, fue lesbicidio, el Estado es responsable.
