La Fiscalía libró oficio a diez municipios pidiendo informes sobre las viviendas sociales, construidas por la Red de Organizaciones Sociales, entre los años 2007 y 2015.
Eduardo Hernández Diputado provincial Jujuy MC | @hehernandez2
Lunes 25 de julio de 2016
El día viernes pasado medios locales dieron a conocer que la Fiscal de Feria, Liliana Fernández de Montiel (reconocida durante la detención de Milagro Sala), notificó a jefes comunales para indagar sobre su participación y responsabilidad en la construcción de viviendas entre los años 2007 y 2015.
Los municipios a los que se les libró el mencionado pedido de informe son, entre otros, los de San Salvador de Jujuy (UCR-FCJ), Libertador General San Martín (UCR-FCJ), San Pedro de Jujuy (UCR-FCJ), Calilegua (PJ-FPV), Palpalá (UCR-FCJ), Perico(PJ-FPV), El Carmen (PJ-FPV), Monterrico (UCR-FCJ), Humahuaca (UCR-FCJ) y Pampa Blanca (UCR-FCJ).
Es de destacar que la mencionada notificación está relacionada con los 1.200 millones de pesos que el Ministerio de Infraestructura de la Nación envió a la Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.) para la construcción de viviendas en distintas localidades de la provincia y que eran ejecutadas por las cooperativas que formaban parte de la Red de Organizaciones Sociales.
Esta investigación forma parte de una de las causas por la que la diputada del Parlasur se encuentra detenida desde enero pasado y fueran imputados el ex gobernador Eduardo Fellner y su Ministro de Infraestructura, Luis Cosentini. El último imputado fue Raúl Noro, marido de la dirigente social, recientemente privado de su libertad.
La fiscal, en declaraciones a un periódico local manifestó "estamos investigando qué responsabilidad tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Veré hacia qué funcionarios dirijo la investigación y si le tomo declaración en calidad de imputados o testigos". Sin más aclaraciones.
Recordemos que a fines de abril, se conocía la imputación de funcionarios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por “fraude al estado” en directa relación a esta causa.
A fines de febrero un importante portal de noticias daba cuenta y mostraba a sus lectores imágenes de los cheques que había librado la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, bajo la administración del radical Raúl “Chuli” Jorge; estos habrían sido cobrados por miembros de la Red de Organizaciones Sociales.
Desde que el gobierno de Gerardo Morales y su vice, el massista Haquim, inició denuncias por malversación de fondos concentradas en las autoridades de la Tupac Amaru, no hubo ningún llamado por parte de la Justicia a los intendentes que firmaban los cheques para las cooperativas vinculadas con la construcción de viviendas.
En este caso con los intendentes, la Justicia actuó con suma celeridad; algo que no es de extrañar por parte de una casta judicial conformada por una mayoría radical y una minoría simple de jueces peronistas.
