Los socialistas proponen la vuelta a la conocida “Ley Corcuera” de 1992 y mantienen la esencia de la ley actual, mientras que el PNV propone modificar parcialmente algunos los puntos más polémicos.
Martes 19 de septiembre de 2017
La aprobación de la antidemocrática Ley Mordaza el año 2015 mostró el rostro más reaccionario y autoritario del Partido Popular, que se hizo valer de su mayoría absoluta para aprobarla en el Congreso y el Senado con la amplia oposición del resto de las fuerzas políticas y el rechazo absoluto de la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales en las calles.
Ahora, tres años después del brutal ataque a las libertades democráticas y a tan solo una semana del 1 de Octubre, esta ley volverá a ser debatida en el Congreso. Sin duda, su derogación le impondría un duro golpe al Gobierno de Rajoy, que ya se encuentra muy cuestionado por la ofensiva represiva frente al referéndum catalán.
Sin embargo, las pistas no nos conducen a pensar que esa sea la opción más probable. Entre las dos proposiciones de Ley admitidas a trámite este martes para transformar la vigente Ley de Seguridad Ciudadana se encuentran la del PSOE y la del PNV.
Los socialistas plantean de forma explícita la derogación, aunque paralelamente se apoya en el regreso a la conocida “Ley Corcuera” aprobada en 1992 y que ya fue muy criticada en su momento desde la izquierda y los sindicatos por atacar las libertades democráticas.
Mientras mantiene la esencia de la ley actual, recupera los peores elementos de la ley anterior: da manga ancha a la actividad represiva de la policía en casos de identificación ciudadana –en esto coincide con la del PNV- y ofrece la posibilidad de entrada y registro en domicilios privados de tal forma que estos puedan ser usados para desalojos ilegales. En base a este punto, la Ley Corcuera llegó a ser conocida como la "ley de la patada en la puerta".
Lo mismo ocurre con la intervención en la vía pública, la generalidad y confusión de la norma propuesta esconde su posible utilización para desalojar manifestaciones y acciones de protesta.
La propuesta del PNV, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos propone vagamente la ampliación del derecho a huelga pero sin especificar en qué consiste concretamente, al mismo tiempo que plantea de forma meramente retórica acabar con prácticas racistas como las devoluciones en caliente, pero sin incluirlo en la propuesta.
Ambas leyes mantienen el valor probatorio del testimonio de la policía. En definitiva, ambas propuestas siguen suponiendo un verdadero ataque a los derechos y libertades democráticas del conjunto de la población.
En tan solo tres años desde que se impuso la Ley Mordaza se ha procesado a miles de luchadores y luchadoras sociales. Hay que recordar el caso de Alfon, a los Titiriteros o la twittera Casandra, los casos más recientes y más sonados de una larga lista que cada día crece más.
Esta ley se ha convertido en la principal baza del Estado para enfrentar el derecho a la protesta, manifestación y libertad de expresión del conjunto de la clase trabajadora, las mujeres, la población inmigrante y la juventud.
Sólo con la movilización social en las calles en defensa de las libertades y los derechos democráticos es posible tumbar la Ley Mordaza y pelear por el desprocesamiento de todos los presos y presas por luchar.
