Actualidad. La ONU exige que el Gobierno anule el decreto que expulsa inmigrantes con antecedentes penales

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2017 que da vía libre a la expulsión de inmigrantes que tengan antecedentes penales, es desde todo punto de vista xenófobo. Será por eso que el candidato a vicepresidente de Macri, el peronista Miguel Ángel Pichetto, elogió ese decreto y puso el grito en el cielo cuando la Sala V en lo Contencioso Administrativo Federal, allá por fines de marzo del año pasado, lo declaró inconstitucional.

El Gobierno apeló y es la Corte Suprema la que debe ratificar (o no) ese fallo.

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Pero el Comité de Protección de Todos los Trabajadores migratorios y de sus familiares, dependiente de la ONU, luego de analizar varios de los casos de expulsión, emitió un informe con serias alertas hacia el Gobierno de Cambiemos: "El Comité expresa su profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″.

Luego de expresar esa preocupación exige al Estado argentino la revisión de la totalidad de los casos de expulsión, desde la firma del decreto, incluidos los que aún estén en estudio.

Precisamente cuando ese comité estaba reunido para analizar el estado de los derechos de los migrantes en el país, que Horacio García, director nacional de Migraciones, informó acerca de la decisión del Gobierno de permitir que regrese a la Argentina la enfermera Vanessa Gómez Cueva, de origen peruano y con más de 15 años viviendo aquí, que había sido expulsada en febrero de este año luego de cumplir una condena por portación de estupefacientes.

Vanessa fue deportada y obligada a dejar en Argentina a dos de sus hijos (que nacieron acá) y solamente después de una campaña internacional para que se le permita regresar, Macri dio marcha atrás y finalmente pudo volver y reunirse con todos sus hijos.

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Otra vez Pichetto protestó: “(...) ahora como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá, extraordinario”. Xenofobia reloaded.

Otro de los casos estudiados por el comité dependiente de la ONU fue el de Liz Moreta, de origen dominicano, casada y mamá de tres nenes. Hace 11 años salió de la cárcel, donde fue llevada también por delitos relacionados con estupefacientes. La causa ya está prescripta, pero gracias al decreto de Macri pueden expulsarla en cualquier momento.

Por eso el informe del comité de la ONU plantea su preocupación por los aspectos regresivos en materia de derechos que tiene el DNU, sobre todo en lo que a igualdad de trato y libertad de circulación se refiere.

A pesar de los pataleos xenófobos del candidato Pichetto y de que el gobierno de Macri se empeña en perseguir a los inmigrantes, la realidad habla de que por ejemplo, en las cárceles de nuestro país en 2017, de 85.300 personas detenidas, sólo 5.100 eran extranjeras. Entre los argentinos, 55 % estaba condenado y 45 % procesado. Entre los extranjeros, 40 % estaba condenado y 60 % procesado.

Estos datos son del propio Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano. Lo que pasa es que Cambiemos (pero tampoco el anterior Gobierno), nunca fue por los verdaderos delincuentes extranjeros: los grandes narcotraficantes o los usurpadores de tierras como los Benetton y los Lewis.

Otro alerta que plantea es por la situación que viven los trabajadores senegaleses y haitianos, además de las personas LGBTIQ. Todos ellos son víctimas constantes del abuso y represión por parte de la Policía.

Macri que siempre se sintió a gusto como cipayo de los países imperialistas, ahora es un organismo creado por esas mismas potencias que le advierte que se pasó de rosca con su racismo y xenofobia.