PODER JUDICIAL. La ONU pidió explicaciones a Macri sobre la manipulación del Poder Judicial

El Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, de la ONU elaboró una carta que fue entregada al representante permanente de la Argentina ante ese organismo, Carlos Foradori, con la recomendación de que sea elevada en forma urgente, al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie.

La carta, de 21 carillas, hace un recorrido por todas las irregularidades que fueron denunciadas a ese organismo internacional por una agrupación de judiciales de La Plata.

Si bien Garcìa Sayán se cuidó en el escrito de poner todo en potencial, de todos modos da cuenta de las muchas intervenciones, designaciones queriéndose saltear instancias, apretadas de jueces cuando sus fallos no se ajustaban a lo que el Gobierno necesitaba.

Es un sentir popular, basado en las experiencias de muchos que tuvieron que pasar por tribunales, en el sentido de los mismos fallos de los jueces, que la “Justicia independiente” no existe, que los gobiernos interfieren en los dictámenes de los magistrados y que hay jueces que por conveniencia están con el gobierno de turno o que por ideología fuerzan la letra.

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Pero también lo que se ve es que muchos jueces cobran fortunas, cuando se jubilan también. En la Corte Suprema cinco personas pueden dictar fallos que afectan la vida de millones, no los votó nadie, como a ningún juez y no son renovables en sus puestos. ¿No sería muchísimo más democrático que las sentencias las pueda emitir un jurado popular y no un solo hombre o mujer? Por algo en todas las encuestas el Poder Judicial el que está peor visto.

El saber popular entiende que a un gran empresario, millonario, le puede llegar a ir mucho mejor con el Poder Judicial, que a cualquier trabajador.

Esto pasa sobre todo si el reclamo es en forma individual. Por eso lo fallos a favor de las causas de derechos humanos, de derechos laborales, etc. cuando se consiguen, es por la persistencia de las movilizaciones y la lucha de quienes ven vulnerados sus derechos.

La falta de independencia de los poderes es una marca de nacimiento del Estado capitalista, aunque encubierta, a veces más o a veces menos velada.

Pero en este último tiempo fue demasiado alevosa: la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la del asesinato de Rafael Nahuel, que contenían un sinfín de irregularidades de parte de quienes les correspondía investigar a la Gendarmerìa, el procesamiento y encarcelamiento de luchadores populares, por el simple hecho de salir a movilizarse defendiendo sus derechos, como Daniel Ruiz preso un año por luchar contra la reforma previsional que miles enfrentaron en la calles.

Sin ir mas lejos, Comodoro Py, donde habitan los 12 jueces federales, es el símbolo de jueces, servicios, operadores políticos viendo para dónde sopla el viento de los gobiernos de turno. En un mismo lodo todos manoseados.

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La ONU, o mejor dicho el departamento que tiene de “Procedimientos Especiales” para ocuparse del monitoreo del funcionamiento de los Poderes Judiciales, ahora con el Gobierno en retirada, crisis económica que parió también una crisis política, pide explicaciones sobre varios temas.

Como en nuestro país ya empezó a hacer la Corte Suprema y muchos jueces y fiscales miembros de la “familia judicial”, las Naciones Unidas –ese organismo dirigido por los países centrales, sobre todo Estados Unidos, también tomó nota del cambio de gobierno.

Los temas sobre los que advierte y solicita informes son varios

Consejo de la Magistratura: el Gobierno con la mayoría en ese órgano encargado de la selección, suspensión y posibles remociones, está fuertemente sospechado de utilizar la comisión de Disciplina y Acusación para perseguir jueces cuyos fallos no eran funcionales a su política.

Además de designar jueces subrogantes de una forma no muy ajustada a la legislación vigente.

Designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Se trata de la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que en un primer momento fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia, saltándose toda la legislación que el mismo macrismo dice defender.

En su momento esto dio lugar a un escándalo político y el Gobierno tuvo que cumplir con los requisitos legales para esos nombramientos.

También nombra el “ataque a la Procuradora General de la Nación”. Se trata de Alejandra Gils Carbó, quien había sido puesta en ese cargo por Cristina Kirchner en su último gobierno. Durante muchos meses, apenas asumido Macri, hubo una suerte de “guerra” de alta intensidad judicial y mediática para forzar la renuncia de la ex procuradora (que terminó procesada, acusada de malversación de fondos).

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La carta nombra también “La manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino S.A. S/ Concurso Preventivo”. Recordemos que el Grupo Macri adquiere en 1997, la concesión del Correo Argentino, a través de SOCMA, cuyo gerente general era Macri.

Cuando en el 2003 se rescinde la concesión, el grupo de Macri debía U$S300 millones y en 2016 ofrece pagar 300 millones, pero de pesos (sin tener en cuenta intereses, mora, etc.). Una fiscal de la Procuraduría rechaza el acuerdo por ser tan perjudicial para el Estado.

Al año siguiente el fiscal Juan Pedro Zoni investiga para la Justicia Penal Federal, si se cometieron delitos en aquel acuerdo entre el Correo y el Estado, el resultado de esa investigación hace que el mismo Mauricio Macri termine imputado.

A Zoni que ya estaba investigando los libros contables del grupo Macri, se lo remueve de ese cargo y el Procurador interino Eduardo Casal, le asigna funciones menores. Los vericuetos de la casta judicial siempre busca salvar al poder de turno.

Estas son algunos de los temas sobre los que la carga del Relator de la ONU, pide explicaciones. Habrá que ver qué decide responder Macri y su gobierno. Teléfono también para Germán Garavano, el todavía ministro de Justicia.

Pareciera que con esto la ONU hace un guiño al próximo gobierno de Alberto Fernández. Y un gesto que habla de la necesidad de preservar las instituciones, al menos su imagen, frente a una franja de la población, cada vez más grande, que no se traga mucho el cuento de la “independencia de poderes”.