Las movilizaciones recientes contra la PSU- que recibieron la respuesta del gobierno de Piñera por medio de 34 querellas bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de dirigentes secundarios/as de la ACES- reabrieron el cuestionamiento a la educación de mercado.
Viernes 17 de enero de 2020
Ante las recientes movilizaciones contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el gobierno nuevamente ha respondido solo con represión y una campaña criminalizadora hacia la juventud que ha ido desde la imposición de leyes represivas- como la “ley antiprotestas”, llamada “ley antisaqueos”-, hasta una campaña del terror contra las y los estudiantes secundarios, donde autoridades como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha amenazado con prohibir que jóvenes rindan la PSU y puedan acceder a la educación superior.
Como mencionamos, lo de fondo de este debate y el por qué de la campaña criminalizadora del gobierno se relaciona con la discusión que abren las manifestaciones contra la PSU: la educación de mercado y la demanda histórica del movimiento estudiantil, como es la educación gratuita universal y el acceso irrestricto a las universidades. Es decir, la educación como un derecho garantizado y no un privilegio producto del negocio de empresarios.
La educación de mercado deja fuera de las universidades a miles de jóvenes cada año. De todas y todos los inscritos en la PSU, por lo menos el 60% queda fuera por no lograr alcanzar el puntaje establecido para ingresar a una carrera universitaria. De este modo, la cuestionada prueba es una de las herramientas principales de esta educación discriminatoria y segregadora, donde las y los jóvenes más perjudicados provienen de familias trabajadoras y más pobres.
El rechazo a esta prueba estandarizada encuentra eco en la gran mayoría de la población, que apoya las demandas históricas del movimiento estudiantil y que considera que la educación debería ser un derecho para todas y todos. No obstante, la educación es otro de los negocios heredados de la dictadura de Pinochet, que cada año entrega ganancias millonarias a empresarios.
Las y los jóvenes, quienes empezaron la revuelta cuestionando la carestía de la vida y el alza del pasaje en el Metro, que luego obtuvo el apoyo de la aplastante mayoría de la población, vuelven a poner en el debate nacional un problema estructural que genera que miles de personas no tengan acceso a la educación superior, mientras que otros miles quedan endeudados para toda la vida. Muestran, una vez más, la desigualdad que existe debido a esta sociedad de clases.
La PSU : El coladero de clase
Cada año alrededor de 300.000 estudiantes secundarios rinden la PSU, sin embargo, el sistema de admisión solo cuenta con poco más de 100.000 vacantes, es decir, para solo un tercio de todas y todos los jóvenes que tienen el anhelo de ingresar a la universidad. Como si se tratase de una distopía similar a los “Juegos del hambre”, 3 de cada 10 estudiantes que rinden la prueba no alcanzan el puntaje mínimo para poder ingresar a la universidad.
Sumado a lo anterior, este coladero no termina con haberla rendido y pasar los 450 puntos, desde ahí se abren distintas categorías que determinan a qué carrera y universidad ingresarás.
El 2018, 264.629 personas rindieron las pruebas obligatorias de matemáticas y lenguaje, sin embargo, solo el 30% logró ser admitido en alguna universidad. Por otro lado, de los 209 puntajes nacionales de ese año, 34 estudiantes egresaron de colegios particulares subvencionados; en el caso de los establecimientos municipales fueron 22 los alumnos que obtuvieron puntajes máximos; y en cuanto a los colegios particulares, si bien, solo un 11% de los que rindieron la prueba vienen de estas instituciones, fueron 153 puntajes nacionales de este sector.
Para ir más a fondo, del total de los postulantes, 108.000 venían de colegios municipales, de los cuales 32.000 quedaron seleccionados; si nos referimos a la educación particular subvencionada, de los 107.688 que dieron la prueba pasaron los puntajes 66.182 jóvenes; y en cuanto a los establecimientos privados, el 79% de los estudiantes egresados de estas instituciones logran ingresar a la universidad.
Retomemos las demandas históricas: educación gratuita universal, acceso irrestricto y por una universidad al servicio del pueblo trabajador y sectores populares
El 30% de los estudiantes que entran a la universidad desde los colegios municipales son justamente pertenecientes a los sectores más precarizados, a las familias trabajadoras que se las arreglan para llegar a fin de mes con el sueldo mínimo; son también los niños que son parte de los programas del sename, los que comen una vez al día el menú de la junaeb, o los que viven con sus padres, pero que por culpa de las extensas jornadas laborales tienen que dedicar tiempo después de la escuela a las tareas domésticas, o a trabajar.
Cuestionar la PSU como filtro de clase y proponerse derribarla, implica organizar una gran fuerza desde las y los estudiantes, desde sus organismos, como la Confech, ACES, Cones con un plan de lucha y movilizaciones, que congreguen también a las y los trabajadores de la educación, docentes y sus organizaciones como el Colegio de Profesores. Debemos retomar la pelea por conquistar las demandas históricas del movimiento estudiantil, como es la educación gratuita universal garantizada 100% por el Estado, el acceso irrestricto, la educación sexual sin la moral de la Iglesia y sus instituciones, y una educación al servicio del pueblo trabajador y sectores populares.
