Los concejales de los diferentes bloques votaron por unanimidad el pasado miércoles la emergencia en violencia de género, con grises respecto a su implementación y presupuesto.
Sábado 22 de abril de 2017
Foto: Radio Blue
La ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de la capital de la Provincia de Buenos Aires fue aprobada por unanimidad luego de varias idas y vueltas entre los concejales de los diferentes bloques y la resistencia por parte del oficialismo, frente al recrudecimiento de la violencia machista y los femicidios que provocaron movilizaciones multitudinarias en la ciudad reclamando al estado que tome todas las medidas necesarias para terminar con este flagelo. Es un paso que se reconozca, ¿Pero es la solución?
La declaración incluye algunas medidas a implementar como campañas de difusión masiva, crear una línea telefónica gratuita de información, asesoramiento jurídico gratuito, realizar monitoreos respecto de las restricciones perimetrales, entregar subsidios para mujeres víctimas de violencia, crear refugios, capacitar al personal municipal en la materia y descentralizar las políticas de genero e implementar el cupo laboral trans.
Esta medida está sujeta a la voluntad política del poder ejecutivo encabezado por Julio Garro, ya que no se especifica cómo se implementaría y no se asigna presupuesto específico para su ejecución, es decir por el momento solo una declaración de buenas intenciones.
La iniciativa fue impulsada por las concejales de los diferentes bloques luego del femicidio de Micaela, pero la situación de violencia sistemática que vivimos las mujeres no es una novedad. Desde hace años hay proyectos dando vueltas que nunca recibieron tratamiento en las comisiones pese al reclamo del movimiento de mujeres, y esto tiene que ver con que ni para el gobierno de Bruera (FpV), ni para el actual gobierno de Julio Garro (Cambiemos) combatir seriamente la violencia patriarcal es su prioridad.
Los femicidios –esa última expresión letal del machismo perpetrado por un hombre contra una mujer a la que considera un objeto de su propiedad, para disponer de su vida y su muerte- son sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres que se origina en las sociedades de clases y se legitima y reproduce permanentemente desde el Estado y sus instituciones, la jerarquía de la Iglesia y sus políticos aliados, y los medios masivos de comunicación, que perpetúan los mandatos sociales de la subordinación de las mujeres y mantienen un régimen social que también se alimenta de esta opresión.
Desde el PTS en el FIT hemos presentado en el año 2015 a nivel nacional un proyecto de ley que contempla de manera integral medidas mínimas y transitorias para mitigar tantos padecimientos. Este Plan de Emergencia Nacional contra la violencia hacia las mujeres no ha sido debatido en las comisiones legislativas y tanto el FPV-PJ como Cambiemos se han negado a tratarlo.
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Es fundamental redoblar la lucha y organizarnos de manera independiente del Estado y los gobiernos para que esta declaración trascienda más allá de los papeles y seguir avanzando en la pelea por #NiUnaMenos. Sin embargo, para terminar con todos los padecimientos que sufrimos las mujeres es necesario acabar con este régimen social y organizar una fuerza de miles de toda la clase explotada y sectores oprimidos en su conjunto.
