POLITICA. La Plata: la disputa de fondo entre el Gobierno y el Pata Medina de la UOCRA

Foto: El cronista

Al cierre de esta edición, Juan Pablo "Pata" Medina, líder de la UOCRA-La Plata, se entregaba a la policía. Mientras tanto, la justicia allanaba la sede gremial de la calle 44 que, horas antes, había sido escenario para una jornada de piquetes y tensión. Allí, en pleno centro platense, Medina se atrincheró durante horas, tratando de resistir la detención que finalmente se concretó por la noche, en las inmediaciones de su casa en Punta Lara.

La Fiscal Federal de Quilmes, Silvia Cavallo, le imputa a Medina el cargo de extorsión contra el Estado nacional: sostiene que el dirigente y los suyos entraron a los tiros y paralizaron un obrador que trabaja para la electrificación del Ferrocarril Roca. Según el sindicato, los albañiles solo reclamaban por condiciones laborales y jamás paralizaron la obra.

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Ante la orden de detención, afiliados de la UOCRA rodearon el establecimiento donde su líder permanecía atrincherado. “Si vienen a reprimir, no tengo dudas que va a haber respuesta de la gente”, declaró Medina en diálogo con Reynaldo Sietecase, por Radio con Vos, al tiempo que denunciaba su imputación como "netamente política”. “Macri les dijo a todos (los miembros del gabinete): yo quiero que el Pata Medina vaya preso”, fustigó el dirigente.

El caso representa, hasta ahora, la medida más audaz de Cambiemos en la construcción de su relato "contra las mafias", sean policiales, políticas o, como en este caso, sindicales. El gobierno nacional, así como el de Vidal, busca mostrarse como una fuerza que lucha contra las "mafias sindicales" y personajes como Medina parecieran facilitarle la faena. El hecho de que un aliado para intervenir la UOCRA de La Plata sea Gerardo Martínez, que supo cumplir funciones en el batallón 601 durante la dictadura militar, no parece perturbar la propaganda oficialista.

La obra pública (y las elecciones) en el centro de la tormenta

El relato "contra las mafias" no es el unico elemento del affair Medina que Cambiemos busca capitalizar electoralmente. El caso tiene como trasfondo la obra pública en la provincia de Buenos Aires, el principal caballito de batalla del oficialismo para la campaña hacia Octubre. La gobernadora María Eugenia Vidal viene tratando de avanzar en mayores recortes a los costos laborales, imponiendo condiciones aún más precarias a un trabajo que, de por sí, ya es inseguro y mal remunerado. De ahí que uno de los argumentos para detener a Medina sea el de asociar la “paralización de las obras” al delito de extorsión: un discurso de doble filo que hoy se utiliza contra un cuestionado dirigente pero que podría ser utilizado contra cualquier protesta o huelga.

Del otro lado del mostrador, Medina -que supo liderar una de las facciones sindicales que se enfrentaron a los tiros en aquella batalla de San Vicente en 2006- busca imponer sus condiciones en el manejo de la obra pública. Éstas no son precisamente mejoras para los albañiles sino, más bien, mejoras para los negocios de la UOCRA. En medio de esta pelea, cada mañana cientos de albañiles se congregan en la sede sindical en busca de trabajo. Según el periodista de Info Gremiales, Jorge Duarte, son los lugartenientes de Medina los que deciden, a dedo, quién trabaja y quién no.

La disputa de fondo: cambiar la relación de fuerzas

Más allá del relato, e incluso más allá de la obra pública, hay una disputa de fondo que se enmarca en la ofensiva del gobierno nacional contra los sindicatos y, en particular, contra aquellos que sean “menos dóciles”. Por eso ya hay cuatro gremios intervenidos para poner conducciones más amigables con el oficialismo (SIVENDIA, SOMU, FEIA y vigiladores privados).

En su objetivo estratégico de cambiar la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, imponiendo nuevas condiciones de ajuste, flexibilización y precarización (reforma laboral mediante), el macrismo necesita limitar el poder de movilización que preservan los sindicatos argentinos. A pesar de sus direcciones, los sindicatos siguen siendo organizaciones claves de una clase trabajadora que, apenas se le da la oportunidad, puede paralizar el país en huelgas contundentes o movilizaciones masivas. Esto es lo que buscan atacar.

Para este objetivo, el gobierno elige golpear al movimiento obrero por su eslabón más débil: conducciones sindicales corruptas y de vocación entreguista, que no solo son condenadas por la opinión pública en general sino por sus “representados” en particular. Dirigentes eternos, que manejan a discreción los fondos de las obras sociales y se rehúsan a defender a los trabajadores ante despidos y suspensiones, son el enemigo público que eligió el macrismo y, también, una “pesada herencia” que dejó el kirchnerismo sobre las espaldas de la clase obrera.

Cada ataque del gobierno a dirigentes como el Pata Medina tiene el objetivo de fondo de atacar a los trabajadores y desguazar sus organizaciones, para que no puedan defenderse ante empresarios que intentan avanzar sobre conquistas históricas. La única forma de que dirigentes corruptos como Medina sean echados de forma progresiva es si lo hacen los propios trabajadores y trabajadoras que sufren tanto los ataques del gobierno como la arbitrariedad y entrega de sus conducciones sindicales.

En esta perspectiva se inscribe el importante encuentro de agrupaciones clasistas que se realizó el fin de semana pasado en el Hotel Bauen, impulsado por los referentes de las luchas de PepsiCo, Zanon, Kraft, Lear y Donnelley, junto a representantes de más de sesenta sindicatos de todo el país, entre los que se cuentan cientos de militantes obreros del PTS, uno de los integrantes del Frente de Izquierda encabezado por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman.

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