Hoy la ONG Casa María Pueblo abrirá las puertas de un nuevo hogar para mujeres en situación de violencia de género. En el 2013 cerró el único refugio municipal que funcionaba en La Plata.
Miércoles 7 de septiembre de 2016
El lunes pasado distintas organizaciones políticas y sindicales realizaron una manifestación frente a la Municipalidad de La Plata pidiendo que se reabra el único refugio municipal que funcionó en esa ciudad solo unos meses en 2013.
El Estado fue incapaz de derivar las partidas necesarias para asegurar su funcionamiento, pero no dudó en financiar la construcción de un hogar por parte de la ONG Casa María Pueblo.
Así lo corroboran los dichos de Darío Witt, presidente de esta ONG al asegurar que “el refugio se pudo construír gracias a fondos aportados por el Estado nacional, provincial, municipal, empresas del sector privado y del exterior”. Además confirmó que el inmueble donde se realiza la obra es una donación del Arzobispado de La Plata.
Es cierto que el inicio de la obra contó con la venia de la administración kirchnerista, pero no menos cierto es que el gobierno de Macri facilitó todos los medios que restaban para llegar a la inauguración de este nuevo refugio, que se abrirá hoy con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, según afirmó la propia ONG.
De acuerdo a las declaraciones de Witt, la obra pudo continuar gracias a la intervención de Evert Van Tooren, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que junto con su equipo de trabajo confiaron en la ONG Casa María Pueblo la construcción de este refugio modelo en el país y en Sudamérica.
La ONG Casa María Pueblo recibió 25 millones de pesos para este proyecto, sin embargo la construcción de los 36 nuevos hogares previstos en el Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres tendrá que soportar la larga espera de la aprobación del presupuesto por parte del Congreso.
Que el gobierno de Macri siga tercerizando o privatizando las tareas que le corresponden al Estado no es algo nuevo. Ya informamos en este medio que trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciaron ante la legislatura porteña que existe una [tendencia a aumentar la tercerización de servicios otorgando subsidios a organizaciones civiles en detrimento del presupuesto y consecuente desfinanciamiento de esta Dirección
Cerca de 70 trabajadoras de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad (DGMuj) asistieron a la Legislatura porteña para denunciar la situación crítica que está atravesando esa Dirección.
Un claro ejemplo es el caso de Margarita Barrientos y su fundación, situada en el barrio Los Piletones en Villa Soldati, que recibieron de Macri millones de pesos para obras dentro del barrio, incluído un Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, de cuya inauguración participaron los funcionarios macristas. Aunque cuidadosamente desde el gobierno de Cambiemos aseguren que todos los fondos provienen de capitales privados.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el único refugio que funciona en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones edilicias. Solo hay 33 trabajadoras para todas las tareas y turnos, solo tres son de planta permanente, el resto se reparten entre locación de servicio y fuera de convenio, con un promedio salarial de 8 mil pesos.
La Casa María Pueblo, no solo contó con el beneficio del gobierno, también pudo apoyarse en la iglesia Católica. Darío Witt conoció al padre Carlos Cajade y según sus palabras “fue militando junto a él que nació Casa María Pueblo”. Seguramente su notorio lazo con la iglesia fue el que facilitó que el Arzobispado de La Plata donara el inmueble en cuestión.
Esto que puede verse como un hecho desprendido y acorde a la “caridad cristiana” no es tan así. El año pasado la legislatura porteña le otorgó la cesión a la Iglesia Católica por 20 años de inmuebles de la Ciudad que suman casi 30.000 m2. En pocas palabras, más temprano que tarde, favor con favor se paga.
En un gobierno donde abundan los CEO, la tercerización de las tareas del Estado en manos de las ONG no es más que un acto de coherencia, que apunta directamente a transformar en un lapso breve, las políticas públicas en un negocio más. Esta decisión política no hace más que aumentar la vulnerabilidad de las mujeres pobres que no tienen alternativas cuando deciden enfrentar la violencia machista.
