LAS MARCAS DE LA GORRA. La Policía Bonaerense y la historia del gatillo fácil

“Primero disparo, después pregunto” solía repetir en los años 30 Victor Fernández Bazán, un policía de la Federal muy respetado por todas las fuerzas -entre ellas la Bonaerense- por su anticomunismo feroz. En 1936 “hizo desaparecer” a tres militantes anarquistas de los que no se supo prácticamente nada hasta hoy. El famoso agente fue premiado once años más tarde por Juan Domingo Perón que lo nombró subjefe de la PFA, como cuenta el escritor Osvaldo Soriano.

El gatillo fácil o mejor dicho la ejecución de personas en forma extrajudicial por decisión de un uniformado, que puede o no incluir armas de fuego, ya era frecuente en esta época aunque no se llamaba así sino que era conocida como “Ley Bazán”. Se usaba para perseguir y disciplinar a opositores del presidente Justo, el de la Década Infame, sobre todo se apuntaba a los militantes anarquistas y comunistas en una clara muestra de persecución ideológica. Esto es importante porque eran años de levantamientos obreros a gran escala y el Estado pretendía frenarlos.

La aceptación informal de disparar a matar hizo que rápidamente la práctica se extendiera a las policías provinciales, pero muy poco salía a la luz. Recién 30 años más tarde Rodolfo Walsh se animó a denunciar esto. En 1968 escribió “La secta del gatillo alegre” donde se preguntó sobre la particular eficacia de la policía para asesinar. La crítica iba dirigida a los agentes de La Matanza pero le cabía a toda la fuerza: “una policía que según vimos el 1° de Mayo trata a manifestantes como si fueran ladrones, es posible que trate a los ladrones como si fueran condenados a muerte”.

Cuando ocurría esto gobernaba Onganía y las policías provinciales estaban bajo la tutela del Ejército y de la doctrina de Seguridad Nacional. El enemigo no era sólo el delincuente menor sino los trabajadores y estudiantes que empezaban a enfrentarse abiertamente a la dictadura.

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Las ejecuciones en la vía pública se hacían pasar por enfrentamientos. Se plantaban pruebas como revólveres al lado los cuerpos o se falseaban testimonios frente a jueces que fueron un apoyo incondicional para los policías que o quedaban impunes o en el mejor de los casos eran catalogados como simple abuso de autoridad. Walsh nombró varios de estos casos inventados en sus escritos.

Pero el gatillo fácil tal cual lo conocemos hoy surgió en la década de los 80. A diferencia de los casos anteriores, cambiaban los fines.

Si tuviera que hacer un “te lo resumo así nomás” de la época diría que la dictadura había dejado un desastre económico que Alfonsín continuó: destrucción de la industria y privatizaciones, devaluación de la moneda, inflación descontrolada y una deuda impagable. Y todo eso generó el crecimiento del desempleo y la pobreza.

Al mismo tiempo las Fuerzas de Seguridad se convirtieron en las favoritas de los gobiernos desde 1983 porque, si bien habían participado de la última dictadura, el rechazo social se lo había llevado puesto sólo a las Fuerzas Armadas. Por eso el Estado empezó a usar como brazo armado a las policías y a Gendarmería nacional para la represión interna y el control de la población.

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Fue en este clima que la Policía Bonaerense empezó a usar el gatillo fácil como método de control social preventivo en los barrios obreros y populares. Esto lo explica muy bien Carla Lacorte en su libro La Disciplina de las balas que es de lectura indispensable para quienes les interese profundizar sobre el tema.

La autora plantea que por control social se entiende a la fuerte presencia policial en algunas zonas del Conurbano, persiguiendo sobre todo a los jóvenes. Y por preventivo que se actúa supuestamente antes de realizarse el “delito”, incluyendo dentro de la misma categoría un robo menor, una revuelta o un levantamiento popular. Lo increíble es que también fue usado para amenazar a estos mismos pibes con el fin de cooptarlos y que roben para ellos.

Según Ricardo Ragendorfer entre 1983 y 1986 se registraron 53 casos de gatillo fácil pero fue la Masacre de Budge el hecho que hizo público el accionar policial.

César Aredes de 19 años, Agustín Olivera de 26 y Willy Argarañaz de 24 años fueron las víctimas de este caso y se convirtieron rápidamente en un símbolo de la lucha contra la violencia estatal en democracia. El 8 de mayo de 1987 estaban tomando una cerveza en una esquina del barrio cuando fueron acribillados por tres agentes de la Bonaerense que para zafar inventaron un enfrentamiento y plantaron armas. Mientras los cuerpos de César y Agustín quedaron desangrándose en la calle, a Willy malherido en la pierna lo cargaron en la camioneta y llegó al hospital con tres tiros en la frente.

¿Qué fue lo que volvió mediático este caso a diferencia de los otros? que los vecinos y familiares salieron a la calle a exigir justicia a pesar de haber sido amenazados por la fuerza. Aunque otra vez el poder judicial mantuvo la impunidad de los acusados porque cuando finalmente fueron condenados, luego de años de espera, se fugaron.

Como dice Carla Lacorte “si los 80 fueron los años del recrudecimiento del gatillo fácil, el devenir económico y político de los años 90 lo convirtieron en una práctica habitual y generalizada”. La mayoría de los casos iban a parar a la sección policial de los diarios y los únicos que denunciaban la situación eran las organizaciones antirrepresivas, como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y los partidos de izquierda. El caso Bulacio en 1991 fue un parteaguas y aunque la acusada era la Federal, todas las fuerzas quedaron expuestas.

Como en otros momentos de la historia se debatió sobre la necesidad de reformar a las policías para “adaptarlas a los tiempos democráticos”. En Buenos Aires gobernaba Eduardo Duhalde quien a fines de ese año, como parte de un reordenamiento de la Bonaerense, nombró como Jefe de la policía a Pedro Klodczyk. “El mejor jefe de la mejor policía del mundo” decía el dirigente peronista.

Pero muy rápido la palabra “mejor” fue reemplazada por “maldita”. En 1997 la Revista Noticias publicó una investigación sobre su gestión. Al aumento de gatillo facil se sumaba la organización del pequeño y del gran delito, la desaparición del estudiante Miguel Bru, acusaciones por el caso AMIA y la particiación en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

La responsabilidad histórica del peronismo en todo este entramado represivo es importante y amerita un debate profundo que no vamos a agotar acá pero hay que decir que gobernó la provincia -solo contando desde 1987- por veintiocho años seguidos. A Cafiero y Duhalde le siguieron Carlos Ruckauf, el gobernador que pedía “meta bala al delincuente” y Felipe Solá, el responsable político del asesinato de los piqueteros Maximiliano Kostecky y Dario Santillán en manos de la policía provincial.

Luego vino Scioli y un dato que a muchos incomoda. Si durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) CORREPI informó que hubo 3.175 gatillo fácil, casí la mitad de ellos se produjeron en la provincia de Buenos Aires. La llegada de María Eugenia Vidal no hizo más que agravar la situación continuando esta reestructuración que dejó una fuerza de 100.000 hombres y mujeres, mejor armada y más financiada.

Sin embargo, lejos de poder controlarla, la Bonaerense continuó teniendo altos niveles de autogobierno y fortaleció su alianza con los intendentes municipales para aumentar todavía más su poder territorial. Y como vimos cuando aumenta su poder, también aumentan los casos de gatillo fácil y esto es un problema de clase porque los que siempre salen perdiendo son los trabajadores y los sectores populares. Parafraseando a Hernán de Mala Fama, esta es una de “las marcas de la gorra”.

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Sin dudas la Pandemia y la crisis económica mundial empeoró todavía más este crudo panorama pero no es un problema exclusivo de Buenos Aires ni de Argentina. En Chile, Brasil, Ecuador, Francia y Estados Unidos la violencia estatal se expuso como pocas veces antes. En este último país, corazón del imperialismo, el asesinato de George Flyod a la vista de millones de personas vía streaming se convirtió en un emblema mundial contra la represión policial y el gatillo fácil. Incluso en las movilizaciones que se están llevando adelante desde hace meses, no sólo se está planteando reformar a la Policía, sino también disolverla. Algo novedoso y radical que lejos está de ser una utopía si esto es acompañado de una lucha más general por terminar con el sistema que esta institución defiende y sostiene, el capitalismo.

Si tenemos en cuenta que se confirmó que el cuerpo hallado hace algunos días es el de Facundo Astudillo Castro complicando cada vez más a la Bonaerense. Si sabemos además que hoy en Argentina cada 40 horas un joven es asesinado por un gatillo fácil y que el problema -lejos de ser “un mal policía” o simple “abuso de autoridad”- es una metodología represiva que cruza la historia argentina y de la Policía Bonaerense en particular y que muestra que en definitiva es una institución que es imposible reformar, ¿no es hora que abramos ese debate acá también?