COVID-19. La UAM violenta derechos laborales en medio de la pandemia

Después de aproximadamente un mes de ser anunciada la pandemia internacional, el Covid-19 llegó a México. Por medio del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fueron anunciadas las medidas básicas para el cuidado y protección de la salud.

Con esto, las escuelas de todo el país tomaron las medidas para evitar los contagios y propagación del virus, desde el nivel prescolar, básico, medio superior y superior, suspendiendo clases y labores en los centros educativos.

El TEC de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), fueron las primeras instituciones a nivel medio superior y superior en cancelar cualquier tipo de actividad para evitar contagios y riesgos a la salud, tanto de estudiantes como de personal administrativo que labora en esas instituciones, aunque lo segundo de manera parcial, según se fue evidenciando conforme pasaron los días.

Por otra parte, los funcionarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hicieron caso omiso de la advertencia y no acataron ni las medidas básicas para el cuidado y protección de la salud que fueron emitidas por el Gobierno Federal, exponiendo directamente a estudiantes y trabajadores de las diferentes unidades académicas de la UAM.

Emergencia nacional y los trabajadores de la UAM seguimos en la incertidumbre

Ahora bien, la Universidad emitió un comunicado el día 31 de marzo de 2020, firmado por el Dr. Eduardo A. Peñalosa Castro, en cual menciona que debido a la emergencia sanitaria y por fuerza mayor de la epidemia generada por el Covid-19, se suspenden de manera inmediata todas las actividades no esenciales en el sector público, privado y social, retomando dos puntos importantes de este comunicado:

• Debido a que las medidas son obligatorias y de ejecución inmediata, se suspenden las actividades académicas y administrativas del 30 de marzo al 30 de abril del 2020.
• La Rectoría General y las unidades universitarias han tomado acciones necesarias para asegurar la continuidad de las actividades que por su naturaleza no puedan suspenderse.

No fue sino hasta el 1 de abril que las autoridades de la universidad tomaron en cuenta las medidas emitidas en la conferencia del lunes 30 de marzo de este año.

Con la incertidumbre generada ante la propagación del virus y la nula respuesta de la universidad, hasta el día de ayer, la administración decide cerrar las unidades académicas, incluyendo la Rectoría General y las casas de cultura, pero siendo oportunistas ante la situación, decidieron que la vigilancia que se realizará será por diferentes empresas privadas.

La universidad, al contratar empresas de seguridad privada para que laboren dentro de las diferentes unidades académicas, atentan en contra del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente por el cual se rige el propio sindicato, generando también un desgaste a la propia autonomía que tiene esta casa de estudios.

La total negligencia de las autoridades, al no cerrar las unidades de esta casa de estudios en plena fase 2 de la contingencia ni otorgar permisos a todos los trabajadores, ha creado un gran descontento en algunos sectores de trabajadores de base de la institución, como lo es el departamento de vigilancia e intendencia, y más al tomar decisiones unilaterales para tratar de resolver el problema.

Por otro lado, Jorge Dorantes Silva, secretario general del SITUAM, también emitió un comunicado el 31 de marzo del año en curso, en el cual indica que las actividades se suspenden del día 30 de marzo al día 30 de abril de 2020, salvo algunas áreas indispensables como lo son los encargados de la nómina, vigilancia e intendencia, sin ninguna obligación de estar en las diferentes unidades académicas (minuto 3:07-3:31 del video del comunicado).

Pero las cosas fueron diferentes. El 1 de abril, las diferentes compañías de seguridad privada comenzaron a laborar dentro de las unidades académicas, creando gran desconcierto en los trabajadores afiliados al sindicato, violentando de esta manera el CCT vigente y la autonomía de la propia institución.

No sabemos con certeza si el Comité Ejecutivo (CE) electo ya tenía conocimiento de estos hechos, ya que se le comunicó al secretario general del SITUAM, pero hizo caso omiso a las quejas por parte de los trabajadores. De la misma manera, el Grupo Interno Coordinador (GIC) de la unidad Iztapalapa mencionó no conocer el caso, solo esperarían las instrucciones de Jorge Dorantes Silva, actual secretario general del SITUAM.

Es de notarse que la burocracia sindical sigue reinando en la representación sindical, claro ejemplo son los GIC´s de las unidades y el propio Comité Ejecutivo (CE) que se tiene en estos momentos, los cuales realizan pactos, convenios y acuerdos a espaldas de los trabajadores de base afiliados al sindicato.

En este caso, los funcionarios de la universidad, como lo son el rector y el secretario general, responden a un plan nacional de una política que sigue replicando la lógica neoliberal. Sabemos que ellos, como militantes priistas, siguen generando desconcierto en el ámbito laboral del país en conjunto con las políticas en materia laboral del actual presidente de la República.

No se sabe con certeza si la administración de la universidad, en contubernio con Jorge Dorantes Silva y las políticas anti-obreras implementadas por el Gobierno Federal, trata de desmantelar el CCT vigente, en sintonía con el duro ataque al sindicalismo universitario con la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones que están implementando como condición para rescatar las universidades en quiebra.

Para evitar lo anterior, es necesario pelear por la defensa del CCT vigente, la unión de los compañeros es importante en estos momentos. Recordemos que en días pasados la administración de la universidad también trató de que los trabajadores se cambiaran a nomina electrónica, con el afán de disminuir a los cajeros que laboran en las diferentes unidades.

Permanecer pasivos frente a la presencia de seguridad privada, abre la puerta a la profundización de los ataques a nuestras condiciones laborales, en especial para vigilantes, jardineros, auxiliares de intendencia y cajeros. Exigimos el respeto a la autonomía universitaria y al CCT vigente, así como la salida de empresas privadas de seguridad.

Llamamos a delegados y trabajadores de base a sumarse al repudio de estas actitudes de la universidad y a exigir al comité ejecutivo que se ponga al frente de la defensa del CCT.