A propósito de las declaraciones del legislador mendocino y la política de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
Lautaro Jimenez Docente y dirigente del PTS @LautaroJ_PTS
Jueves 5 de enero de 2017 16:07
El Diputado Nacional Luis Petri explicó en Canal 9 el proyecto nacional del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Allí dijo dos frases memorables, que ponen a las claras los alcances de la política punitiva de la UCR y Cambiemos, reconociendo que cuando se habla de estos menores se trata de "una personalidad en formación que todavía no está madura", y que hay que tener mucho cuidado "fundamentalmente porque hablamos de niños".
La UCR y Cambiemos, con el propio Mauricio Macri a la cabeza, están adelantando la campaña electoral en un intento de imponer una agenda reaccionaria en la opinión pública. Mientras la población padece la crisis económica, la desocupación y fenómenos aberrantes como la ola de femicidios que sacudió todo el año pasado. Luis Petri, ya viene siguiendo el ejemplo de Massa y Pichetto para importar la política de Donald Trump, cuando reclamó una ley para expulsar inmigrantes y ahora se alinea con Macri para buscar entre los menores a los responsables de los crímenes de la llamada inseguridad.
A Luis Petri no le mueve un pelo en el Congreso, que nuestra provincia sea la primera en el ránking nacional de pérdida de puestos de trabajo, tampoco que sea la primera en cantidad de femicidios por cantidad de habitantes. La UCR de Cornejo votó en contra de declarar la emergencia de género en la Legislatura provincial, y el propio Macri vetó la ley de emergencia laboral que en nuestra provincia el oficialismo se negó a tratar sobre tablas en febrero del año pasado. Pero el legislador no pierde oportunidad en los medios de comunicación, para tratar de instalar la idea de que los enemigos públicos de la sociedad se hallan entre los inmigrantes, los presos, o -insólitamente- entre los niños! Claro que, como el mismo Diputado Nacional reconoce, los menores acusados de cometer delitos alcanzan una cantidad ínfima. Claro que ningún menor de edad está al frente de las bandas del delito organizado, la liberación de zonas, el narcotráfico o la trata; por el contrario los menores se cuentan por miles entre sus víctimas. Pero la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad no sólo está destinada a la demagogia electoral a la que estamos acostumbrados. Sino también a criminalizar a la juventud, la principal víctima de la desocupación, la precarización laboral, la pobreza y la violencia institucional.
Sus recetas, muchas ya aplicadas en Mendoza, no han traído ninguna merma en la cantidad de delitos. Por el contrario, mientras las cárceles duplicaron su población en los últimos 15 años, los índices delictuales y de violencia crecen al ritmo del ajuste económico, los despidos, el cierre de programas educativos, deportivos y sociales, y el entrelazamiento de las bandas del delito organizado con el estado.
Petri intenta justificar la baja de la edad de imputabilidad en que la ley vigente es un decreto de la última dictadura militar y las garantías establecidas en la declaración internacional de los derechos del niño para aquellos menores acusados de cometer delitos. Oculta que fue la misma dictadura la que había bajado la edad de imputabilidad a los 14 años, derogado la Ley 14.394 de "protección de la infancia", sancionada por el gobierno peronista en 1954 que establecía en 16 años la edad de imputabilidad, dejando atrás el código penal de 1921 que la fijaba a los 14 años. Y que sólo meses antes de retirarse tuvo que volver a establecerla en 16 años. Petri desconoce además el principio de "no regresividad" en materia de derechos humanos que rige el derecho internacional, y quiere volver -sino a la baja de los comienzos de la dictadura de Videla- al código penal de 1921.
Desde el Frente de Izquierda rechazamos esta política de criminalización de la juventud, los inmigrantes y los pobres que pueblan las cárceles. Luchamos por un futuro para la juventud que no sea el de la segregación y el llenar las cárceles del millonario negocio de la "seguridad" de un estado que ampara delincuentes, sino el del derecho a la escuela, la universidad, el accedo al deporte y la cultura, y el acceso a un trabajo en blanco con jornadas laborales reducidas para poder continuar con sus estudios.
