HISTORIA DE LA CLASE OBRERA. La clase trabajadora y la lucha por el derecho a la vivienda

Antes del motín policial, Sergio Berni bramaba con gesto marcial que la toma de tierras era delito y que vulneraba el derecho a la propiedad privada. En la misma línea se pronunciaron luego Axel Kicillof y Sabina Frederic. Imposibilitados de continuar pagando un alquiler como producto de la enorme crisis social, económica y sanitaria que sacude a nuestro país y el mundo, los sectores más postergados de nuestra clase se han visto empujados a ocupar terrenos y levantar casillas precarias en lugares sin luz, sin agua potable, sin caminos y cloacas, librados a su suerte en la intemperie y amenazados con la represión.

Legalidad

Ciertamente la Constitución Nacional proclama que el acceso a la vivienda es un derecho en su artículo 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (…) el acceso a una vivienda digna”.

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Si los políticos de la burguesía respetaran sus propias leyes deberían concluir que la ilegalidad se manifiesta en el hecho de que a millones de personas se les niega el acceso a la vivienda. No solo a los que se ven obligados a lanzarse a las ocupaciones y constituir asentamientos, sino también a aquellos que deben sacrificar una parte de sus ingresos al pago de un alquiler cuyos valores se vuelven prohibitivos debido a la especulación inmobiliaria. También digamos que el mismo artículo reconoce el derecho al trabajo, la educación y la salud negado a amplios sectores sociales por los capitalistas.

Pero la realidad es que el acceso a la vivienda, como derecho constitucional, es impedido por otro derecho consagrado en la Constitución que es el derecho de propiedad: “Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Pese a que ambos son derechos consagrados vale decir que, para el régimen social imperante, y su personal político, la propiedad privada de la tierra es la que se impone sobre el derecho a la vivienda. En esto coinciden tanto la oposición derechista de Juntos por el Cambio y los funcionarios del gobierno nacional y provincial que se declaran “nacionales y populares”.

Derecho contra derecho

En estos días frente al problema del hábitat y las tomas de tierras, muchos han recordado con justeza que el acceso a la propiedad de la tierra en nuestro país se ha hecho sobre la base del despojo y la usurpación sobre los pueblos originarios. Desde la Ley de Enfiteusis proclamada por Bernardino Rivadavia en 1826, en adelante, la usurpación a sangre y fuego de la tierra por parte de la oligarquía terrateniente y el capital especulativo ha sido la constante. Las conquistas de aquellos actos de saqueo fueron reconocidas mediante leyes que coloca el sacrosanto derecho a la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, como en este caso, el derecho a la vivienda.

Al día de hoy el método de la usurpación y el despojo sigue siendo utilizado para extender la frontera sojera o establecer nichos de especulación inmobiliaria. La quema de humedales o los incendios provocados en la reserva ecológica en CABA, para tomar solo dos ejemplos responden a esta lógica. Sin embargo, mientras las tomas de terrenos del pueblo pobre y trabajador son amenazadas con la represión, las quemas de humedales o de los pulmones de aire urbano, no corren la misma suerte y se naturalizan como formas brutales de la acumulación capitalista.

El derecho y sus formas jurídicas, se impone por los criterios de clase y el Estado es el garante de dicha primacía de la clase capitalista. La propiedad privada que beneficia a una minoría social por sobre, o en detrimento, de las grandes mayorías populares es defendida no solo con las interpretaciones de las leyes sino, con la represión, con el uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado, desnudando en este acto su carácter de clase.

Legitimidad

Desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre, la conquista de un derecho implica una lucha, en este caso la ocupación de terrenos, y el establecimiento a partir de esa lucha, de relaciones de fuerza para imponer sus condiciones.

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El pensador alemán Walter Benjamín escribió al respecto: “ (…) la función de la violencia en la instauración del derecho siempre es doble: la instauración del derecho, ciertamente, aspira como fin (teniendo la violencia como medio) a aquello que se instaura precisamente en tanto que derecho; (…) La instauración del derecho es sin duda alguna instauración del poder y, por tanto, es un acto de manifestación inmediata de violencia. Y siendo la justicia el principio de toda instauración divina de un fin, el poder en cambio es el principio propio de toda mítica instauración del derecho.”

En la sociedad burguesa, donde la propiedad rige como derecho inalienable y posee el monopolio de la fuerza y el manejo de la justicia, arrancar un derecho mediante la lucha implica una disputa de poder, la creación de una soberanía fundada en la legitimidad del reclamo de las mayorías sociales explotadas por sobre la legalidad de las clases propietarias y su Estado.

Cuando la burguesía se siente amenazada de perder sus privilegios concede algo para contener y el Estado actúa regulando para acotar ese derecho conquistado dentro de los límites del régimen social. Mientras la burguesía recurre a la ley y a sus fuerzas auxiliares como fuente de legitimidad, el pueblo pobre y trabajador impone sus derechos a partir de la legitimidad que motoriza su fuerza.

Derecho a la ciudad

La crisis de la vivienda es un problema estructural de la Argentina capitalista que no fue resuelta en las últimas décadas ni por los gobiernos peronistas, que a lo más que llegaron fue a regular las ocupaciones de tierra pasadas para limitarlas espacialmente; ni por los gobiernos de la derecha que buscan avanzar sobre los derechos conquistados y los espacios urbanos donde se han instalado los barrios de emergencia donde conviven apiñadas decenas de miles de personas.

El geógrafo marxista David Harvey sostiene que “el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y con qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también pueden hacerlo los sin techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer, al tiempo que reconocemos, como decía Marx en El capital que ’entre derechos iguales lo que decide es la fuerza’. La definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por materializarlo. La ciudad tradicional ha muerto”.

El problema estructural del acceso a la vivienda, agravado en estos tiempos de crisis del capitalismo, está relacionado con la expulsión de los sectores populares de las grandes urbes y la ocupación de los mejores terrenos de la periferia para los emprendimientos inmobiliarios. La gran mayoría de los trabajadores son visitantes del centro metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual acceden a partir de pésimos y caros servicios de transporte para realizar su tarea laboral. La burguesía, custodiada por las fuerzas represivas del Estado, impone así su dominio sobre la ciudad.

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En este sentido cuando la clase obrera y las movilizaciones populares irrumpen en el centro del espacio público están proclamando su derecho a la ciudad, negado por el capital.

Unidad de los trabajadores

Tomado desde el punto de vista de la defensa de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo pobre, la proclamación del derecho a la vivienda es una demanda de clase, incluso desde el ángulo limitado de la lucha reivindicativa, ya que el cálculo del salario por el cual se reclama frente a las patronales deben incluir los gastos en alquiler, transporte y servicios como parte del precio de la fuerza de trabajo. Pero lo es, además, porque la defensa de los sectores más postergados ante los intentos represivos fortalece la unidad obrera y popular y debilitan las capacidades represivas del Estado capitalista que es una amenaza permanente para los derechos democráticos de conjunto de las grandes mayorías sociales.

El discurso reproducido por los grandes medios, replicado por la mayoría de la burocracia sindical entre los trabajadores, sobre mantener vagos, choriplaneros y “villeros” es el discurso de las patronales para dividir a la clase trabajadora entre quienes tienen la suerte de acceder a una vivienda y quienes fueron despojados incluso de ese derecho constitucional. Las bravuconadas de Berni y los alegatos a la ilegalidad de las ocupaciones por parte de los sectores progresistas del gobierno peronista, muestran que lejos de “combatir al capital”, su función es velar por sus intereses dividiendo a la clase trabajadora para que no despliegue todo el potencial de sus fuerzas. Contienen a los sectores más postergados e incluso reprimen a los sectores más combativos para velar por el orden social.

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La clase obrera ocupada tiene que ser solidaria con sus hermanos de clase, los sin techo, ya que los une la demanda común por el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad. No puede contentarse con reivindicar los centros de trabajo y producción corporativamente. Tiene que hacer propia la agenda de todos los movimientos sociales.

La lucha de clases para derrotar el intento de hacerle pagar los costos de la crisis a los trabajadores, las mujeres y la juventud y quebrar la resistencia de los capitalistas, tiene que poner en movimiento a los centros de trabajo y las barriadas y asentamientos populares. Tiene que poner en pie coordinadoras que unan a las comisiones internas, los sindicatos, movimientos sociales y populares en un torrente imparable. Reivindicar el derecho a la ciudad, a la vivienda, al transporte, a condiciones de hábitat y de medio ambiente, a la educación y la salud. A proclamar que la ciudad es obra y funciona gracias a los trabajadores; y que los usurpadores son aquellos que imponen el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vida.