Análisis. La consulta de revocación de mandato presidencial en México: apoyo y desilusión

Con movilización de los militantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), una campaña de meses, durante la cual pasaron casa por casa por barrios de todo el país, y en medio de una batalla sin cuartel entre el Poder ejecutivo, parte del gabinete del presidente López Obrador y de los gobernadores del Morena contra el Instituto Nacional Electoral (INE), vocero de una derecha airada, pero impotente, la consulta por la revocación de mandato se realizó.

La campaña incluyó un acto electoral importante realizado el viernes 8 de abril en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la movilización del voto duro del Morena tuvo lugar casi como una revancha -al menos en Ciudad de México, donde el partido del gobierno perdió varias alcaldías-, con campañas permanentes de gobernadores.

De manera interesada los medios de comunicación alineados con la derecha buscan comparar la participación en esta consulta con las elecciones intermedias de 2021, cuando se renovó el Congreso, se votaron 15 gubernaturas y unas 2 mil alcaldías, con 53% de participación de las personas inscriptas en el padrón electoral, más de 48 millones. Una comparación insostenible porque en los comicios donde se eligen cargos, aún cuando el voto no es obligatorio, la participación es mayor.

Así, incluso con los obstáculos que puso el INE -como la reducción en el despliegue de mesas para votar con la excusa de la reducción de presupuesto que se aplicó al instituto-, 14 millones 887.359 ciudadanos, 17.5% del total del padrón, participaron de la consulta, de los cuales 91.1% votó a favor de que siga el Gobierno. Diez puntos encima de la participación de la consulta sobre el juicio a los expresidentes, que tuvo lugar en agosto de 2021.

De acuerdo con Jorge Galindo, columnista de El País, “el 40% mínimo de participación era inviable; un 33% habría sido un hito sin precedentes al repetir el voto presidencial de 2018; un 30% constituiría una muestra de fuerza tan abrumadora como indiscutible al arrastrar a todos los mexicanos que aprueban “mucho” la gestión del ejecutivo; un 25% sería igualmente extraordinario y mostraría que el agotamiento electoral es escaso; un 19% (el voto de Morena en 2021) habría resultado cuanto menos excelente; un 13%, más que aceptable; y un 7% establecía un mínimo pasable.”

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) -ambos de la derecha tradicional- y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) -creado como centroizquierda del régimen a fines de la década de 1980 y hoy casi al borde de la extinción- y los medios alineados con ellos se indignaron. Dijeron que la campaña del Morena fue un atentado contra las “instituciones democráticas”, que el gobierno tiene prácticas clientelares de conseguir participación a cambio de planes sociales. Berrinches seniles de quienes en nombre del neoliberalismo desplegaron prácticas similares cuando fueron gobierno.

Pero más allá de la "indignación" de los partidos patronales tradicionales, hubo denuncias de acarreo corporativo y una campaña abierta de funcionarios públicos para promover la consulta. Esto generó rechazo entre trabajadoras y trabajadores estatales que fueron forzados a llevar gente a votar y vieron, en el caso de los sindicalizados, cómo sus líderes charros la promovieron en sus sindicatos.

En un año electoral, cuando se renovarán las gubernaturas de seis estados -Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes, preludio de las presidenciales de 2024, la derecha tuvo su cuota de derrota política en esta consulta. Los partidos de la derecha tradicional no logran levantar cabeza y construir una imagen fuerte para los próximos comicios presidenciales.

La experiencia con el gobierno

Sin embargo, aún cuando el gobierno mantiene el apoyo de amplios sectores, sobre todo a partir de la concesión de distintos planes sociales, lo cierto es que en esta segunda parte del gobierno de López Obrador, otros sectores se han desilusionado. Y en parte se expresó en la amplia franja de la población que no acudió a las urnas, a pesar de la insistente campaña del Morena para fomentar la participación.

Como el movimiento de mujeres, que salió a manifestarse en todo el país el 8 de marzo, descalificado una y otra vez por el presidente López Obrador, los movimientos de oposición a megaproyectos, también maltratados por el gobierno o los trabajadores de Cultura de la Ciudad de México, dejados en la calle porque esta administración continuó y profundizó la precarización laboral impuesta desde los gobiernos del PAN y del PRI en el Estado.

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Estas experiencias pueden multiplicarse en el marco de la reaccionaria política antimigrante ordenada desde Washington, o el creciente protagonismo brindado al Ejército, con la asignación de múltiples tareas del orden civil, la profunda crisis económica internacional y el alza de precios que golpea especialmente a la clase trabajadora y los sectores populares, o ante los visibles límites del discurso presidencial de pretender gobernar para ricos y pobres, mientras los grandes beneficiarios con un importante sector de empresarios y trasnacionales.

Por eso, es necesario avanzar en la organización de un polo de independencia de clase, sin vínculos con el gobierno ni con la derecha ni con empresarios, que pelee contra la precarización laboral, contra los megaproyectos y por los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto, que agrupe a quienes hoy están enfrentando las políticas más derechistas de este gobierno, como los despidos en el Estado y los megaproyectos -desarrollados en beneficio de trasnacionales y empresarios-.

Y de la mano de esta perspectiva consideramos fundamental avanzar en forjar una herramienta política de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud, que enfrente cada uno de los atropellos que viven a diario como parte de la lucha contra el fin de toda explotación y opresión.