GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR. La creciente militarización en México detrás del asesinato de 12 personas

La ejecución extrajudicial del pasado 3 de julio en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, México, recuerda al montaje de la Policía Municipal en complicidad con el ejército en septiembre del año pasado en la misma ciudad, cuando la Policía ejecutó a 22 civiles a quien intentó hacer pasar por miembros del crimen organizado, lo cual fue desmentido por la Comisión de Derechos Humanos local.

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El impactante video que muestra los asesinatos de julio fue publicado por el diario Universal este lunes, y según narra Raúl Tercero, padre de una de las víctimas asesinadas por los militares, le fue entregado por un militar en un usb escondido dentro de un billete de veinte pesos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) exigió inmediatamente que se indague sobre el uso de la fuerza letal por parte del Ejército y el presidente López Obrador junto a Luis Cresencio, secretario de la Defensa Nacional, anunciaron el miércoles en conferencia de prensa que se inició una investigación por parte de la Sedena para determinar si hubo exceso del uso de fuerza, además, Cresencio dijo que no está descartado que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga, pues hubo civiles involucrados

En un comunicado, la ONU declaró que es importante que se determine “ si la acción militar fue justificada y si la actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego” y pidió una investigación “conforme a los más altos estándares internacionales”.

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En el comunicado expresan también que “estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Este organismo internacional ha sido parte de los cuestionamientos al gobierno de López Obrador por adjudicar funciones de seguridad pública a la Guardia Nacional que está conformada por policías federales, marinos y militares.

Pero la ONU se queda muy corta con el cuestionamiento a la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación, asunto que no tendría por qué sorprender a nadie, siendo que fueron las Naciones Unidas las que incursionaron con los Cascos Azules -a quienes AMLO reivindicó como ejemplo para la Guardia Nacional- en países africanos, este cuerpo armado fue causa de más de 2 mil denuncias por violaciones a derechos humanos hasta el 2017, según una investigación de The Associated Press.

Según informe del propio gobierno, dado a conocer en la conferencia matutina de este miércoles 26, en estados como Coahuila y Durango, la presencia del ejército es mayor a la de la policía. Como decimos en esta nota “De esta manera, a pesar de su promesa de campaña de desmilitarización del país por las graves consecuencias que trajo la militarización bajo Calderón y Peña Nieto, AMLO continúa con su política de naturalizar la presencia de militares en las calles.”

En México, la militarización ha significado una larga historia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y aumento exponencial de los feminicidios y juvenicidios, Pero según López Obrador, que desde antes de llegar a la presidencia prometió que desmilitarizaría el país, respondiendo así a una demanda profundamente sentida por amplios sectores de la población, declaró ante la ejecución del 3 de Julio en Nuevo Laredo que “nosotros no vamos a permitir esas prácticas, eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas”.

Esta es probablemente una de las contradicciones más importantes del gobierno del Morena, pues no sólo no ha cumplido la promesa de desmilitarizar el país, si no que profundizado esta política que desde su inicio en el 2006 con la declaración de la supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón, ha respondido a los intereses del gobierno estadounidense.

Las consecuencias reales de la continuación de la militarización contrastan drásticamente con el discurso de que las “tasas de letalidad elevadísimas” quedaron en el pasado, pues el 2019 fue el año más violento en la historia del país desde que en 1997 comenzaron a registrarse los homicidios que el año pasado alcanzaron la cifra de 35 mil. Todo apunta a que este año no tendrá nada que envidiarle al anterior en cuanto a cifras de asesinatos y violencia.

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El gobierno sigue afirmando que en su gobierno las cosas han cambiado, que se aplicará la ley y no se permitirá que los asesinos queden impunes aunque sean parte de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo los casos de homicidios a manos de policías y militares no paran de aumentar. No hace falta recordar a Giovanni López o a Alexander también víctimas de ejecuciones extrajudiciales,.

No es suficiente que prometen que habrá castigo para los responsables materiales, pues los responsables intelectuales, aquellos que en el pasado elaboraron las leyes y decretos para dictar las políticas criminales que infestaron nuestras calles de los asesinos a sueldo del Estado, siguen impunes y López Obrador se ha pronunciado innumerables veces contra su juicio y castigo.

No sólo eso, el gobierno de la 4T mantiene las mismas políticas, incrementando la cantidad de hombres y mujeres armados y uniformados y dándoles cada vez más facultades para reprimir. Es igual si es la FGR o la Sedena quien lleva la investigación contra la veintena de militares que ejecutaron a civiles en Nuevo Laredo, mientras los militares, marinos y policías sigan en las calles, la violencia no parará de incrementar.

Los millones de jóvenes y trabajadores que llenamos las calles en el 2014 exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no podemos permitir que este gobierno vuelva a legitimar a las Fuerzas Armadas que responsables de Tlatlaya, de la masacre de San Fernando, de Nochixtlán y tantos crímenes de Estado más.

Debemos levantar las banderas por la desmilitarización inmediata del país y por la disolución de la Guardia Nacional y todos los cuerpos represivos que cumplen la función de garantizar los planes de prezarización y despojo del gobierno y los empresarios nacionales y extranjeros.