Aborto Legal. La criminalización no previene los abortos, los hace más inseguros

Un estudio reciente del Instituto Guttmacher y la revista científica The Lancet analiza la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en países donde rigen leyes restrictivas, donde se garantiza el acceso al aborto legal y qué impacto existe en la tasa de embarazos no deseados.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es hace décadas parte de la agenda del feminismo y la movilización de las mujeres en diferentes países. A la vez, restringir y prohibir ese derecho es una de las banderas de los sectores conservadores, encabezados por las Iglesias católica y evangélicas así como de formaciones políticas de derecha y ultraderecha.

A contramano de los discursos reaccionarios, de “defensa de la vida” y la familia, el acceso al aborto legal no es un tema de creencias morales o religiosas sino un problema de salud que debe ser atendido por políticas públicas. Negar el derecho a abortar en condiciones seguras en el sistema de salud pública no solo niega derechos democráticos elementales, aumenta los riesgos para la salud de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar.

La pandemia de Covid-19 agudizó los problemas relacionados con el acceso a la salud, en general, y de la salud integral de las mujeres, en particular. Con sistemas de salud desfinanciados por las políticas neoliberales y colapsados por la pandemia, el acceso a la salud sexual y reproductiva (incluida la interrupción voluntaria del embarazo) se vio seriamente afectado. Esta realidad es mucho más compleja en países donde además el aborto está criminalizado.

Más de la mitad de los embarazos no deseados se interrumpen

El estudio muestra que desde 2015 hasta 2019 se realizaron en promedio 73.3 millones de abortos por año . El estudio del Instituto Guttmacher y la revista científica The Lancet analiza la relación entre embarazos no deseados, abortos realizados y el marco legal en 166 países.

Durante el periodo 2015-2019, hubo en promedio 121 millones de embarazos no deseados cada año (aproximadamente 64 embarazos no deseados cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años). Esto muestra una caída de la tasa 79 cada 1000 durante el periodo 1990-1994. La caída se explica por la extensión del acceso a métodos anticonceptivos. El estudio no encontró diferencias en cuanto a los ingresos, mujeres de todas las clases sociales quieren tener menos hijos (baja de la tasa de natalidad). Las consecuencias se diferencian con respecto a las condiciones de vida y el acceso al aborto legal.

A comienzos de la pandemia, un estudio del Fondo de Población de la ONU advirtió sobre las potenciales interrupciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que se traducirían en dos millones más de mujeres sin acceso a anticonceptivos. Ese retroceso representará el más grande en los últimos 30 años: de 1990 a 2018, el número de usuarias de anticonceptivos aumentó de 470 a 840 millones (casi el doble).

Te puede interesar: Alerta sobre la posibilidad de 15 millones de embarazos no deseados

Pero si no existen diferencias sociales entre los embarazos no deseados, sí las hay cuando se observan son los abortos. En países de ingresos bajos, hubo 38 abortos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años mientras que en países con ingresos altos, esa tasa baja a 15 abortos cada 1000. La única explicación para esa brecha es que en la mayoría de los países de altos ingresos existe derecho al aborto, acompañado de acceso a educación sexual y salud reproductiva.
También existe una diferencia en la tasa de embarazos no deseados. En el periodo 2015-2019, en aquellos países donde el aborto está criminalizado o restringido (como Argentina y una parte importante de América latina), 73 de cada 1000 emabrazos fueron no deseados y la tasa de aborto fue 36 por cada 1000 embarazos. En el mismo periodo, en aquellos países con aborto legal, la relación fue de 50 embarazos no deseados cada 1000 y 26 terminaron en aborto.

Pobreza y criminalización

La combinación más peligrosa para la mayoría de las mujeres es malas condiciones de vida (bajos ingresos, trabajo precario, entre otras) y un marco legal restrictivo o criminalización del aborto. En los países que combinan ambas variables se encuentra la tasa más alta de embarazos no deseados: 101 cada 1000. En el extremo opuesto, ingresos altos y aborto legal, esa tasa es la más baja: 30 cada 1000.

El estudio también muestra que el derecho al aborto no solo reduce los abortos en general (y los inseguros en particular), sino que además disminuye la tasa de embarazos no deseados. Esto no se explica exclusivamente por ingresos, sino por todo lo que acompaña la legalización del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo: educación sexual, acceso a salud sexual y métodos anticonceptivos.

Investigadoras e investigadores afirmaron que no se encontró, “evidencia de que las tasas de aborto fueran más bajas en entornos donde el aborto estaba restringido”. Contra el discurso que rechaza la legalización del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo por una supuesta “defensa de la vida”, no legalizar el aborto no solo no disminuye los abortos sino que los hace más inseguros. La criminalización niega derechos democráticos elementales a las mujeres y aumenta los riesgos para la salud y la vida de la mayoría de ellas. El estudio concluye que, “las mujeres con embarazos no deseados dependen del aborto incluso en entornos donde el aborto está restringido”.

El aborto legal sigue siendo urgente

Se estima que en Argentina se realizan cerca de 450.000 abortos al año. De esos, una gran parte se realiza en la clandestinidad. Por ese motivo, representa un riesgo para la salud de las mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deben acceder a la práctica (en sí misma segura) en condiciones de insalubridad.

Te puede interesar: ¿Por qué es importante el aborto legal en medio del COVID-19?

La coordinadora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, asegura que está garantizado el acceso a anticonceptivos y al aborto no punible por causales (violación, salud o riesgo de vida de la persona gestante), conocido como ILE (Interrupción Legal del Embarazo). La atención de la salud sexual y reproductiva se sostiene con el trabajo indispensable de las profesionales de los centros de salud. Sin embargo, existe una aplicación desigual del protocolo ILE diseñado por el ministerio de Salud nacional, que garantiza el acceso a un derecho reconocido por el Código Penal de 1921. Y todavía sigue pendiente el tratamiento del aborto legal, rechazado por el Senado en 2018.

Estas medidas básicas responden a una parte de la salud sexual y reproductiva. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la abrumadora mayoría deba realizarse en la clandestinidad, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.