Para obtener la reelección, ataca a los jueces. Pero a familias que reclaman una vivienda sus funcionarios les dicen que “no pueden intervenir” porque la justicia “es un poder independiente”.
Cecilia Rodríguez @cecilia.laura.r
Sábado 30 de julio de 2016
“Se piensan que porque venimos de un barrio humilde somos menos”.
La frase corresponde a un vecino del barrio La Tablada, en la zona sur de la ciudad de Rosario. El contexto: un predio habitado desde hace décadas por 400 familias, va a ser desalojado. Apareció, “de la galera” y luego de 80 años, un dueño que quiere sus tierras. Las familias fueron a gobernación a reclamar. Funcionarios del gobierno se habían comprometido a hablar con los jueces, pero no lo hicieron y no dieron ninguna respuesta porque “hay independencia de poderes”. El despacho oficial fue coronado por una acción de desprecio clasista: desde las ventanas del edificio de la Gobernación empezaron a caer chorros de agua sobre las familias que se concentraban en la puerta para ser informados sobre lo que habían dicho los funcionarios.
“Se piensan que porque venimos de un barrio humilde somos menos”, dijo, entonces, el vecino de Tablada.
El hecho sucede a dos días de que el Gobernador Miguel Lifschitz atacara a los jueces de la Corte provincial por cobrar sueldos bochornosos de 247 mil pesos por mes. Lifschitz dijo que una eventual reforma constitucional debía bajar los sueldos de los jueces para que equivalgan al del gobernador, que es de 66 mil pesos por mes. Ninguno, convengamos, está dispuesto a cobrar como una maestra o un trabajador estatal, a quienes les niegan la reapertura de paritarias en medio de tarifazos y ajuste.
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Pero Lifschitz ataca a los jueces porque quiere que le permitan la reelección. Quiere reformar la constitución para presentarse para otro mandato en el cargo de Gobernador, con su sueldo que triplica la canasta familiar. Para su interés propio, Lifschitz posa de progresista e interviene en los asuntos de la Justicia. Para los trabajadores del barrio Tablada, que en medio de una dura situación económica quieren preservar un techo sobre sus cabezas, hay “independencia de la justicia” y, claro está, baldazos de agua fría en pleno invierno, arrojados por los propios funcionarios que oficiaron, por un día, de camión hidrante.
La casta judicial y su “independencia”
En una Argentina donde el conjunto de la política de los partidos tradicionales está judicializada y el combate entre oficialismo y oposición se libra en los pasillos de Comodoro Py, la frase sobre la “independencia de poderes” parece un chiste de mal gusto.
Lo cierto es que la justicia, tanto a nivel nacional como en la provincia, constituye una verdadera casta con numerosos privilegios, cargos vitalicios y sueldos millonarios fijados por ellos mismos, ya que los jueces cierran sus propias paritarias.
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Así se garantiza un poder judicial ajeno a los intereses y la vida de los trabajadores populares. Funcionarios que nunca verán peligrar su fuente de trabajo son los encargados de mandar represión a trabajadores que pelean contra despidos y suspensiones. Fiscales que no son elegidos por voto popular están a cargo de investigar a la policía por casos de gatillo fácil y en numerosas oportunidades garantizan maniobras escandalosas para dejar en libertad a los uniformados. Jueces que viven en barrios privados o torres de lujo ordenan los desalojos a las familias de los barrios humildes, para seguir garantizando mega emprendimientos inmobiliarios que, no casualmente, son un gran nicho del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Recordemos que el Juez Vienna, principal impulsor de la megacausa contra la banda narcopolicial Los Monos, fue fotografiado con un narcotraficante “opositor” a los Cantero en Las Vegas. Y mientras este Juez que quería a Los Monos presos se codeaba con otros narcos, la fiscalía a cargo de la causa negociaba juicio abreviado a favor de Los Monos. Una casta no solamente ajena a los trabajadores sino metida hasta el cuello en el corazón de la mafia narcopolicial que hizo de Rosario la ciudad con el mayor índice de homicidios del país.
La propuesta de Lifschitz de “bajar un poquito” los sueldos de los jueces, además de ser un “pegar para negociar” la reeleccion, es una burla. A esta altura, carece de toda seriedad hablar de cambios en el poder judicial sin plantear la cuestión de la elección directa de los jueces y fiscales, y que todos ellos cobren como una maestra y sean revocables. Por otra parte, la implementación de jurados populares es una medida elemental cuya ausencia en el debate solo demuestra la poca seriedad y profundidad que tiene la reforma constitucional que prepara el gobernador Miguel Lifschitz.
Cecilia Rodríguez
Militante del PTS-Frente de Izquierda. Escritora y parte del staff de La Izquierda Diario desde su fundación. Es autora de la novela "El triángulo" (El salmón, 2018) y de Los cuentos de la abuela loba (Hexágono, 2020)
