Educación. La educación después de las mascarillas: cambiar algo para no cambiar nada

En el sector educativo hemos vivido la pandemia con toda su crudeza. Sufrimos el abandono por parte del Gobierno “más progresista de la historia” cuando se dificultaban las tramitaciones de bajas o se pasaba a una modalidad telemática que disminuía la calidad de la enseñanza.

En el momento de volver a la presencialidad, se nos ofreció a la comunidad educativa una seguridad bajo mínimos. Las únicas medidas que pusieron fueron unos escuetos refuerzos de limpieza – ya se demostró que el contagio por superficies es extremadamente complicado-, gel hidroalcohólico, lavado de manos, abrir ventanas y puertas - aunque estuviéramos a 5ºC dentro del aula- y las mascarillas. Estas han sido las medidas estrellas de los diferentes gobiernos a nivel sanitario, una medida individualista y muy limitada que, por lo visto, ha servido más para especular que otra cosa, como demuestran los sucesivos escándalos en el gobierno autonómico y municipal de Madrid.

Sin embargo, en los más de dos años de pandemia, con un virus que se transmite por aerosoles, inexplicablemente no se ha hecho nada por mejorar la calidad del aire, algo que ya era urgente. La calidad del aire en los centros educativos siempre ha sido mala, existen numerosos informes europeos que aseguran que no se protege la salud de los niños ni se garantiza un aprendizaje óptimo, así lo muestra el informe de Health and Environment Alliance con la colaboración de la Asociación Española de Educación Ambiental, realizado en 2019 antes de la pandemia. Los datos recogidos muestran la presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) y altos niveles de dióxido de carbono (CO2) dentro de las aulas, por lo que sugiere la instalación de sistemas de ventilación.

Estos datos son previos a la pandemia, precisamente para resaltar que la situación previa ya era penosa. Hablamos de una contaminación insoportable en el aire que genera múltiples enfermedades respiratorias crónicas. Hay que sumar el pésimo aislamiento térmico que dejaba las aulas a merced del temporal: en invierno soportando temperaturas mínimas y en verano sufriendo sofocos y mareos.

La pandemia sólo hizo que estas carencias se mostrasen con mayor gravedad, un efecto que no podía paliarse con medidas individuales de higiene y diversos dispositivos sanitarios como las mascarillas. ¿Dónde están los medidores de CO2 para controlar la calidad del aire? ¿Y la mejora de la ventilación en plena pandemia? ¿El confort térmico que permite no temblar de frío o marearte por el calor en el aula? El Gobierno sólo supo hablar de mascarillas y lavarse las manos.

Es desde aquí que queremos referir las declaraciones de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando afirmó que los alumnos podrían dejar de utilizar las mascarillas en los centros educativos. Esta medida debería enmarcarse dentro de un plan de mejora de las infraestructuras de los centros educativos, y no dentro de una política de propaganda del Gobierno.

A pesar del silencio mediático, la pandemia sigue presente y los muertos se siguen sumando. Debemos recordar que el coronavirus es un agente biológico peligroso y mortal para un sector amplio de la población, reconocido incluso a nivel institucional (a nivel europeo, la Directiva 2000/54/CE, contempla en su artículo 14 que el SARS-CoV2 es un agente biológico de riesgo 3 sobre 4).

Si atendemos a los grupos de mayor riesgo frente a la COVID-19, según el mismo Ministerio de Sanidad, se encuentran personas de mayor edad, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica/asma (EPOC), cáncer, inmunodepresión, embarazo, obesidad y otras enfermedades crónicas, como las renales y hepáticas. No hay datos oficiales del número de personas vulnerables frente a la COVID-19 en España, por lo que se han ido extrayendo datos generales sobre las patologías nombradas sin tener en cuenta la edad.

En 2021 en España había 109.772 enfermos coronarios, 2.900.000 con EPOC, 276.239 personas con cáncer activo y unos 100.000 inmunocomprometidos. Todos ellos estarán en riesgo si ignoramos, como hace la Ministra de Sanidad, que seguimos con una pandemia mundial que no puede tratarse como una gripe porque no es estacional y porque su trasmisión es mucho mayor y es potencialmente incapacitante en caso de sufrir Covid persistente o longCovid, afecta entorno al 15-17% de los contagiados.

En los centros educativos hay muchos trabajadores docentes y no docentes, alumnos y familiares de alumnos que entran dentro del grupo de riesgo. En los colegios hay personas con asma, trasplantados, que han pasado un cáncer, diabéticos, con enfermedades crónicas, inmunocomprometidos que actualmente conviven con compañeros y/o trabajadores contagiados porque ya no se hacen cuarentenas a no ser que se presenten síntomas graves.

Ahora bien, podría pensarse que estamos reivindicando la necesidad de las mascarillas; y nada más lejos de la realidad. De hecho, hay que interpretar la actuación de la Ministra desde un contexto más amplio: ésta política no es más que la retirada de un paliativo ineficaz que se empleó para encubrir la negativa del Gobierno a hacer todo un plan para modificar las condiciones de los centros (adecuación que, como dijimos, era necesaria incluso antes de la pandemia).

El problema no es la mascarilla, sino una política sanitaria que centraba todo en su uso y que, en el momento que mejor conviene, se retira dejando a miles de personas vulnerables bajo el riesgo de contagio, sin haberles garantizado un espacio seguro. Docentes y alumnos no queremos más paliativos sanitarios ni tener que lidiar con clases telemáticas, sino volver a nuestra labor con todas las garantías.

Sin embargo, esto es algo que el Gobierno progresista no está dispuesto a hacer, así como tampoco lo harán el resto de las comunidades.

En lugar de seguir financiando el gasto militar para sostener guerras imperialistas como la de Ucrania; en lugar de seguir financiando los centros concertados y privados; en lugar de invertir en perpetuar los beneficios de empresarios, bien podría haberse hecho esa inyección de dinero en la sanidad o en educación, para habilitar los espacios y permitir un retorno seguro a las aulas, reducir las ratios y contratar y estabilizar a todos los interinos que podrían dar clase a grupos reducidos en espacios diáfanos para mantener una educación de calidad y, a la vez, segura.

El dinero que no encontraban entonces, ahora se usa para la guerra, y en el camino han aprovechado para seguir atacando a la escuela pública, completamente dispuestos a aprovechar el envite para liquidarla.

La declaración de Darias retrata la hipocresía del Gobierno: tras no hacer nada por la educación pública a nivel sanitario, sigue con su campaña de “nueva normalidad”, poniendo en peligro a personas de riesgo. Han utilizado las medidas sanitarias con fines, prácticamente, propagandísticos, pues ninguna medida ha conducido a mejorar a ningún sector de los ya mermados por años de recortes.

A pesar del relato de no discriminación, de protección de los grupos vulnerables, a la infancia, frente a la salud mental; la realidad es que, a los vulnerables, como al resto de colectivos por los que “velan”, se nos aísla y ningunea. El gobierno “más progresista de la historia” antepone la fatiga pandémica, el rédito político y los beneficios empresariales a la salud.

No se puede esperar nada del Gobierno progresista. Tampoco de la oposición ultraderechista que levanta la cabeza de la mano de Vox o del PP de Ayuso. Los mismos sindicatos dan cancha al Gobierno de Sánchez y, en el mejor de los casos, no exige cambios estructurales, sólo que no quiten las mascarillas, haciendo que recaiga la responsabilidad del contagio sobre los trabajadores.

Es esta una postura que no responde a nuestros intereses, que se queda en un corto plazo desolador, pidiendo las pocas migajas que, tan siquiera, están dispuestos a ofrecer. Si queremos combatir la pandemia en los centros, sólo la lucha de los trabajadores organizados, unidos con los estudiantes en cada centro de estudio, puede conseguir el derecho a una vuelta segura a las aulas sin que, por ello, merme la calidad educativa y 100% pública.