Miércoles 24 de septiembre de 2014
Los empresarios de Grupo México (GM) mantienen tensas relaciones con otros sectores del empresariado mexicano y del poder político fruto del desastre ambiental en Sonora. La ya de por sí deplorable seguridad para los trabajadores puede verse degradada más por el revés financiero que atravesará GM. El 19 de septiembre el gobierno local rompió relaciones con la empresa, complicando más la crisis.
Después de que GM, comandado por Germán Larrea Mota, derramara sobre la cuenca del río Sonora 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, el gobierno de México le exigió, “adelantándose a la Ley” según la conferencia de prensa del 11 de septiembre, un fideicomiso de cerca de 200 millones de dólares para reparar el daño “con la obligación de aumentar si es necesario”.
Esta suma se impuso debido a que la compensación que exige la Ley Minera nacional es absolutamente insuficiente para reparar los daños: contempla menos de cinco millones de dólares. El gobierno calcula que los primeros efectos importantes podrán revertirse en un plazo de siete años. El daño ambiental es irreversible. El sulfato de cobre acidulado que se derramó es profundamente tóxico y equivalente al volumen total del Estadio Azteca, donde se jugó la final de México 1986.
Complicidad del estado y los empresarios
Forbes valúa la fortuna de Germán Larrea y su familia en 15,7 millones de dólares. Grupo México es una de las dos fuerzas económicas más importantes del país. Según su informe anual, en el 2013 empleó a casi 23 mil personas, con ventas totales por 9.357 millones de dólares. En la mina de Buenavista –donde ocurrió la catástrofe ambiental– se invirtieron 3.400 millones de dólares, con lo que se pretendió convertirla en la segunda mina más productiva del mundo. Grupo México es la cuarta compañía con más capitalización de mercado en la Bolsa Mexicana.
La comisión especial de la Cámara de Diputados, que investiga a la empresa, resaltó en días recientes que en las minas de extracción de carbón de esa zona los niveles de polvo son superiores a lo permitido por la legislación nacional, y que para proteger a los trabajadores la empresa otorga “cubre bocas de papel”.
Pese a esto, el diputado oficialista, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que la ley es “ambigua” respecto a si debe o no quitarse la concesión a la mina. En México las modificaciones a la Ley Minera que tuvieron lugar en las últimas décadas favorecieron a estos consorcios, entregando concesiones de explotación con plazos de hasta por medio siglo con posibilidad de renovarse.
Los objetivos de capitalización que se propone Germán Larrea para su empresa se basan en la superexplotación de los trabajadores mineros que laboran en estas minas y en sus empresas conexas. En México los muertos en minas se cuentan por decenas.
El diario El Economista del 31/08 señala que sólo 30% de las minas del país están inspeccionadas por la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), y la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) contabiliza 195 mineros fallecidos en México del 2006 a la fecha. De todas las empresas mineras que operan en el país, incluidas las trasnacionales, Grupo México es la que más terrenos y minas posee.
Hace unos días, después del conflicto con el gobierno local y federal producto de la crisis en el Río Sonora, Germán Larrea fue separado del Consejo de Administración de Grupo TELEVISA, del cual era parte, argumentando conflicto de interés debido a que una de sus empresas está interesada en adquirir licitaciones en telecomunicaciones.
Grupo México, una empresa con historia en catástrofes y tragedias
El 19 de febrero de 2006 ocurrió uno de los peores accidentes de la industria minera mundial: explotó por acumulación de gas –que días antes habían denunciado los trabajadores– la mina Pasta de Conchos en Coahuila.
Sesenta y cinco trabajadores perdieron la vida y la empresa, hasta la fecha, se ha negado a recuperar los cuerpos y a otorgar justicia a las familias, según ha denunciado Cristina Auerbach de la organización Familia Pasta de Conchos, que desde hace 103 meses se manifiestan a las afueras del edificio del Grupo México en el Distrito Federal.
La empresa cerró la mina, argumentando que Ley Minera prohíbe que quienes explotan carbón lo hagan en lugares donde hay gas metano, quitándose con ello toda responsabilidad sobre sus trabajadores.
El Centro de Reflexión y Análisis Laboral (CeReAL) ha acompañado casos en los cuales los mineros demandan a la empresa por defraudación del régimen de seguridad social.
