El próximo 10 de diciembre la Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2015 presentado el 26 de noviembre último por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Parodi, en la Legislatura Provincial. Se conoció que la partida 2015 será de 23 mil millones de pesos y se solicitó un endeudamiento por $650 millones. La partida prevé una inflación del 15% y un dólar a $9,20.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
El 26 de noviembre se presentó el Presupuesto para el ejercicio 2015 el cual, en consonancia con su símil nacional, prioriza las carteras de Educación, Salud y Seguridad. Indudablemente eso no se ha cristalizado en acciones que den un vuelco en las condiciones de esas áreas, lo cual se hace ostensible en que aun existan escuelas-rancho, en los reclamos por falta de agua en las escuelas, en la carencia de insumos en los centros de salud, y en la abulia con la que los altos mandos responden en las salitas de los barrios.
Sucede que si uno desenmaraña el torrente de dígitos que se entrecruzan en el presupuesto puede visualizar que si bien estas áreas se llevan una cuota enorme del presupuesto, casi 13 mil millones sobre 23 mil millones totales, puede constatarse que la mayor parte se destina a la ampliación de la planta de trabajadores del Estado en manos del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Tal como adoctrina el modelo ortodoxo del peronismo, que las variadas formas de kirchnerismos provinciales han sabido adecuar, el engrosamiento de los cargos públicos tiene como premisa el favor político, para ubicar a funcionarios afines al gobierno, más que el fortalecimiento real de planes de acción que demanden más personas que accedan por concursos abiertos y públicos a esos puestos.
De hecho los organismos descentralizados, tales como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), son ocupados de manera nepotista, amiguista o a dedo. Por ello el tráfico de influencias sumado al compromiso salarial con el que perpetúan esos favores, más que democratizar los espacios los cercena a los caudillos y sus tropillas, alimentando el modelo de feudos provinciales. Por eso el modelo del menemismo-romerismo de los años ’90 no dista mucho del kirchenirsmo-urtubeysismo de estos lustros ya que, en cuanto a este punto en particular, ambos se han ocupado de hacer de los cargos públicos un ténder de favores, influencias, y compromisos pragmáticos. Los cargos los ocupan aquellos que tienen mayor capacidad de sometimiento u obediencia.
El caso del ámbito de Seguridad ocupa un párrafo particular porque no sólo se trata de la ampliación del cupo de agentes de las fuerzas de “seguridad” sino también de una cuestión de fondo, la concepción acerca de la misma. Se ha llegado a considerar, y se prolifera a raudales, que mayor cantidad de efectivos policiales es mayor “seguridad”, claro que sin mencionar ningún costado social dentro de esa “seguridad”. El Ministro de Economía provincial, Carlos Parodi, se vanagloriaba en la presentación del presupuesto de haber alcanzado la cifra de 5,2 policías cada 1.000 personas. Durante esta semana el, también kirchnerista, gobernador bonaerense Daniel Scioli, se jactaba de hacer la mayor colación de policías de la historia, sumando 10.000 efectivos a la fuerza.
A tono con la política represiva que ha mostrado el modelo nacional en los últimos tramos de su gestión, pero que el gobierno provincial nunca se esforzó en solapar, el aumento de azules es visto como una avanzada en la promoción de la seguridad, del sosiego, de la calma. No obstante ello en los últimos diez años no han hecho más que recrudecer casos que demostraban la connivencia de las fuerzas represivas del Estado con los mercados ilegales, tanto de trata como de drogas. Se los ha visto en Rosario, en Córdoba, en Tucumán. En nuestra provincia se conocieron los narco-policías y los narco-gendarmes en la figura de Mario Paz y Gabriel Giménez respectivamente.
En Salta además otros casos desnudaron ciertas incomodidades en la fuerza policial, como el supuesto suicidio del Jefe de la Brigada de Investigaciones en plena pesquisa por el homicidio de las turistas-investigadoras francesas. Néstor Piccolo apareció con un tiro en la cabeza, en lo que rápidamente se hizo trascender como un acto voluntario. Por otra parte se hicieron públicas imágenes de torturas de policías en cárceles del interior provincial, en las localidades de General Güemes y de Pichanal.
Sin embargo parece re-afirmarse la intención de brindarle mayores poderes a la fuerzas del “orden”, ya que además de sancionar códigos penales que les brindan “súper-poderes”, es decir atribuciones que anteriormente no tenían, garantizándoles impunidad para fraguar el funcionamiento de las estructuras que vehiculizan la circulación tanto de mercancías legales como de mercancías ilegales, se les incrementa la cantidad de enrolados. Esto último además permite a los gobierno hacer demagogia con la “creación de puestos de trabajo” para una juventud azotada por la desocupación y el sub-empleo.
El poder policial no sólo reprime la protesta social sino que además opera como hervidero de sicarios de la mafia política, sino que se observe la celeridad con la que se le resuelven sus reclamos en contraste con las desgastantes luchas que deben llevar adelante otros sectores de trabajadores del Estado, como los docentes o los agentes de la salud. Así en 2014 el gobierno provincial impuso un impuestazo con aumentos de hasta 400% para recaudar los $520 milllones que requería para financiar el aumento a las fuerzas. Lo antedicho da cuenta lo artera que es esta política de mayor “seguridad” que se ocupa de ampliar las patotas oficiales de los políticos y los negociadores de mercancías ilegales.
Particularmente sobre la protesta social y su criminalización vale denunciar este robustecimiento de las fuerzas represivas como una acción anti-constitucional que se explica de la siguiente forma: en estado de democracia la sociedad civil le otorga la atribución del uso de las fuerzas al Estado sólo a condición que éste lo utilice para favorecer el bien común, teniendo siempre que velar por los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y manifestación; si el gobierno pretende neutralizar esos focos de conflictividad utilizando la fuerza utiliza el eufemismo del “Orden” para encubrir su autoritarismo y las limitaciones de su poder dadas por los levantamientos de la sociedad, que en fin es el Estado.
Por ello tantas erogaciones, disfrazadas de inversiones, en cargos burocráticos y políticos, y en acrecentar las fuerzas de Seguridad, no hace más que demostrar cuáles son las prioridades del “modelo”, tanto nacional como provincial. Una fuerte retórica progresista que chilla estertores por la tan mentada “inclusión” más parece estar ocupada en continuar la segregación entre los que viven del Gobierno y los que reclaman su parte como Estado, entre los que “trabajan dignamente” y “los que no quieren trabajar” y por eso reclaman y merecen represión, entre los que prefieren un capitalismo afable y los que repudian el modelo de explotación de cabo a rabo. En fin, entre los afines que todo lo merecen porque suman y son buena onda –en términos de los intelectuales de 6,7,8- y los díscolos que no se conforman con nada.
