Corrupción. La estafa maestra: desvíos del presupuesto público y quiebra de las universidades

La ofensiva contra las universidades fue uno de los grandes proyectos del neoliberalismo, ya que se tenía la pretensión de convertirlas en un gran negocio al servicio de los empresarios y los políticos, permitiendo su quiebra como lo hicieron con otros servicios públicos. Esta ofensiva desató grandes luchas por la defensa de la educación pública como la gran huelga de la UNAM de 1999, entre otras. Sin embargo, en muchos casos las pretensiones privatizadoras triunfaron e impusieron el cobro de cuotas, lo cual ocurrió sobre todo en las universidades estatales.

Pero, para los neoliberales, privatizar las universidades no fue suficiente, no les bastó excluir a miles de jóvenes de la educación superior, degradar los contenidos o precarizar cada vez más a los trabajadores de la educación, como los profesores y profesoras quienes, en su mayoría, están bajo el esquema de asignatura, lo cual les niega todo derecho laboral; nada de eso fue suficiente, querían más y lo buscaron sin escrúpulo alguno. Para lograrlo, el nivel de corrupción se desató y los malos manejos dentro de las universidades enriqueció desmesuradamente a muchos personajes.

Esta situación, que continúa aún en el gobierno de la 4T a pesar de sus promesas y de que se ha sometido a proceso a la descarada Rosario Robles, pues, en esta escandalosa estafa, solo ella está siendo juzgada, sin siquiera considerar que es imposible que sea la única implicada ya que esta operación corresponde a toda una estructura política.

Hasta estos momentos no se ha juzgado a ningún otro funcionario del Estado o de las propias universidades, siendo evidente que, sin ellos, la operación maestra simplemente no se hubiera podido perpetrar.

La Gran estafa

“La estafa maestra” fue un mecanismo que se utilizó durante el gobierno anterior para desviar miles de millones de pesos por parte de empresas fantasmas entre 2013 y 2015. Durante el gobierno de Peña Nieto, los desvíos ascendieron a 7 mil 670 millones de pesos, y de ese dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 mil millones de pesos.

Al observar el fraude millonario podemos explicar la razón de que haya tantos huecos en el presupuesto público, siendo que aún no sabemos dónde están los recursos que tendrían que ser devueltos para obras públicas o por ejemplo, para salvar a las instituciones de educación superior en quiebra.

Por otro lado, la triangulación de esta estafa se llevó a cabo a través de 8 universidades públicas, las cuales entregaron los contratos millonarios a las empresas para que los funcionarios públicos pudieran saquear el erario. Se supone que estas universidades también cobraron una importante comisión para su propio desarrollo, pero ese dinero tampoco apareció y todas están en quiebra desde 2018.

Entre esas, encontramos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol (1) y la Sagarpa (2); la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Los tratos se celebraron entre 2013 y 2015.

En aquel momento las irregularidades con los fondos públicos ascendían a 201.9 millones de pesos.

Una de las universidades más problemáticas en ese sentido fue la de Guadalajara, dirigida por Tonatiuh Padilla, la cual para el 31 de diciembre de 2014 no había devengado 82.4% de los recursos transferidos a ella, que ascendían a 95.3 millones de pesos. Una vez más, es evidente la complicidad de las burocracias académicas con los funcionarios públicos y sectores privados para llevar adelante el saqueo que ha quebrado universidades.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ejemplo de desfalcos

Como se mencionó arriba la UJAT estuvo implicada en esta operación política, lo que ha derivado en un ataque contra los derechos de los trabajadores ya que esta institución actualmente se encuentra en quiebra, por lo que tampoco puede garantizar acceso irrestricto a la educación de los estudiantes del estado. Ponemos de ejemplo esta universidad porque ya hemos escrito sobre ella e ilustra el punto al que queremos llegar, que “se está dejando morir a las universidades ya existentes, a pesar de la promesa de la 4T de terminar con las prácticas del neoliberalismo”.

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La UJAT tenía un adeudo de 640 millones de pesos, con lo que la autoridad arguye que no podía pagarles a los trabajadores ni darles aumentos, ni respetar las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), lo que va muy acorde a la declaración que el presidente López Obrador hizo alguna vez, que no habría más presupuesto para las universidades por corruptas. Lamentablemente el jefe del ejecutivo, con un discurso “anti corrupción” ataca directamente los derechos laborales y a la educación de trabajadores y estudiantes, quedando impunes y en funciones los funcionarios que, en la mayoría de los casos, están disfrutando de lo que nos han robado y cuyo patrón se multiplica en todo el país.

Si el argumento para no aumentar el presupuesto y no rescatar a las universidades es porque los políticos y funcionarios universitarios son corruptos, entonces se podría empezar con incautarle sus bienes e investigar sus funciones, porque en México sobra esta escoria como sabemos.

Pero, para recomponer la situación actual de la educación superior, eso no bastará, por lo que se deberían establecer impuestos a las grandes fortunas y dejar de pagar la deuda pública, y esos recursos deberían usarse para salvar a las universidades y al sector salud, puesto que estos sectores son los que han resentido más el saqueo del ataque neoliberal, lo cual es más nítido en estos momentos de pandemia donde los recursos recuperados podrían utilizarse para mejorar la vida de la población en estos ámbitos.

* Profesor universitario

(1) Secretaría de Desarrollo Social (dependencia encargada de formular y coordinar la política social del Gobierno Federal)

(2) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (fundada en 1917 es una de las secretarías que integra el gabinete del presidente de México y el poder ejecutivo federal es el encargado de la administración, regulación y fomento de la actividad económica primaria)