Inflación. La huelga del metal en Cádiz deja expuesta la precarización en todo el Estado español

Las movilizaciones de los trabajadores gaditanos, al principio contra el cierre de Airbus Puerto Real en los primeros meses del año y en la última semana con jornadas de huelga en todo el sector del metal gaditano, han puesto sobre la mesa una serie de importantes demandas. Desde los reclamos por una renovación del convenio sectorial que actualice los salarios en un momento en el que la inflación golpea el poder adquisitivo de los trabajadores, a pelear contra los intentos de aumentar la jornada laboral por parte de la patronal o, como marca el ejemplo de Airbus, evitar la destrucción de empleo que conllevan los cierres de centro de trabajo y la desaparición de la industria auxiliar.

La huelga indefinida que inició ayer ha levantado amplias simpatías en todo el Estado español. Esto es así porque sus demandas representan la de la mayoría de los asalariados, que lejos del marketing “progresista” del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, ve que su situación ha empeorado y que el supuesto “gobierno de izquierdas” no aplica medidas para ayudarles, sino al contrario. Mientras algunos se dan golpes en el pecho por las subas exiguas del salario mínimo, las empresas se niegan a aplicarlos o secuestran dicha subida hasta que las trabajadoras renuncien a parte de sus derechos, como denuncian desde el sector de la Educación en Catalunya. Incluso si esas subidas se aplicasen, no compensan la evidente pérdida de poder adquisitivo que está suponiendo la subida de la inflación.

Por todo ello, las demandas que ponen sobre la mesa los trabajadores gaditanos son de suma importancia como ejemplo de un programa de lucha contra la crisis económica actual y nos permite reflexionar hacia dónde podrían llevarse dichas reivindicaciones para tratar de resolver la problemática actual, simbolizada en la justa lucha de Cádiz, y que afecta al conjunto de la clase trabajadora.

Por cláusulas de revisión salarial que aumenten automáticamente según el coste de vida

Uno de los motores de la movilización en Cádiz ha sido la negativa de la patronal a aumentar los salarios tras haberlos congelado, impidiendo la renovación del convenio sectorial. El baremo con el que los trabajadores exigen salarios acordes a la situación actual es el llamado IPC (Índice de Precios al Consumo), que da cuenta de la variación de precios de los bienes y servicios. Este es un buen punto de partida para exponer la necesidad de subir los salarios y evitar “los salarios de miseria” que azotan a los trabajadores en todo el país. Pero es un hecho que dicho índice no llega a cubrir la totalidad del “coste de vida real” de una familia obrera en nuestro país.

Dicho índice, como explicamos en este artículo tomando datos de la revista “En Clave de Economía” -editada por Comisiones Obreras (CCOO)-, “excluye de su cesta de bienes y servicios la vivienda en propiedad”. A pesar de que, según el INE, el 76,7% de los hogares tiende a comprar esta mercancía. Según el portal Pisos.com, las familias dedicarían el 38% de sus ingresos a pagar el alquiler y un 25% en pagar una hipoteca. Esto implicaría que, si el IPC deja fuera las operaciones de compraventa de vivienda, se daría una variación del 30,14% de menos del IPC. Un gran salto que nos indica que dicho baremo como denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tiene poco que ver con la realidad. Esto no significa que a pesar de que el IPC nos parezca un índice estadístico defectuoso, estemos a favor de los intentos del Gobierno de desvincularlo de las pensiones y salarios, algo que como denuncia la Marea de Pensionistas reduciría aún más el poder adquisitivo de las familias. Lo que queremos expresar es que hay que tratar de construir baremos más cercanos a la realidad.

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Por ejemplo, en 2015, Jaume García, expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentó un informe llamado “Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) para las comunidades autónomas”, basado en datos de 2012. Este cálculo, que no fue admitido por el Gobierno de entonces en los estudios del INE, permitía analizar el nivel de producción o bienestar, era un “análisis del coste de vida en una economía”. Sus cálculos señalaban que la media española del llamado “coste de vida” más básico estaría entorno a los 22,297 euros al año, lo que equivale a 1.858 euros mensuales, o por ejemplo a 12,5 euros la hora por 1788 horas de trabajo al año. Esto significa que el 80% de asalariados y asalariadas en realidad sufre enormemente para llegar a fin de mes si depende únicamente de su salario. Por supuesto, existen diferencias entre comunidades autónomas, pero el dato fundamental está ahí. Otros cálculos del INE nos indican datos como que los jóvenes se dejan el 94% de su salario en vivir solos o que el Indicador AROPE, que mide la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sitúe su media en el 26,1% de la población. Y la tasa de pobreza aumenta brutalmente al 50% en los hogares de un adulto y un niño, y no baja del 25% de pobreza en los hogares de una sola persona, o de una pareja con uno o más niños.

Cuando la inflación ya supera el 5,5%, existe una medida muy sencilla que permitiría que los convenios sectoriales reflejen las justas demandas por las que en estos momentos luchan desde sus barricadas los trabajadores gaditanos: la introducción de cláusulas de revisión salarial, que se vayan renovando y aumentando el salario según se vayan produciendo variaciones en los niveles del coste de vida de la población. Esto es, una escala móvil de indexación automática de los salarios según el nivel general de los precios y el coste de vida real.

Para ello sería necesario promover la formación de comités de trabajadores que calculen dicho coste de vida en forma independiente del Gobierno y la patronal, ya que desgraciadamente en nuestro país ningún organismo público hace dicho estudio, quizás como forma de ocultar los salarios de miseria que la patronal impone a la población.

Esta medida no hará que los salarios sean “justos”, algo que no se puede lograr dentro del sistema capitalista. El patrón siempre nos robará a las y los trabajadores una parte de nuestro trabajo (la llamada plusvalía), pero sin duda permitiría impulsar una solución más realista que los reducidos -y muchas veces no aplicados- aumentos del SMI del Gobierno “progresista”, que en poco tiempo sin licuados por la inflación de los precios como hemos visto en los últimos meses.

Esta medida podría ser el primer paso hacia imponer la reducción de la jornada laboral, para atender la situación de millones de trabajadoras y trabajadores que siguen en el paro. El reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, introduciendo por ejemplo una semana laboral de treinta horas y 5 días, permitiría crear cientos de miles de puestos de trabajo en todos los sectores.

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¿Cómo lograr esto?: el combate contra la burocracia sindical y por la democracia obrera

Como saben los compañeros gaditanos que se encuentran combatiendo por sus puestos de trabajo, sus salarios, contra la precariedad y por un futuro para su provincia, ninguna demanda que venga “desde abajo” se consigue simplemente por anunciarla. Es necesario articular fuerzas materiales para imponérselo a las patronales sedientas de mantener sus ganancias a costa de nuestro sudor. La huelga indefinida que ya se encuentran llevando a cabo en Cádiz desde el sector del metal muestra el camino para logarlo: la lucha de clases.

Sin embargo, como hemos comprobado en la lucha de Airbus Puerto Real, incluso los conflictos más justos pueden perder fuerza si no se pone sobre la mesa una estrategia para vencer y quedan en manos de una “falsa dirección de la lucha”. En el desarrollo de la batalla por mantener abierta la planta de Puerto Real, la asamblea de trabajadores no solo tuvo que enfrentarse a la multinacional apoyada por el Gobierno PSOE-UP (el mismo que ahora manda antidisturbios a reprimir en Cádiz), sino también a las direcciones de CCOO y UGT. Las maniobras de las direcciones burocráticas de estos sindicatos tuvieron un papel fundamental en impedir la solidaridad entre las fábricas de Airbus de todo el país, así como una división interna entre trabajadores que impedía la unidad de acción, lo que ha terminado generando un desgaste enorme a quienes han peleado por evitar la enorme destrucción de empleo que va a suponer el cierre de la planta.

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Para lograr el conjunto de demandas que se proponen los trabajadores en huelga en Cádiz, desde la renovación del convenio con mejoras salariales, el plus de Peligrosidad, evitar el cierre de Puerto Real, es necesario superar los métodos derrotistas y divisionistas de las burocracias sindicales.

La organización democrática de los trabajadores en asambleas, “desde abajo”, donde las cúpulas no puedan negociar nada “por arriba” sin que lo vote la asamblea -como ha terminado ocurriendo con el preacuerdo propuesto desde CCOO y UGT con Airbus con la bendición del gobierno PSOE-UP-, es el punto de partida de una estrategia obrera que pueda llevar al triunfo un programa que dé respuesta a las demandas de la lucha.

Después de años de desmovilización y desmoralización generada por las burocracias sindicales y políticas, que confiaron todo a negociar en despachos con la CEOE y el Gobierno, la lucha de los aguerridos trabajadores de la Bahía de Cádiz muestra que la lucha obrera puede retornar con fuerza en el próximo período. Ese es el camino.

* Este artículo fue escrito en colaboración con Asier Guerrero y Diego Lotito.