Todo intento de ajuste siempre viene precedido (o acompañado) por una campaña ideológica de estigmatización hacia el sector, la institución, el servicio o la rama que se pretende ajustar. Y especialmente hacia los trabajadores y trabajadoras de esas empresas. El ejemplo paradigmático fueron los servicios públicos a fines de los años ochenta —bajo el gobierno de Raúl Alfonsín— que luego fueron privatizados en los años menemistas. Antes se “demonizó” a esas empresas, se las llenó de calificativos despectivos y se las responsabilizó de casi todos males del país. Hablamos los ferrocarriles, los otros servicios públicos (luz, gas) o las empresas telefónicas. Luego de esa campaña vinieron las privatizaciones, el despido de cientos de miles de empleados estatales hasta llegar a los servicios pésimos y caros que tenemos hoy en manos privadas. No mejoró la eficiencia, ni la conectividad (obvio que se modernizó, como se modernizaron muchas cosas), ni la calidad de los servicios (basta ver los constantes cortes de luz, por ejemplo). A ver, no quiero decir que aquellas empresas dirigidas por burocracias estatales no tenían problemas, lo que quiero decir es que la solución interesada fue peor que el problema. Porque el drama en aquel momento, como ahora, era el déficit del Estado, pero en vez de responsabilizar, entre otras cosas, a la descomunal deuda externa que había contraído la dictadura —y las empresas privadas bajo la dictadura— se responsabilizaba a las empresas públicas en general y a sus trabajadores, en particular. Esas campañas generan sentidos comunes que, a veces parecen propagarse imperceptiblemente porque vienen con “frases hechas” que en un contexto de deterioro general de las condiciones laborales y sociales parecen “lo más normal del mundo”. Algo de eso observamos por estos días y doy algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, la fábrica Toyota: desde comienzos de este año rige un cambio en la semana laboral con un acuerdo que obliga a sus operarios a trabajar de lunes a sábados, los francos son rotativos. De esta manera —en acuerdo con la conducción del sindicato SMATA— la empresa pudo superar el escollo de la falta de trabajadores los fines de semana: los empleados no iban cuando eran convocados porque con el pago horas extras terminaban afectados por el impuesto a las Ganancias. Es decir, en los hechos fue un convenio que flexibilizó las condiciones laborales en detrimento de las conquistas de los trabajadores. Porque la solución tendría que haber sido que se elimine el impuesto a los asalariados y que se paguen las extras o se convoque a más trabajadores. Bueno, esto fue presentado en el Coloquio de IDEA por Daniel Herrero (exdirectivo de la automotriz japonesa) como un ejemplo exitoso de “ceder para crecer”. Mientras tanto, no se puso el foco en la eliminación de las retenciones para lo que llaman “la exportación incremental” que realiza la industria automotriz hasta fin de año (o sea, lo que exporten por arriba del año pasado) o el mercado cautivo que tiene Toyota gracias a las restricciones a las importaciones que impone el Arancel Externo Común del Mercosur. Pero claro ¿qué se decía?: que los trabajadores de Toyota tienen buenos salarios en comparación a la media, que tienen muchas conquistas, que todo el mundo quiere trabajar ahí en la zona y cosas así. El otro ejemplo es el los empleados y empleadas judiciales. Por estos días se debatió la cuestión por el proyecto presentado para que los jueces paguen ganancias (un reclamo totalmente justo), pero que vino atado a que los todos los empleados y empleadas judiciales también lo paguen (el FIT propuso separar una cosas de otra). Bueno, el proyecto no salió, pero entre los argumentos en favor de que paguen todos se decía “que tienen muy buenos salarios, no trabajan durante feria judicial, vacaciones en invierno etc.”, como si esas conquistas —que alguna vez llegó a tener la mayoría del movimiento obrero argentino— fueran un privilegio. Claro, con la mira puesta en estos “pequeños privilegios” salió de la agenda el “gran privilegio”: que el conjunto del presupuesto fue diseñado a la medida el FMI, los acreedores y con nuevos ajustes en áreas sensibles como la educación. Por último y a propósito del “plan de guerra” que Mauricio Macri escribió en su libro Para qué se comenzó a hablar de las pocas empresas estatales que quedan o que tuvieron que ser reestatizadas producto de una pésima gestión privada (Télam, Aerolíneas, el Correo o ferrocarriles), incluso se escuchó a algún que otro periodista progre afirmar que hay demasiados trabajadores en el Correo o en ferrocarriles (y hay que desconocer el “ferrocidio” —título del libro de Juan Carlos Cena y de un documental— que hubo en este país para afirmar que hay “muchos” ferroviarios) porque, según esta mirada, de ahí se podría achicar “uno o dos puntitos del PBI”. A ver, hay en todo esto un profundo sentido común neoliberal que —en el contexto de un deterioro general— puede penetrar porque tiene, paradójicamente, un rasgo “igualitarista”: justamente aquel que quiere “igual para abajo”. ¿Cómo es el razonamiento?: como hay mucha gente que fue despojada de derechos, entonces que todos pierdan los derechos y así estamos todos iguales. Claro, el gran privilegio (que se acrecienta con esta pérdida de derechos) el de la ganancia empresaria y los monopolios desaparece y se fogonea un “conflicto distributivo” entre los mismos trabajadores. Por supuesto que la pelea contra esto es material (como la que dieron los trabajadores del neumático), pero para allanar ese camino la disputa ideológica es importante. Y eso incluye convencer a las mayorías que la culpa de sus miserias no las tienen los trabajadores que aún conservan derechos, que los derechos laborales no son privilegios y que con la pérdida de esos derechos, perdemos todos y ganan los privilegiados de siempre.
