Repudiamos los desafueros y persecuciones y la utilización de la justicia para callar a los que luchan contra el hambre y a la oposición política.
Viernes 17 de marzo de 2023 23:32
La llamada Justicia en Jujuy tiene dos objetivos centrales: perseguir a quienes luchan y meter la mano para ordenar el escenario político provincial en función de los intereses de Morales y sus socios del PJ. Todo esto para dejar contentos a los grandes empresarios y terratenientes, los dueños de la provincia.
El año pasado, en un mismo día, un grupo de beneficiarios de planes sociales fueron juntos a la Justicia a hacer una denuncia contra las organizaciones sociales opositoras a Morales. El fiscal los acusó nada menos que de “asociación ilícita”, es decir que eran organizaciones que se habían puesto en pie con el objetivo puro de delinquir. Ni Macri ni Bullrrich ni Milei llegaron a hacer presentaciones de este tipo. Las “pruebas” estaban basadas en la infiltración a las organizaciones sociales. Si, el juez determinó que policías de civil debían infiltrarse en movilizaciones, dentro de las columnas y recabar pruebas. La acusación de asociación ilícita se cayó por su propio peso, pero la causa por extorsión -y el pedido de juicio por el fiscal- sigue para tener en la mira a las organizaciones sociales.
Pero la Justicia de Morales (con mayoría de jueces UCR y minoría PJ) no se queda allí. Tampoco sus diputados y los de Rubén Rivarola, jefe del PJ local que es una sucursal de la UCR. Por una causa de corrupción contra la diputada peronista disidente Débora Juárez Orieta -que fue parte antes del bloque oficial Cambia Jujuy- impulsada por un juez amigo y sin sentencia firme, el juez pide el desafuero. La Legislatura se lo otorga con votos de la UCR y el PJ. Del otro lado, responde el peronismo oficialista en boca de su presidente Rivarola: “pidieron el desafuero de la Justicia por vender el terreno 3 veces, por vendérselo al Estado y después a particulares”.
Las dudas sobre el accionar de Orieta podrán estar justificadas. Sin embargo la desafueran sin sentencia y con fines políticos. Morales quería evitar la unidad del peronismo. Rivarola quería marginar a una parte del peronismo de su lista. Trabajo realizado en común: UCR, PJ y Justicia.
Lo mismo sucedió con el intendente de Perico. El hombre, Luciano Demarco, del Partido VIA, iba bien como ladero del gobierno de Morales. Al parecer hizo un “coqueteo opositor”. La Justicia descubrió allí lo que estaba a la vista de todos, pero que la señora de los ojos vendados no veía. El intendente de Perico había “estirado” un tanto el hall de su casa, usando un terreno público que se convirtió de unas horas en parte de su propiedad. Fue suspendido de su cargo y posteriormente destituido por el Concejo Deliberante. En su lugar asumió un hombre del PJ-Rivarola que rápidamente nombró a 14 funcionarios propios. Si Demarco hubiera sido un buen oficialista, seguiría con el cargo y su casa contaría con un hermoso jardín en su parte delantera.
Así se puede seguir. El 3 de febrero de este año saldría la noticia de que “la justicia jujeña ordenó ayer la detención de 13 ciudadanos, entre ellos ex funcionarios y empresarios de la construcción, y los imputó por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Quien ponga las manos en el fuego por los ex funcionarios posiblemente se las queme. Pero quien no vea que la fecha está puesta en función de intervenir en el armado de las listas del PJ, sería un ciego.
Frente a esto el candidato a gobernador del peronismo disidente, el “panqueque” Snopek, ha salido a repudiar con razón todo este sistema de persecución. Se olvidó nada menos de hablar de quienes son perseguidos por luchar, lo cual es más desagradable ya que parte de esas organizaciones sociales son parte de su armado y pondrán el cuerpo para su candidatura.
Así es la justicia y así viene la mano en Jujuy. Gente de manos largas las hay. Pero las hay también en el gobierno, que no tiene funcionarios enjuiciados por el hecho de que nadie se persigue a sí mismo. Y una Justicia que es una herramienta político electoral más. Como se ve, está podrido todo en esta provincia donde solo a un extraterrestre se le ocurre decir que puede generar “mìstica”.
Claramente las necesidades de justicia del pueblo trabajador no son contempladas por este sistema jurídico, donde sus funcionarios son designados a dedo por favoritismos partidarios y ante la necesidad de contar con la ayuda de sus fallos.
La justicia, brazo aliado de Morales, cuenta también con el apoyo del poder legislativo para perseguir a opositores. Así se demostró por ejemplo cuando la Legislatura de Jujuy impidió al ahora concejal Gastón Remy, ejercer sus derechos políticos y principalmente los del pueblo jujeño -que lo había votado como candidato del FITU- para asumir en su banca.
Desde el PTS y el Frente de Izquierda condenamos en primer lugar la persecución a quienes luchan y exigimos el cierre de las causas a las organizaciones sociales. Rechazamos también la utilización de la justicia para fines político electorales como los desafueros sufridos por diputados del peronismo disidente sin que haya siquiera una sentencia de primera instancia. Aunque hoy se trate de una pelea entre sectores y camarillas de los partidos tradicionales que tienen acuerdo en lo esencial, sabemos que antes o después estos mecanismos serán utilizados contra quienes luchan, como ya pasa en Jujuy. Lo mismo dijimos sobre Milagro Sala, donde se usaron los posibles hechos de corrupción para imponer un régimen policial y represivo contra todos y exigimos su libertad. Impulsamos a la vez juicios por jurado para los casos de corrupción que están y existen (en ambos lados) para que no sean utilizados a gusto para fines políticos, haciendo de todo esto una verdadera cloaca de la cual participan todos.
Urge la necesidad de que los que imparten justicia sean elegidos por el pueblo trabajador mediante el voto directo, que su permanencia en los cargos sea revocable, que los juicios y fallos de los juicios sean impartidos por jurados populares y los ingresos de los funcionarios judiciales (como los de los funcionarios políticos) dejen de ser cifras varias veces superiores respecto a salarios y jubilaciones y que ganen como cualquier trabajador.
