El proyecto de aborto en tres causales, hoy se encuentra en los últimos trámites legislativos; la Derecha amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional, y el movimiento de mujeres debe imponer en las calles la discusión del derecho pleno.
Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Miércoles 8 de febrero de 2017
Chile es uno los cinco países en el mundo, que prohíbe el derecho al aborto en todos los casos. La Constitución del 80’, creada en Dictadura, impone como principio la "defensa del que está por nacer". El ideólogo de esta carta magna, Jaime Guzmán, planteó que "La madre debe tener el hijo aunque salga anormal, no lo haya deseado, sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte". Bajo este marco, se modificó el artículo 119 del Código Sanitario que permitía desde 1931 el derecho al aborto terapéutico.
El 15 de septiembre de 1989, la Junta de militar aprobó la Ley 18.826 que declaró ilegal el aborto, incluso con fines terapéuticos, condenando a las mujeres a la clandestinidad y a la criminalización de este derecho sexual y reproductivo.
Durante décadas se ha confiando casi exclusivamente en la vía parlamentaria para reconquistar este derecho, por lo que las mujeres llevamos casi tres décadas sin la atención necesaria y segura para un procedimiento de interrupción de embarazo. En este artículo mostramos el recorrido legislativo por despenalizar el aborto terapéutico.
Según los datos del Ministerio de Salud, en Chile se realizan 90 abortos diarios, sin contar las cifras en negro, donde algunas indican 160.000 abortos anuales. Los principales opositores a la implementación de este derecho han sido la Derecha y la Democracia Cristiana (DC); partidos que también han sido opositores a los derechos de personas de la diversidad sexual, como el derecho al matrimonio igualitario y han puesto un sin número de trabas al proyecto de Ley de Identidad de Género. Mientras tanto, los partidos de la Nueva Mayoría apuestan a aprobar lo mínimo.
Proyectos de ley para restituir el derecho y la ofensiva de la Derecha
En 1991, la diputada Adriana Muñoz (PPD) junto a otros diputados, presentaron el primer proyecto de ley post-dictadura para subsanar lo sucedido en 1989. El proyecto apelaba a la vida de la mujer y las consecuencias de fallecimiento, tanto en el matrimonio y en la crianza de los hijos, principalmente de las familias más vulnerables.
En ese momento, Chile era uno de los 17 países que prohibía el derecho al aborto en todos los casos y uno de los tres en América Latina, mientras que la población aprobaba el aborto en caso de riesgo de la vida de la madre o malformación del feto (Encuesta CERC octubre 1989). El proyecto proponía agregarse al artículo 119: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médico-cirujanos". Finalmente, la iniciativa fue archivada en 1997.
En 1994, en respuesta a este proyecto, los diputados de Derecha, Alianza por Chile, presentaron un proyecto que aumentaba las penas al "delito" de aborto; este proyecto fue encabezado por Hernán Larraín (UDI). El 2002, la UDI nuevamente levanta la propuesta y el 2006 pidió una reforma constitucional para subir el quórum de cambios a la Ley de Aborto. El mismo año, parlamentarios de la DC y RN (Renovación Nacional) plantearon sanciones para castigar a quienes atentaran contra un feto. Todos estos proyectos reaccionarios frente a la mujer fueron archivados.
Entre el 2003 y 2011 estuvo en tramitación una propuesta conjunta entre la Concertación y Renovación Nacional, realizada en medio del mandato de Ricardo Lagos, que buscaba restablecer el aborto terapéutico. El proyecto fue archivado en marzo de 2011.
En 2006, el parlamentario Nelsón Ávila (ex PR) ingresa un proyecto que proponía las tres causales, como parte del gobierno de Bachelet. El proyecto consideraba que el aborto "practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, no será punible: a) Si se ha realizado cuando exista un peligro para la vida de la madre o grave deterioro de su salud o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y se efectúe según lo dispuesto por el Código Sanitario; b) Si el embarazo proviene de una violación. Si se tratare de una menor o incapaz, será necesario el consentimiento de consuno con su representante legal”. A la vez, propuso que: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de tres médicos cirujanos especialistas en Gineco-Obstreticia".
Para 2009, dos proyectos que proponían cambiar el Código Sanitario que consideraba el aborto terapéutico fueron rechazados. En tanto, otros dos proyectos que proponían reponer el aborto terapéutico como ley, también fueron rechazados. En 2010, nuevamente, dos propuestas fueron archivadas y una rechazada en torno a iniciativas sobre el aborto y el carácter terapéutico, que buscaban modificaciones en la legislación sobre el tema. Así con otros tantos proyectos, que han queda en su tramitación inicial.
El 31 de enero de 2015, el gobierno de la Nueva Mayoría (Concertación + Partido Comunista) envió al Congreso el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Hoy se encuentra en la Cámara del Senado, tras un recorrido parlamentario que ha mostrado las más insólitas respuestas de diputados y senadores; con frases como la de la diputada Marisol Turres (UDI), quien afirmó que "hay violaciones que no son violentas", o la del diputado Pablo Lorenzini (DC), quien aseguró que "Hay mujeres que tienen violaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más". Hoy, la Derecha amenaza con recurrir al tribunal constitucional para frenar la proclamación de la ley.
Tras casi tres décadas de tramitaciones, el derecho al aborto terapéutico es una olla a presión. Miles de mujeres expuestas a la clandestinidad, criminalización, enfermedades e incluso la muerte; miles de mujeres trabajadoras, pobres e inmigrantes son las que mayormente viven como consecuencia de esta brutalidad legislativa.
El proyecto solo considera el 5% de los casos, es un avance que debe ser cumplido por las autoridades y el gobierno, sin embargo, es completamente insuficiente para responder a la realidad. Las mujeres deben usar la movilización en las calles para conquistar el derecho libre, legal, seguro y gratuito para toda mujer que lo requiera, además, debemos dar a conocer el daño que estas leyes y la creencia a los argumentos fundamentalistas le hacen a nuestras vida.
¡Este próximo 8 de marzo todas debemos ser parte de las marchas convocadas a nivel nacional por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la conquista de todos nuestros derechos!
