El miércoles 12 por la tarde, se reunió a pedido de la conducción provincial de Suteba, representada por la lista “Celeste” de Roberto Baradel, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Bonaerense para conocer sobre el proyecto de Ley de Infraestructura Escolar presentado por Maria Reigada, senadora del Frente de Todos, integrante del Ejecutivo Provincial de Suteba y de la CTA.
Sábado 15 de agosto de 2020 10:38
El proyecto, que fuera presentado a mediados de Julio en el Senado Bonaerense, y que no fue discutido entre los docentes ni la comunidad educativa en general, ya tiene asignado tratamiento en la Comisión de Educación. Sin mediar la fuerza organizada de las y los trabajadores de la educación, se impondrá la rosca parlamentaria, con su toma y daca de negociaciones entre los bloques mayoritarios, a espaldas de la comunidad educativa.
¡Sandra y Rubén PRESENTES!
El diputado del Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego del informe realizado por SUTEBA, sostuvo “Hace pocos días se cumplieron dos años de la muerte de Sandra y Rubén, por la explosión de la cocina de la escuela, mientras preparaban el desayuno a los alumnos.
Dijimos en su momento que no fue un accidente sino un crimen social, ya que las pérdidas de gas habían sido denunciadas al Consejo escolar en varias oportunidades sin obtener respuestas. Sumado a que la situación edilicia que atraviesan las escuelas bonaerenses es un reclamo permanente de la comunidad educativa: muchas veces cursan hacinados, sin luz, sin gas, sin agua, con vidrios rotos, baños químicos o en mal estado".
La responsabilidad estatal es innegable. Este crimen social visibilizó los problemas estructurales de infraestructura en las escuelas y las condiciones de precariedad en las que trabajan docentes y auxiliares.
Una deuda de todos los gobiernos
Respecto a la situación estructural Dellecarbonara agregó, “Cuando fallecieron Sandra y Rubén los docentes presentaron datos que corroboraban la emergencia edilicia de las escuelas bonaerenses: en el 75 % no se controlaban sistemáticamente las instalaciones de gas y en el 61,3 % estaban en malas condiciones; en un 67,1 % los artefactos no se encontraban en buen estado de conservación y funcionamiento. Poco ha cambiado hasta el día de hoy”.
Esa situación se sostuvo gobierno tras gobierno. Vidal, no tomó ninguna medida para resolver la crisis edilicia que venía del gobierno de Scioli y los anteriores. Siempre responsabilizó a los docentes y auxiliares de los problemas educativos e hizo recortes en áreas sensibles de infraestructura: en diciembre del 2017, un año antes de la explosión de moreno, disolvió la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), un organismo qué se encargaba de monitorear, reparar, hacer ampliaciones y construir escuelas en la provincia de Buenos Aires.
El diputado planteó que es muy importante que exista una Ley de infraestructura escolar y en ese sentido informó que desde su espacio se presentó un pedido de informes sobre infraestructura en la sesión anterior, pero que obtuvo el rechazo para su tratamiento de los bloques mayoritarios, dejando a las claras la disposición de los bloques.
Una ley sin recursos
Un tema fundamental para resolver la crisis estructural sobre infraestructura son los recursos disponibles y las prioridades de los gobiernos. El proyecto de ley de Suteba propone crear un presupuesto especial para infraestructura, con impuestos a las licencias al juego (loterías, bingos y maquinitas), a una porción de los ingresos brutos, junto a una partida presupuestaria de nación y provincia, que no especifica montos.
El diputado del FIT les consultó sobre los montos que recaudan esos impuestos y los recursos que se necesitan para la ley de infraestructura y desde la directiva de Suteba no informaron sobre este tema, a sabiendas que una ley sin financiamiento es papel mojado.
No extraña de representantes que estan integrados al gobierno y que sus “parlamentarios” como la senadora Reigada, vienen de apoyar un nuevo endeudamiento en la provincia y el apoyo a la reestructuración de la nefasta deuda de los gobiernos anteriores. No se puede pagar la deuda y conseguir presupuesto para infraestructura, ambas cosas son incompatibles.
Es importante destacar que esos impuestos que proponen ya hoy se aplican y se asignan a educación, Es decir que estarían proponiendo una reasignación dentro del ya bajo presupuesto educativo, lejos de un aumento de presupuesto que es lo que hace falta.
El presupuesto general de la provincia de buenos aires entre el 2016 y el 2019 tuvo un aumento por debajo de la inflación entre un 30 al 60 % según el estudio que se consulte, es decir un recorte. Este año, la gestión del gobernador Kicillof lanzo el programa “escuelas en obra” que según datos de la subsecretaría de infraestructura escolar cuenta actualmente con 893 obras y un monto total comprometido del 0,4 % del presupuesto prorrogado destinado a educación en el 2019. Frente al deterioro educativo existente es un monto altamente insuficiente, que contrasta con los 300 millones de dólares que la provincia pagó este año en deuda externa.
“Hace pocos días se festejó la reestructuración de la deuda con los organismos de crédito internacional. Una deuda que no fue investigada; tampoco ese dinero fue a inversión social. Y el jueves pasado se aprobó en la Legislatura de la provincia un nuevo endeudamiento por 500 millones de dólares y 20 mil millones de pesos, cuando continúa en proceso de reestructuración la enorme deuda que dejó Vidal. Nosotros consideramos que hay que hacer un desconocimiento soberano, invertir las prioridades y poner esos recursos en educación y salud y no para el pago a los especuladores de una deuda ilegítima y fraudulenta", expresó Dellecarbonara.
Por otro lado, desde la banca del FIT Nicolás del Caño y Romina Del Plá presentaron un proyecto de impuesto a las grandes fortunas que fue rechazado para su tratamiento. Si se aplicara un impuesto extraordinario del 3 % a la riqueza de los grandes millonarios, terratenientes y banca privada el monto recaudado superaría ampliamente los $ 450.000 millones o USD 6.923 millones, recursos que se podrían poner a disposición de resolver los problemas estructurales de infraestructura escolar”, sostuvo Dellecarbonara sobre la discusión de los recursos y rediscutir las prioridades del gobierno.
¿Y los 12 puntos de CTERA? Condiciones mínimas de habitabilidad.
El proyecto de ley no especifica como condición básica de habitabilidad y funcionamiento de las escuelas la necesidad de garantizar los “12 puntos de escuelas seguras de CTERA”, junto a especificar la cantidad de baños, aulas y condiciones de habitabilidad dignas. Este punto es muy importante, más aún cuando el Consejo Federal de Educación firmó el Protocolo Marco para una eventual vuelta a clases, y que la oposición docente vienen denunciando que es prácticamente inaplicable por las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas, que no reciben jabón ni lavandina, y algunas ni siquiera cuentan con agua.
Una ley que convalida la descentralización
A su vez, el proyecto sostiene tres niveles de aplicación y administración de recursos: a nivel Provincial la Dirección de Escuelas, los Consejos Escolares y un Fondo Especial por Escuela administrado por las Cooperadoras y Equipos Directivos, es decir una completa fragmentación de recursos y municipalización de funciones. El diputado del Frente de Izquierda, planteó respecto a los niveles de aplicación de la ley “Consideramos que la descentralización en infraestructura no ha servido para mejorar la calidad edilicia y educativa, sino todo lo contrario"
Sin la voz de las escuelas
Por último, Dellecarbonara sostuvo que “Deberían tener peso en el relevamiento de las condiciones de infraestructura y control del presupuesto para obras, refacciones, etc., los aportes por parte de la comunidad educativa de docentes, alumnos, auxiliares y familias en general, así como de los sindicatos que son quienes mejor conocen las necesidades de las escuelas”.
El proyecto de la senadora Reigada no propone espacios de control ni gestión por parte de la comunidad educativa, ni siquiera en los relevamientos de las condiciones. Da todo el poder a la UEGD, que es un espacio que ya existe, de cogestión con el gobierno, donde los sindicatos son minoría. Un proyecto de infraestructura debería ser discutido desde las escuelas y proponer la gestión y el control de las obras y las necesidades a todos los trabajadores de la educación y las familias que son quienes sostienen día a día la escuela pública, y quienes vienen luchando por mejores condiciones.
Es necesaria la fuerza organizada de la comunidad educativa para resolver la crisis edilicia actual, y que se proponga en primer término el aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas. ¡Para esto la conducción de Suteba tiene que convocar a asambleas por escuela para debatir y organizarnos!
