LGTBI. La ley contra la homofobia continúa sin implementarse en Cataluña

El Observatorio Contra la Homofobia (OCH) publicó un estudio sobre el Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en el año 2015 que deja en evidencia al gobierno de la Generalitat catalana.

Recordemos que en octubre de 2014 se aprobó en el Parlamento la Ley 11/2014 para “garantizar los derechos de Lesbianas, Gais, Transexuales , Bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la transfobia y la bifobia”. La misma recoge toda una serie de mecanismos y protocolos necesarios para ello.

La aprobación de la ley supuso una conquista del movimiento LGTBI en Cataluña y una legislación pionera en el Estado Español y en Europa. Sin embargo, como ya se ha denunciado en otras ocasiones desde el Gobierno no se están tomando las medidas necesarias para hacerla efectiva en la práctica.

Entre otras cuestiones, el estudio especifica que no se ha desarrollado ninguna medida ni reglamento especial para establecer el Régimen de infracciones y sanciones contra las agresiones lgtbfobicas que prevé esta ley. Expone que es urgente actuar al respetco, ya que un 31% de los casos registrados por homofobia acabó en agresiones físicas y/o verbales.

También se destacan las deficiencias ante la accesibilidad a la salud para las personas LGTBI. Una de las principales reivindicaciones es que se establezca el derecho a la reproducción asistida de mujeres lesbianas y bisexuales, también previsto en la ley 11/2014.

Por otra parte, resaltan la necesidad de despatologizar a las personas. A la vez que denuncian las largas listas de espera para las personas que quieren realizar una operación para el proceso de cambio de sexo, solo se practicaron 15 intervenciones de las 200 que hay en la lista de espera.

Una de las mayores preocupaciones es ante los casos de bullying en las escuelas e institutos que van en aumento. Denuncian que no se han desarrollado protocolos de actuación específicos y adecuados, y que los profesionales de la educación tampoco reciben ninguna formación al respecto. Alertan que ’’han detectado varios casos de bullying en institutos públicos donde los profesores no los estaban diagnosticando y acababan echando del colegio a los alumnos acosados, pero nunca a los acosadores"

¿Por qué no se está desarrollando la Ley contra la LGTBIfobia?

Eugeni Rodríguez, director del OCH, afirma que “la ley estuvo secuestrada durante el anterior mandato de CIU” ya que “a pesar de votar a favor del texto, nunca apostó por su implementación’’. Según el OCH con el actual Gobierno de Junts pel Si, aunque esté formado mayoritariamente por Convergencia, parece haber “mayor voluntad” para cambiar esta situación.

La responsabilidad de las Políticas LGTBI, que hasta ahora estaba en manos de Unió Democrática de Catalunya, paso a ser responsabilidad de ERC. Desde la Dirección de Igualdad - responsables de las políticas LGTBI actuales -, notificaron que se comprometían a realizar un reglamento específico para que se desarrolle el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 11/2014; Eugeni Rodriguez también afirma que desde la Conselleria de Salud ’’ hay un compromiso de Toni Comin, para antes de junio, de que los derechos sexuales y reproductivos no se reciban como una agresión sino como un servicio’’.

Sin embargo, desde otras Consellerias como la de Enseñanza aún ni han mostrado voluntad para reunirse, a pesar de la gravedad de los casos de bullying en los centros educativos y de las enormes deficiencias en recursos y protocolos efectivos de actuación.

Sea como sea, las medidas propuestas por las Consellerias que, aparentemente, han mostrado ’’mayor voluntad’’ aún son completamente insuficientes. A la vez que, hasta ahora, solo resultan ser promesas sin un plan real, concreto y específico para llevarlas a cabo en la práctica. Para el actual Gobierno de Junts pel Si, establecido con el apoyo de la CUP, los derechos de las personas LGTBI, así como de otros colectivos oprimidos, no son ninguna prioridad en su agenda política.

Es por ello que no es nada extraño que para muchas personas LGTBI exista una desconfianza hacia la Administración y las instituciones públicas. En el mismo informe el Observatorio Contra la Homofobia alerta que hay un tanto por ciento elevado de víctimas que quieren denunciar su caso al Observatorio, pero no a la Administración.

Una realidad que también se evidencia en las estadísticas a nivel estatal. Actualmente las agresiones hacia el colectivo LGTBI suponen aproximadamente un 40% de las denuncias por delito de odio, sin embargo, aún hay muchísimos más casos que no llegan a denunciarse, según la FELGTB suponen acerca del 70 y el 80%.

Las razones son varias, pero principalmente revelan la desconfianza hacia un Estado y unas instituciones que no sólo no hacen nada, sino que a lo contrario siguen potenciando la discriminación LGTBIfobica. Ante ello es indispensable una movilización independiente del Estado para imponer, mediante la lucha en las calles, una igualdad real.