En la reestructuración de la deuda argentina la realidad supera la ficción. Billions, la serie disponible en Netflix donde Bobby "Axe" Axelrod acumula riquezas con su agresivo fondo de inversión, se queda corta en comparación con los métodos con que negocian la reestructuración de deuda los lobos de Wall Street [1]. El mexicano Gerardo Rodríguez Regordosa fue el primer negociador frente al equipo económico argentino en representación de BlackRock, el principal fondo especulativo del mundo. Fue quien amenazó meses atrás al ministro de Economía, Martín Guzmán: afirmó que si ellos querían podían cambiar a los directivos del FMI y esperar a que él no esté más para obtener mejores condiciones.

Finalmente, Rodríguez Regordosa fue reemplazado por la abogada Jennifer O´Neil luego de la intermediación de jugadores interesados, tal es el caso de otro mexicano, David Martínez, socio del Grupo Clarín y dueño del fondo de inversión Fintech, uno de los acreedores de Argentina. Los modales cambiaron: O’Neil es una negociadora más amable. No obstante, las amenazas siguen en pie. BlackRock lidera el “Grupo Ad Hoc”, que también integran los fondos Fidelity y Ashmore. El rechazo de esta parte de los especuladores es la principal traba que parece tener por delante la reestructuración de deuda argentina. Aparentemente, la diferencia reside en detalles contractuales. No obstante, los trascendidos indican que BlackRock presiona para que Alberto Fernández se vea obligado a realizar una negociación directa con Donald Trump y el Tesoro de los Estados Unidos, donde, además de cuestiones financieras, se discutan aspectos geopolíticos.

Martín Guzmán mantuvo firmes sus buenos modales, su tono moderado en la argumentación, su estilo sencillo y humilde, al tiempo que flexibilizó todos sus principios: su idea de “última oferta”, enarbolada en abril, está enhebrada en un álgebra móvil que cede cada vez más dólares a los acreedores. El lunes 6 de julio el Gobierno formalizó frente a la Security and Exchange Commission (SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos) una nueva oferta para la reestructuración de deuda: propone pagar U$S 53,5 por cada U$S 100 adeudados [2]. El efecto de la reestructuración es que los especuladores ganen menos de lo que tenían planificado. Pero ninguno pierde. En realidad la quita de capital es insignificante: 1,9 % promedio ponderado para las distintas series de bonos [3]. De abril a julio, el ministro de Economía pasó de ofrecer U$S 40 a ofrendar U$S 53,5: según varios analistas financieros, esto implica unos U$S 15 mil millones adicionales de pagos de deuda en relación a los cálculos de hace tres meses atrás. En la negociación, Guzmán fue dejando de lado otros principios. El 1 de junio, a pedido del ministro, el FMI hizo un estudio de sostenibilidad que afirmaba que existía muy poco margen para mejorar la oferta, que en ese entonces se ubicaba en U$S 47. Con la nueva propuesta es muy probable que se esté vulnerando el marco de sostenibilidad en el que tanto énfasis hizo Guzmán. No solo eso. El FMI, que siempre falla en sus mal intencionados pronósticos, realizó aquél análisis con los escenarios económicos de marzo, antes que la pandemia del coronavirus dejara expuestas todas las debilidades previas de la economía mundial y la Argentina. Toda la historia económica reciente muestra lo falaz de estos estudios, por lo rápido que la deuda pasa de ser supuestamente “sostenible” e evidenciarse como una hipoteca impagable: el documento del FMI es directamente ciencia ficción.

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Los bonos en manos de los especuladores cotizaban a U$S 30 dólares antes de que se iniciaran las negociaciones gracias al default virtual y el derrumbe económico que dejó Mauricio Macri. En la actualidad, cotizan encima de U$S 40 dólares. Quienes acepten el canje van a obtener U$S 53,5, lo cual implica una recuperación patrimonial significativa en relación a fines del año pasado. Por la naturaleza de la especulación financiera, no hay información pública sobre a qué valor compró cada tenedor el bono. Si bien muchos tenedores pueden haber comprado U$S 100, U$S 80 o en una amplia gama de cotizaciones intermedias, existen algunos acreedores que compraron justamente a U$S 30, cuando esos bonos se devaluaron y estaban a “precios de remate”. En esos casos, las ganancias patrimoniales son gigantescas: casi del 80 %. Tanto que, incluso, el Gobierno apuesta a que este sector sea el que le permita un canje exitoso.

Los detalles técnicos son difíciles de ponderar para la mayoría del pueblo trabajador que va a sufrir la hipoteca que significa la deuda, pero los respaldos del exministro de Finanzas macrista, Luis Caputo, y de Domingo Cavallo dan cuenta de la generosidad de la oferta del Guzmán. Además, la propuesta del actual ministro contiene una cesión de soberanía, en tanto se emite con prórroga de jurisdicción: esto significa que, frente a cualquier litigio, las reglas y los árbitros son extranjeros. De esta forma, queda abierta la puerta a que en el futuro aparezcan nuevos Thomas Griesa, el fallecido juez neoyorquino que impuso, con el beneplácito del Congreso Nacional, pagar una millonada a los fondos buitre.

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Mientras BlackRock esgrime todas sus armas extorsivas para defender sus intereses, el Gobierno de Alberto Fernández busca destrabar la negociación con el lobby del Papa Francisco y de economistas que luego de haber servido al capital financiero hicieron un mea culpa por los “daños colaterales” causados por el neoliberalismo, como Joseph Stiglitz, quien fuera asesor del presidente yanqui, Bill Clinton, y economista jefe del Banco Mundial. Estos respaldos se confrontan con la misma tragedia del ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, quién le habló al corazón de los “mercados” que, insensibles, le contestaron con el bolsillo.

La propuesta de Guzmán también recibió el respaldo del FMI, el G-20 y el Club de París. El gobierno postergó los pagos de este año con el Club de París y pidió una rebaja de la tasa de interés desmedida que acordó Axel Kicillof en 2014 para pagar una deuda con origen en la dictadura. Si logra cerrar un acuerdo con los acreedores privados, lo cual todavía no tiene asegurado, el próximo paso de Guzmán será negociar con el FMI, quien no acepta ninguna quita y vela por asegurarse el cobro del préstamo más grande de su historia. Un acuerdo con el Fondo es, a la vez, exigido por el Club de París. Así se entienden mejor esos apoyos “bien” intencionados. El resultado final de la reestructuración sigue abierto [4]. La oferta argentina estará vigente hasta el 4 de agosto.

En su reciente informe de estabilidad financiera [5], el FMI advierte que “tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes, la carga de la deuda de empresas y hogares podría tornarse inmanejable”. Según el FMI, otro foco de inestabilidad se encuentra en los que denomina mercados emergentes (países dependientes, semicoloniales, según los marxistas) que, a pesar de cierta distensión en relación a los primeros meses de la pandemia, siguen enfrentando riesgos para cubrir sus necesidades de financiamiento. En este contexto crítico, con un mundo que acumula una montaña de deudas de empresas, familias y estados (deudas que alimentaron las ganancias financieras exorbitantes desde la salida de la crisis de 2008/2009), el resultado de la reestructuración de deuda argentina puede actuar como una suerte de “paritaria testigo” a escala global para esa montaña de deudas que, eventualmente, puede ingresar en un proceso de reestructuración en medio de la crisis global [6].

Asociación ilícita

El Banco Central indica que “El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones” [7]. La mayor parte del endeudamiento macrista financió la fuga de capitales; en particular el préstamo del FMI se esfumó casi todo en fuga. Casi el 30 % de toda la salida de capitales de la era macrista la realizaron 100 agentes sobre los cuales la entidad financiera no ofrece detalles. La información sí fue difundida por Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna: Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa e YPF están en el top ten de fugadores [8].

A fines de mayo, en el Congreso, se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa con el objetivo de pedir al Banco Central que detalle los nombres de los que fugaron capitales (los mismos que difundió Verbitsky) y al Ministerio de Economía que indique cómo fue la elección de bancos colocadores de deuda durante el macrismo. En esa reunión se denunció de todo: Oscar Parrilli (Frente de Todos) explicó que en los últimos tres años de Macri se fugaron capitales a guaridas fiscales para pagar menos impuestos; Maurice Closs (FdT) señaló que el gobierno anterior le daba garantía a los fondos especulativos y bancos internacionales para que hicieran ganancias del 40 % en dólares: Luis Tailhade (FdT) dijo que J.P. Morgan se llevó millones de dólares del Banco Central en abril de 2018 provocando la devaluación del peso argentino; Carlos Heller (FdT) se preguntó cuánto de lo fugado califica cómo ilícito y cuánto se explica por la famosa “bicicleta financiera”, a la vez que cuestionó que siga vigente la Ley de Entidades Financiera de la dictadura militar que contiene una filosofía: los bancos hacen lo que quieren. Fernanda Vallejos (FdT) unió cabos: contó que el Congreso investigó 4040 cuentas bancarias activas durante 2006 y 2007 a través de las cuales HSBC organizó la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos del país a Suiza; que recientemente AFIP abrió una causa sobre otras 950 cuentas bancarias localizadas en el exterior de sujetos que evadieron impuestos; que hay otra la lista de quienes compraron dólares durante la crisis de 2008 y 2009; y otra lista más de la fuga de 2011; a lo que se suma la información que surge de los Panamá Papers. ¿Cuál es el hallazgo? Vallejos indicó que se repiten los nombres de los fugadores en todas las listas [9].

Ricardo Buryaile (UCR-Cambiemos) dijo que había que ir más atrás en la investigación: investigar, por ejemplo, los canjes de 2005 y 2010. No le faltan razones. El actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, es su libro La deuda ilegítima [10] dice que el canje de 2005 fue inconstitucional e ilegal en tanto sirvió para regularizar la deuda del “blindaje” y del “megacanje”, operaciones sospechadas de fraudulentas, realizadas por el Gobierno de la Alianza. Buryaile metió el dedo en la llaga: dijo que a la vez que la Bicameral comprobó que el HSBC es responsable del lavado de activos, es una de las entidades que eligió Martín Guzmán para llevar adelante la reestructuración de deuda.

Es paradójico: HSBC, a través de su exCEO, Gabriel Martino, fue uno de los principales socios en los negociados de la deuda durante la gestión Cambiemos, tanto que fue quien ofició de celestino entre el fondo especulativo Franklin Templeton y el expresidente. Hay que prestar atención a este dato porque parece increíble, pero es real: Guzmán contrató al HSBC para que “solucione” la crisis de la deuda argentina.

En ese debate parlamentario, el cruce de denuncias mutuas expuso la asociación ilícita que actúa detrás de la deuda y la fuga de capitales: se trata de dos engranajes de un mecanismo de vaciamiento donde el empresariado nacional es socio menor del gran capital internacional. El sistema bancario es el instrumento de la fuga. No es un hecho novedoso. La investigación del Congreso sobre la fuga de capitales de 2001 concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y, otra vez, el HSBC [11]. Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo encerraban en el “corralito”. La fuga no se detuvo en los gobiernos kirchneristas. De hecho, es lo que surge del detalle de las listas que mencionó Vallejos, que abarcan casi dos décadas: más de U$S 100 mil millones se fueron del país en los gobiernos de Néstor y Cristina, solo que en ese momento se financió la fuga con divisas del superávit del comercio exterior gracias a los precios extraordinarios de las materias primas de exportación.

En aquella reunión de Comisión Bicameral del mes de mayo, Romina del Plá y Nicolás del Caño, que participaron del debate con un planteo de desconocimiento soberano de la deuda, estaban en condiciones de decir: “señor juez, no más preguntas”. Es evidente que el endeudamiento argentino califica como deuda odiosa, en tanto fue contraído contra los intereses de las mayorías populares. También es evidente que BlackRock es solo el “Al Capone” de una mafia mundial conformada por los fondos de inversión, el sistema bancario y los organismos internacionales como el FMI. No obstante, todo el régimen político capitalista se prepara para convalidar este saqueo. Quizás allí resida el apoyo de Luis Caputo a la propuesta de Guzmán, quien luego de haber estafado al país con un bono a cien años debe estar pensando lo bueno que es hacer borrón y cuenta nueva.

El Congreso y el Banco Central hasta el momento solo han realizado un simulacro de investigación, sin ninguna consecuencia para los que vacían el país, que siguen ganando como siempre. El sistema bancario sigue ganando mucho: $ 74 mil millones entre enero y abril, el equivalente a $ 25 millones por minuto. Una buena parte de su rentabilidad proviene del negocio de las Leliq, cuyos intereses paga el Banco Central. La banca ni siquiera cumple el rol que le está supuesto en el capitalismo: canalizar recursos para promover el crédito. El desconocimiento soberano de la deuda, es decir un no pago a BlackRock y el resto de los especuladores impulsado por la movilización popular debe ir acompañado del planteo de nacionalización de la banca, que en manos privadas es un instrumento más del vaciamiento del país.

Un Caballo de Troya para la “reconstrucción”

La deuda es un mecanismo de dominación que atraviesa toda la historia del país. Pero, evidentemente, pegó un salto de calidad y cantidad en un esquema amplio de ataque a las condiciones de vida regido por el neoliberalismo. Desde la dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976, hasta la actualidad el balance es claro: la pobreza de ser menor al 10 % en los ’70 alcanzó un nuevo piso histórico de al menos un cuarto de la población para expandirse a más del 50 % en momentos de crisis profundas, como en 2001-2002 (un nivel que podría alcanzar nuevamente este año), el desempleo se consolidó en alrededor un décimo de la población activa (es decir, la que busca o tiene trabajo; sin contar la que se cansó de patear sin encontrar empleo) y trepó a más del 20 % en 2002. A lo que se suma una distribución de la riqueza más desigual. De la mano del sometimiento que implica la deuda avanzaron las privatizaciones, que desde los ’90 dejaron en manos privadas los servicios públicos. Desde 2011, el país alcanza casi una década de estancamiento económico y retroceso del PIB per cápita.

La restricción externa, es decir la crónica escasez de dólares para el crecimiento y el desarrollo económico, brota de una estructura económica atrasada que para sostener su actividad requiere de dólares para importar bienes intermedios y maquinaria para la industria, e incluso también para el sector agropecuario desde que su “modernización” de las últimas décadas requiere cada vez más insumos y tecnología importada. Pero esa escasez de dólares es acentuada por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y los envíos de ganancias a sus casas centrales que hacen las empresas extranjeras. La mayor extranjerización del aparato productivo es otra de las consecuencias de las políticas económicas de las últimas décadas: el capital imperialista explica el 78 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre las 500 grandes empresas del país [12].

La derecha acusa perversamente a un supuesto populismo de la decadencia histórica del país, cuando es la clase social capitalista que domina los resortes estratégicos de la economía la responsable. El gobierno rechaza los postulados neoliberales, e incluso exhibe tensiones fuertes con un sector del capital financiero por la reestructuración de la deuda, pero anuncia que prepara la “reconstrucción” de la mano de esa misma clase social que dejó al país en las condiciones actuales. En la celebración del 9 de julio, Alberto Fernández convocó a Olivos al Grupo de los Seis (G-6): Miguel Acevedo y Carolina Castro (Unión Industrial Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Néstor Szczech (Cámara Argentina de la Construcción) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina). El anunció de un impuesto a las grandes fortunas se posterga infinitamente mientras se envía un proyecto al Congreso para establecer una moratoria impositiva que beneficiará, fundamentalmente, al gran capital. El oficialismo propone un nuevo blanqueo de capitales para que los fugadores seriales aporten a la reconstrucción. Un desatino.

En otro plano, la deuda es un Caballo de Troya que pone límites estrechos a cualquier plan keynesiano, “mini” Marshall, o plan de reconstrucción, según el “marketing” que hace el oficialismo de la idea de superar la actual crisis. La negociación de Guzmán comprende la deuda emitida bajo jurisdicción extranjera: apenas un 20 % del total. Sí, es cierto, es el tramo más complejo de negociar: allí está BlackRock como testimonio. Pero resta reestructurar otro 80 %. Una parte es más sencilla, aunque no menos onerosa: se trata de deuda emitida bajo jurisdicción local (¡milagro! rige la ley argentina). Y, como si fuera poco, falta negociar la deuda con el FMI.

Antes de ser ministro, Guzmán afirmaba que Argentina necesitaba de tres a cuatro años de gracia para volver a crecer y poder pagar. El plazo de gracia de Guzmán se fue achicando hasta casi hacerse imperceptible: el año próximo comienzan los pagos. Es cierto, que de ser exitosa la reestructuración, los pagos con acreedores privados serán reducidos en 2021 y 2022. No ocurre lo mismo con los pagos con organismos internacionales, como el FMI, el BID y el Banco Mundial, a los cuales el año próximo habrá que pagar U$S 7.400 millones. En 2022 y 2023, los pagos al Fondo y organismos internacionales se elevan por encima de los U$S 20 mil millones cada año. ¿Cómo hará el oficialismo para juntar esos dólares en medio de una crisis económica, sanitaria y social de dimensiones históricas? Por fuera de la magia, es difícil encontrar la respuesta. ¿Negociará con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para postergar los pagos? La historia indica que con el Fondo nada es gratis: a cambio de ese tipo de acuerdos exige reformas regresivas en los ámbitos previsional, laboral e impositivo.

Hasta el FMI reconoce que, en escenarios irrealmente optimistas, en el mediano plazo entre el 3 % y el 5 % del PIB (lo que produce Argentina cada año) se tendrían que destinar a pagos de deuda. Es decir, es la proporción de la riqueza creada por las manos de las trabajadores y trabajadoras argentinas que se llevarán los especuladores en las siguientes décadas.

De la dictadura hasta la actualidad se pagaron más de U$S 600 mil millones. La deuda no paró de crecer: pasó de ser U$S 8 mil millones en 1976 a elevarse a U$S 321 mil millones cuando se fue Macri. La deuda, como mecanismo de dominación, comprende el mismo castigo de Sísifo que, según la mitología griega, tenía que empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que, previo a llegar a la cima, volvía a desbarrancarse hacia abajo. Sísifo repetía el frustrante y absurdo procedimiento una y otra vez.

Como fue desarrollado en el manifiesto programático publicado por el PTS en el Frente de Izquierda-Unidad, para poner fin a la dominación del país y a la decadencia nacional, es necesario imponer el desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, propuestas integradas en un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. La clase trabajadora tiene la tarea de terminar con la irracionalidad capitalista reorganizando la estructura económica en función de atender las necesidades sociales.

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