En el Día global de lucha por el Derecho al Aborto, se realizará una movilización a las 18 desde Colón y General Paz.
Miércoles 26 de septiembre de 2018 18:24
La “Córdoba de las campanas” fue una de las ciudades donde más personas se movilizaron por la legalización del aborto este año. La marea verde desbordó las calles, las escuelas, los hospitales, los colectivos, los lugares de trabajo, llegó a cientos de localidades del interior. Las y los estudiantes de la Universidad que se levantaron contra el recorte a la educación pública tomaron también la pelea por el derecho al aborto y exigieron la separación de la Iglesia del Estado. En un gesto que recuerda a los reformistas del 18 tirando cuadros de curas por la ventana del rectorado, retiraron la estatua de la virgen del patio de la Facultad de Derecho.
Pero la Córdoba de las campanas sigue actuando y tiene nombre y apellido. Se llama Samuel Jofré Giraudo, el obispo de Villa María que denostó a las personas trans al tratarlas como “hombres disfrazados de mujeres”. Mientras se debatía la legalización del aborto en el Congreso, Giraudo firmó junto a otros obispos una carta donde sostenían que el país corría riesgo de volverse una dictadura si la ley se aprobaba. También se llama Portal de Belén, la organización católica que presentó un amparo contra el protocolo de aborto no punible en el 2012. Se llama Aída Tarditti, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que todavía no emitió un fallo definitivo sobre ese amparo.
Pero también se llama Unión por Córdoba y Cambiemos, cuyos diputados y diputadas rechazaron dar media sanción al proyecto de ley por el que el movimiento de mujeres viene peleando hace años. En la Legislatura local, han bloqueado cada pedido de debate sobre el derecho al aborto o la implementación de la Ley de Educación Sexual. Se han negado a discutir siquiera sobre los aportes de dinero y las exenciones impositivas que reciben las iglesias, lo cual les otorga un poder político y económico enorme.
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Usan ese poder para frenar cualquier avance en los derechos de las mujeres y la disidencia sexual, pero también para perseguir a estudiantes y docentes que están a favor de la legalización del aborto en las escuelas confesionales. Los despidos de las docentes Romina Molina y Florencia Vega Clavero son sólo un ejemplo. O para lanzar una campaña en los espacios públicos, en los medios de comunicación y en las redes sociales contra la modificación de la Ley de Educación Sexual que se está discutiendo en Diputados.
Al mismo tiempo, el saqueo desatado por el Gobierno nacional y los provinciales, a tono con las exigencias del FMI, golpea primero y más fuerte sobre las mujeres, incrementando las cifras de desocupación, trabajo en negro y precarizado. El ajuste en el presupuesto del 2019 muestra que el Instituto de las Mujeres perderá el 18 % contra la inflación, además del achique llevado adelante en el Ministerio de Salud, que pasó a ser una Secretaría.
Este viernes, Día de lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, la marea verde se expresará nuevamente en las calles de Córdoba para exigir Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir. Pero también para luchar contra el saqueo de Macri, los gobernadores y el FMI, y por la separación efectiva y real de la Iglesia del Estado.
