DDHH. La necesidad del levantamiento del secreto Valech

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe y las promesas de campaña electoral, la demanda del levantamiento del secreto Valech ha vuelto a cobrar fuerza. Un secreto que es una evidencia del pacto de impunidad entre los partidos patronales de transición: de la derecha y de todos los partidos de la ex concertación, que han defendido ese secreto, pese a que algunos intenten desmarcarse.

Hace dos semanas, un grupo de parlamentarios reeditó un proyecto de ley para levantar el secreto. Sería un nuevo intento que, sin movilización, aislado de las distintas luchas y bajo la idea de la negociación parlamentaria, ya había fracasado en instancias anteriores. Pero el próximo martes Gabriel Boric anunciaría una nueva fórmula para abordar el tema, según consignó ayer La Tercera.

De acuerdo a la fuente, el gobierno estarían explorando tres alternativas: un levantamiento total del secreto; la anonimación reglamentaria de los testimonios y su publicidad parcial; o bien, la implementación de un mecanismo mediante el cual las víctimas puedan decidir si quieren o no que sus testimonios sean públicos. Esta ultima alternativa, que sería la más probable, tiene antecedentes. La nota de La Tercera recoge algunos de ellos, que aquí complementamos con otros.

Hemos de recordar que durante el debate parlamentario de la ley de Ricardo Lagos del 2004, que estableció este secreto, varios parlamentarios recalcaron de forma reiterada que la nueva ley explícitamente no obligaba a las víctimas individuales al silencio. Especialmente aquellos que favorecían el secreto insistieron en que las víctimas son titulares de sus propios archivos, teniendo derecho de conocer y disponer de aquellos como deseen.

Años después, aquel derecho individual de titularidad sobre los archivos se usaría como resquicio legal para lograr la publicidad de los casos o reacaudar material para prosecución de ellos. Esta vía de levantamiento del secreto sería estimulado por la obra de Desclasificación Popular, creada por el artísta Papas Fritas junto a organizaciones de ex-presos políticos y víctimas de la dictadura. Y la misma idea tras este proyecto, sería la base de la principal fórmula que estaría pensando el actual gobierno para el levantamiento del secreto Valech.

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Las más 40 mil víctimas de la dictadura.

El año 2003, frente a nuevos antecedentes criminales que continuaban apareciendo y la demanda social que acompañaba a sobrevivientes y familiares y amigos de las victimas, así como de las organizaciones de DDHH, el presidente Lagos crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el monseñor Valech, de quien toma su nombre.

Esta comisión recogería nuevos testimonios y pruebas documentadas para realizar un catástro calificado de víctimas y describir el modus operandi de la criminal represión. Su objetivo sería complementar y suplir las falencias de los informes anteriores de la Comisión Rettig (1990-1992) y la Corporación de Reparación y Reconciliación (1992-1996), los cuales habían hecho un reconocimiento parcial de las víctimas con resultado de muerte o desaparecidas, contando entonces a 3.197 personas (2.095 y 1.102, respectivamente).

La Comisión Valech se conformó en dos ocasiones, el 2003 y el 2009, realizando dos informes respectivos y rectificaciones. Valech 1 reconoció a más de 28 mil víctimas de prisión política y tortura, mientras que Valech 2 confirmó casi 10 mil casos más. En total el Estado de Chile ha reconocido públicamente hasta hoy más de 40 mil casos de víctimas: 38.254 de prisión política o torturas (casos Valech) y 3.227 de desaparición forzada o ejecución extrajudicial por razones políticas (casos Rettig).

Un secreto para asegurar la impunidad.

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El informe Valech I, al igual que los anteriores, además de la nómina de víctimas y la descripción general de los casos, propuso medidas de reparación. Estas medidas fueron integradas en la ley 19.992 del 2004, que estableció pensiones, becas estudiantiles, accesos en salud y vivienda, para las víctimas oficialmente calificadas.

Pero además, esta misma ley, en su artículo 15, impuso el cuestionado secreto de los archivos por 50 años. Aclaremos que el informe Rettig y el de la corporación, así como lo recogido por la Mesa de Diálogo de 1999 (que buscó recolectar información anónima de victimarios y colaboradores), también formularon reservas de confidencialidad que podrían ser cuestionables en la medida que protegen a los agentes y responsables criminales y no a las víctimas. Sin embargo Valech 1 rompe cualquier cuestión de medida. A diferencia de las otras instancias, su alcance impidió absolutamente el acceso a los antecedentes recopilados a los tribunales de justicia, para cualquier propósito que se soliciten, sancionó el quebrantamiento del secreto y aseguró un plazo vital de impunidad.

El secreto, innegablemente, es un obstáculo para establecer verdad y justicia. Pero además, tal como se dispuso en la ley para Valech 1, esta reserva violaría incluso la Constitución de la dictadura, las leyes y tratados internacionales, tal como lo han denunciado todos los años por las organizaciones de Derechos Humanos, como la Comisión Ética contra la Tortura o el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Al mantener el secreto y dejar la tarea de persecución a las víctimas de forma individual, el Estado, hasta hoy, desconoce su obligación legal de actuar de oficio contra los crímenes de derechos humanos. Entonces ¿cómo se explica que se haya establecido y mantenido?

El secreto fue dispuesto en la ley del 2004 desde su origen. En el mensaje presidencial se dedicaron varios párrafos para su justificación. Allí Ricardo Lagos apeló a que el carácter de reserva de todas las actuaciones de la Comisión Valech estaba expresamente contenido en el decreto supremo que la creó, siendo este un “elemento esencial para el éxito de su cometido” y “un compromiso formal del gobierno para con las víctimas”. En el debate legislativo este secreto fue cuestionado por algunos parlamentarios y por manifestaciones de organizaciones de víctimas en las tribunas del Congreso. Sin embargo la disposición presidencial prevaleció, sostenido bajo el argumento de que supuestamente protegería a las víctimas de las posibles represalias o de la revictimización -a las que poco o nada se refirieron-. Las víctimas calificadas por el informe, dicho sea de paso y en contradicción con el argumento, habían sido publicadas con nombres completos y RUT en la nómina, no habiendo sido ninguna siquiera avisada de esto.

Lagos ha reiterado por años el mismo argumento de protección a las víctimas para reafirmar su defensa al secreto, afirmación que ha sido desmentida una y otra vez las mismas víctimas y las organizaciones de derechos humanos. El ex presidente volvió a hacer esto hace unas semanas por televisión. Un argumento que, por supuesto, es también un regalo para la derecha pinochetista, parte de los “te doy para que me des” a confesión de Lagos. Personas como J. A. Kast, amigo de criminales como Krasnoff, lo utilizan para su defensa.

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Antecedentes y un artista

En septiembre del 2014, un grupo de diputados de Nueva Mayoría (el conglomerado desde el PC hasta la DC del segundo gobierno de Bachelet), propone un proyecto de ley (boletín 9598-17) para el levantamiento del secreto Valech. Este se votó en general recién el 31 de agosto del 2016, siendo vergonzosamente rechazado por un parlamento con mayoría oficialista. Al siguiente día, ante tal escándalo, se repone un segundo proyecto de ley (boletín 10.883-17), que esta vez solo levantaría el secreto para uso exclusivo de tribunales de justicia, y solo de aquellos archivos que estos pidan para la investigación de causas particulares. Es decir, manteniendo el secreto al público y en un número extremadamente reducido, como ocurre en los hechos con los archivos de Valech 2. Un año más tarde, el 2017, la presidenta Michelle Bachelet puso urgencia a este proyecto. Sin embargo tampoco avanzó, quedando entrampado en el Senado, pese que en esa cámara el oficialismo de la Nueva Mayoría, valga la redundancia, también era mayoría rotunda.

En el intertanto de aquel largo trámite parlamentario, el artísta Francisco Papas Fritas, con el apoyo de organizaciones y personalidades vinculadas a las víctimas de la dictadura, confabularía una obra llamada Descalificación Popular. Esta obra, lanzada en septiembre del 2015, se tomaría de la titularidad legal que las víctimas poseen individualmente sobre sus carpetas Valech, para crear un sistema que facilitase y promocionase la solicitud de los documentos, haciendo una plataforma digital para su archivo y publicidad. La intervención encontró inmediatas resistencias.

A las primeras 12 víctimas que solicitaron sus carpetas Valech por este mecanismo, les fueron negadas en su integridad por el INDH, organismo custodio de estos documentos desde su creación el 2010 y que, desde entonces hasta el 2016, era encabezado por Lorena Fríes. El INDH, vale aquí aclarar, es un organismo dirigido por un consejo designado por el presidente de la república, el congreso, decanos de derecho de ues publicas y privadas e instituciones de DDHH. Lorena Fríes, ex militante PS hasta el 2020, luego designada por Bachelet el 2016 como la primera subsecretaria de Derechos Humanos, actualmente es diputada del partido de Boric, Convergencia Social. Tras la interposición de varios recursos de protección por parte de las víctimas contra ella y el INDH, los cuales fueron acogidos por tribunales, el organismo accedió a entregar los documentos y reinterpretó la norma, sentando un precedente.

A partir de esto comenzaron a solicitarse más documentos. En 2018, Consuelo Contreras, la nueva directora del INDH en el gobierno de Piñera, informó que ya habían entregado 2.600 carpetas de las comisiones Valech I y Valech II, de un total de 77 mil, a declarantes que las solicitaron. Un número aun reducido en comparación a la tarea, pero que habla de una disposición activa por parte de los afectados. Sin embargo este esfuerzo es insuficientepara esclarecer la verdad, si no se integra y cruza toda la información individualizada.

¿Por que es necesario levantar el secreto?

El levantamiento del secreto Valech, sin duda, permitiría un necesario cruce de datos para el desarrollo de los proceso de investigación y dar cuenta del trayecto de las víctimas por la represión y su paradero. Sin embargo, se ha dicho que probablemente la información de las carpetas no ayudarían demasiado a esclarecer mucho más de lo que ya se conoce sobre la identidad y responsabilidad de los victimarios. Este supuesto se basa en que la pequeña porción de archivos Valech 2 y de las otras comisiones que han sido revisados por tribunales, en relación al resto de los datos proporcionados por estos, no parecen tener demasiada información para la identificación de autores que cometieron aquellos crimenes con la previsión y cuidado de ocultarlos.

Pero poco se dice sobre otras dos cosas. Uno, que mientras elucubrar mentiras requiere comunmente oportunidad y aparatoso artificio, en cambio, para desplegar el entramado de la verdad basta a veces tirar de unos pocos hilos. Hay numerosos medios de prueba que fueron aportadas por las víctimas donde se ven las firmas de los agentes criminales, con su nombre completo, grado, función y timbre.

Y dos, lo que más temen los poderosos, en realidad, no es que la verdad de los crímenes particulares aparezca a plena luz, sino el lugar histórico político que esta verdad tiene. Temen que el pueblo, contra el cual la dictadura dirigió su terror, por medio de la búsqueda de la verdad, reconozca a sus enemigos, sus colaboradores y sus falsos amigos. Porque la verdad, que se intenta por miles de excusas esconder, no son excesos encapsulados en el tiempo, como lo han querido pintar tantos. La verdad es mucho más incómoda. La verdad es que estos crímenes no son otra cosa sino los medios que las clases dominantes, sus partidos y fuerzas del orden han usado siempre para intentar aplastar la organización y lucha del pueblo trabajador contra la opresión y explotación. Medios de terror que, es importante saberlo, sin duda también usarán mañana, rompiendo cualquier juramento.

No hay garantías de no repetición ante esta amenaza. Por el contrario, lo garantizado es que volverán a intentarlo. Esa es la verdad que se quiere ocultar. Porque no es una amenaza contra la "democracia", como dice el progresismo, sino una amenaza contra la vida que es carne y hueso del pueblo trabajador. ¡Hoy el estado capitalista, aun con su democracia para ricos, aun con un gobierno progresista, sigue cometiendo crímenes contra los derechos humanos en las fronteras, en la Araucanía, en las poblaciones, en las cárceles!

Los medios del terror son inseparables de una sociedad dividida en clases explotadoras y explotadas. Las clases poderosas los utilizan especialmente cuando esa sociedad empieza a hacer crisis y ser cuestionada. Llamar a la unidad y reconciliación nacional para enfrentar la amenaza, solo sirve para esconderle al pueblo el verdadero peligro y preparar un nuevo escenario para las masacres. Por el contrario, la única manera de enfrentar esta amenaza, es con la unidad de las y los trabajadores y el pueblo pobre, para luchar contra la sociedad de explotación y opresión y sus guardianes.