Debate. La peor respuesta ante la protesta

La caída por prescripción de la causa por la toma del Pabellón Argentina no se debe a la diletancia judicial, sino a que aquella carecía de fundamentos y de pruebas y a una lucha sostenida por parte de estudiantes, de docentes y de organizaciones.

La prescripción de la causa abierta por el juez Miguel Vaca Narvaja en 2018 por la ocupación del Pabellón Argentina reabrió un debate de actualidad en torno a la criminalización de la protesta. En diversos medios de comunicación, se identifica la prescripción de la causa como “impunidad”, y se da por hecho que los estudiantes acusados eran culpables, sin adentrarse siquiera mínimamente en el expediente judicial y borrando el trasfondo de los hechos.

Te puede interesar: Absuelven a estudiantes procesados por la lucha universitaria de 2018

En 2018, hubo una protesta masiva en rechazo al recorte en la educación universitaria. En Córdoba, como en otros lugares del país, se realizaron manifestaciones masivas, múltiples instancias de clases públicas, cortes de calles, asambleas multitudinarias y ocupaciones de distintos edificios pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), así como los de otras universidades nacionales. Basta con ver los registros fílmicos y fotográficos. La ocupación del Pabellón Argentina fue una de las tantas formas de protesta, modalidad que surge de la historia del movimiento estudiantil.

Los estudiantes reclamaban por el recorte presupuestario y peticionaban ante las autoridades de la UNC sobre un conjunto de demandas, como las raciones en el Comedor Universitario, becas de estudio, guarderías materno-parentales e incremento en el presupuesto para tratar la violencia de género, entre otras.

Te puede interesar: “Una gran campaña y la solidaridad permanente fueron pilares para lograr la absolución”

Pese a las distintas modalidades de protesta, las autoridades universitarias se negaban a sentarse a dialogar con quienes reclamaban. Fue a partir de la ocupación del Pabellón cuando pidieron negociar, para lo cual solicitaron que las asambleas estudiantiles designasen sus representantes, que participarían de la mesa de negociaciones, y luego la Justicia imputó a esos mismos representantes, pretendiendo la sanción penal de 27 delegados por un reclamo colectivo de miles. Es decir, primero se solicitó que fueran elegidos como representantes para luego ser sindicados como autores de un delito. Eso es criminalizar la protesta.

Junto con esto, se intentó criminalizar el ejercicio de nuestra profesión procesando a la abogada Leticia Celli por cumplir con su rol de abogada al ingresar al edificio por pedido de los estudiantes en aquel entonces. Un hecho sin precedentes que llevó al Colegio de Abogados de Córdoba a manifestar su preocupación por el procesamiento de la letrada, que fue oportunamente sobreseída por el juez Vaca Narvaja en 2021 por existir una duda insalvable en lo que respecta a su responsabilidad. En criollo, ausencia de pruebas en su contra.

La acusación contra los estudiantes careció de pruebas que pudieran sostener la comisión del delito atribuido, de “usurpación por despojo”, y no hubo testigos que pudieran identificar individualmente a los estudiantes imputados como autores de las conductas del tipo penal. En declaraciones públicas recientes, el fiscal de la causa, Maximiliano Hairabedian, hizo referencia a un conjunto de supuestos daños ocasionados por responsabilidad de los estudiantes procesados, pero ellos nunca fueron imputados por esos supuestos ilícitos y la fiscalía tampoco aportó material probatorio que los vinculara.

Por lo justo del reclamo y por lo injusto del proceso, los estudiantes recibieron múltiples apoyos a lo largo de los años, incluidas cuatro unidades académicas que se presentaron como amicus curiae, lo mismo que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). También recibieron el apoyo público de reconocidas personalidades de derechos humanos, tales como Nora Cortiñas (madre de Plaza de Mayo, línea fundadora) y Eugenio Raúl Zaffaroni, quien fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se pronunció contra la causa el prestigioso constitucionalista Roberto Gargarella, y el gremio docente (Adiuc) realizó un paro en 2021 en apoyo a los estudiantes procesados.

El reclamo llegó hasta el Congreso Nacional, donde se presentaron proyectos para que el órgano declarara su preocupación y se realizaron audiencias públicas en apoyo al reclamo, que contaron con la presencia de múltiples sectores políticos. Ningún sector de la UNC se presentó como querellante, ni siquiera el dueño de la concesión del bar del Pabellón Argentina, que mediáticamente hoy reclama por justicia, pero nunca efectuó presentación alguna en el expediente penal como damnificado, ni tampoco instó proceso alguno respecto de los supuestos daños ocasionados.

Los estudiantes tuvieron que soportar un proceso judicial de casi seis años de duración, el escarnio público, pero pocos se adentraron en estos elementos. A nuestro modo de ver, la caída de la causa por la prescripción no se debe a la diletancia judicial, sino a un caso sin fundamentos, sin pruebas, y a una lucha sostenida por parte de estudiantes, de docentes y de múltiples organizaciones.

Esta causa fue la peor respuesta ante una protesta estudiantil, a 100 años de la Reforma Universitaria, pero el debate público que buscaron abrir los estudiantes en condiciones adversas y la lucha sostenida peleando por ser exculpados fueron la mejor manera de responder. Esto cobra mayor relevancia en momentos en los que la comunidad educativa lucha por la falta de presupuesto y, a la vez, distintos referentes sociales y sindicales son perseguidos judicialmente por reclamar ante despidos, quita de ayudas sociales y pérdida de derechos.