La plantilla del 010 en Madrid se rebela contra la vulneración de sus derechos laborales

Una plantilla de aproximadamente 500 trabajadores y sus familias han sido golpeados por la angustia de no saber lo que va a ser de su futuro laboral, en un contexto de grave incertidumbre económica. La inflación disparada, la amenaza de la subida de hipotecas y los alimentos, la electricidad y los carburantes, se funden a una situación en la que las casi 500 personas trabajadoras de un servicio público, desconocen si van a seguir trabajando, en qué condiciones van a poder seguir haciéndolo y qué derechos les van a ser cercenados y en qué medida.

El cambio de empresa concesionaria reabre las heridas. Las y los trabajadores de este servicio municipal ya dieron algunas batallas contra la Corporación en diferentes momentos por su remunicipalización -algo que pese a sus promesas Manuela Carmena también orilló- y que se fueron al traste ante la actuación de las burocracias sindicales de CCOO y UGT que trabajaron decididamente en contra de esa posibilidad. Tratándose además de un servicio municipal tan esencial y básico, que en consecuencia debería estar bajo gestión directa pública del Ayuntamiento y no subcontratado al mejor postor. Un servicio que se ocupa de facilitar información, resolver todo tipo de dudas sobre cualquier incidencia, gestión, liquidación de deudas o cualquier aspecto relevante para el ciudadano sobre las distintas áreas de gestión municipal.

La empresa concesionaria era Serveo-Ferrovial hasta que se ha producido el cambio tras la nueva adjudicación del pasado 1 de junio, pasando a las manos de NTT Data. Con este cambio se abre un período transitorio de cinco meses en los que las y los trabajadores se ven sometidos a los cambios que la nueva empresa concesionaria pueda imponer unilateralmente, en el marco del ejercicio de ser los futuros usufructuarios del servicio. En la práctica, esto implica tomar decisiones sobre un montón de aspectos de derechos laborales y organizativos que amenazan directamente a las y los trabajadores y sobre los que éstos no pueden intervenir, al quedar en un limbo previo en el que no se pueden dirigir a la nueva empresa, porque formalmente no opera directamente todavía, ni a la sociedad que todavía la sigue gestionando se ocupa del problema, ya que ésta se ampara en que ya no toma decisiones relevantes.

Estos cambios que la nueva empresa puede ejecutar afectan a las condiciones esenciales de trabajo de la plantilla en su totalidad y, pese a eso, quedan al margen de la posibilidad de conocer anticipadamente y de primera mano, cuáles son las intenciones de la nueva empresa, no digamos la opción de poder intervenir en esas decisiones que les afectan directamente. De hecho, pretenden abordarlo con entrevistas personalizadas a cada uno de las y los trabajadores, una clara amenaza de no darle una solución de conjunto y dividir a la plantilla.

Por eso, los meses venideros van a ser un caudal de inquietudes, pero también de fuerte combatividad y lucha para las y los trabajadores del 010 del Ayuntamiento de Madrid. Porque, no tienen asegurados aspectos laborales tan básicos como sus remuneraciones por antigüedad una vez se produzca el trasvase, ni la permanencia en sus puestos de trabajo de toda la plantilla. Lo que abre también un escenario de conflictos judiciales permanentes y constantes, además de las luchas reivindicativas directas en forma de huelgas y movilizaciones, como de hecho han iniciado a través de paros intermitentes en el tiempo que se iniciaron desde finales del mes pasado y se prevé se prolonguen al menos hasta el mes de agosto.

El 28 de junio pasado, los sindicatos presentes en Línea Madrid (CCOO y CGT) convocaron una huelga de 24 horas y protestas frente al Ayuntamiento de Madrid por considerarlo responsable subsidiario de la situación, aunque ahora están convocando por separado. El problema es que Almeida no aseguró a través del pliego de condiciones base para la realización del trasvase del servicio, medidas que blindaran la estabilidad de la plantilla en su totalidad, asegurando la continuidad de sólo el 90% de la plantilla tras proceso selectivo interno y sin respetar ningún derecho laboral previo.

Una de las exigencias centrales de la tabla reivindicativa de las y los trabajadores de Línea Madrid es la mediación del alcalde José Luis Martínez-Almeida con la nueva empresa concesionaria para que a mitad de partido no despida a parte de la plantilla. Algo que, por otra parte, repercutirá sin duda en la calidad del servicio y que, en consecuencia, le debería importar al Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, confiar en las labores mediadoras del alcalde Martínez-Almeida, como promueven desde la sección sindical de CCOO de Línea Madrid, no va a llevar a buen puerto la lucha del conjunto de la plantilla para lograr su objetivo de salvaguarda de todos los puestos de trabajo ni la de todos los derechos laborales y salariales con las que actualmente cuentan. Ha sido el propio alcalde del PP el que ha encabezado el relevo de empresas sin preocuparse en absoluto de la situación en que iban a quedar después los trabajadores, a pesar de los muchos elogios que ha dedicado a la plantilla en los plenos municipales por su labor en diferentes momentos.

El papel del alcalde aquí no es más que la junta de negocios de los intereses de las empresas subcontratistas para que hagan logren pingües beneficios, por eso, entre otras cosas, no remunicipaliza los servicios públicos del Ayuntamiento y los subasta a las empresas de los “amiguetes”, o grandes empresas del IBEX 35 que se hacen con los grandes contratos públicos municipales. O como ha pasado y se ha descubierto recientemente con el material sanitario contra la covid y los pelotazos empresariales de millones de euros en plena pandemia, de los que luego se ha lavado las manos. Los elogios a la plantilla no son más que una ceremonia de auténtico cinismo para compadrear y debilitar la lucha y la solidaridad entre las y los trabajadores de Línea Madrid.

Tampoco resultan creíbles los dirigentes de la burocracia sindical de CCOO, a pesar de ser parte de la convocatoria de los paros. Como lo demuestra el hecho de trasladar a la plantilla cierta confianza en la mediación del alcalde para resolver el conflicto y en el hecho de acogerse como expectativa máxima para garantizar los puestos de trabajo al artículo 18 del convenio, algo que tampoco está asegurado, ya que como hemos dicho en el mejor de los casos garantiza una permanencia del 90% de la plantilla en el momento del trasvase, dejando en la calle a un 10% de las y los trabajadores.

Frente a eso, pese a que la mayoría tiene una antigüedad de más de 7 años en su puesto de trabajo, siendo el 95% de ellos indefinidos, la empresa saliente incide en la subrogación, pero en realidad esto depende más que del convenio de las condiciones de los pliegos de subcontratación del Ayuntamiento, dónde esto no está garantizado. En el traspaso podrían perder con casi toda seguridad la antigüedad y podrían también ser despedidos a corto plazo.

Las sospechas son que la nueva concesionaria trate de desprofesionalizar el servicio contando con la complicidad municipal, de modo que este trabajo de información, orientación y gestión de trámites municipales se convierta en carne de cañón laboral para precarizar al máximo la actividad, sobre la base de una concepción pura y dura de “call center” en sus formas más precarias, está servida.

Por eso, las y los trabajadores deben tomar las riendas y ser protagonistas directos de la lucha sobre la base de la toma de decisiones en asambleas democráticas de la totalidad de la plantilla. Apoyándose en un comité de huelga, con miembros electos y revocables en cualquier momento, junto a las secciones sindicales de los sindicatos de Línea Madrid que demuestren su combatividad y firmeza en la lucha, creando una caja de resistencia para las huelgas, entre otras medidas.

El sindicalismo combativo, empezando por CGT, tiene que ponerse a la cabeza en esta batalla, extendiendo el conocimiento del conflicto y la solidaridad a los usuarios del servicio y al conjunto de la ciudadanía. Sobre la base de la permanencia de toda la plantilla, el mantenimiento de la antigüedad y los derechos laborales en su totalidad y la defensa a ultranza de la remunicipalización del servicio, bajo control de trabajadores y usuarios, única garantía real para el mantenimiento de todos los derechos laborales en el tiempo.