GALICIA, SOCIEDAD. La pobreza energética aún afecta a una gran parte de la población gallega

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Aunque en los últimos tres años la proporción de personas que se encuentran en esta situación en Galicia disminuyó ligeramente, los últimos datos muestran que son aún muchas las familias gallegas que no pueden mantener sus viviendas a una temperatura idónea. En invierno, sobre todo en sus semanas más frías, como las que estamos viviendo, es cuando este problema es más grave y sus efectos devastadores.

La pobreza energética afecta a 442 mil personas, el 16 % de la población en Galicia, en función de las estadísticas obtenidas por el IGE, Instituto Gallego de Estadística. Esta cifra tuvo un máximo entre 2013 y 2014, con un 21 %, en los peores años de la crisis. Entre 2007 y 2014 la factura eléctrica de un hogar medio en el Estado español se había incrementado un 76% y la factura del gas natural un 35%.

La factura de la luz lleva dos años experimentando nuevas alzas, acercándose el valor medio pagado por cada hogar en España a los 80 euros mensuales en 2015 y a comienzos de 2017. Creció un 10,7 % desde los 68,20 euros mensuales en el 2016, hasta los 75,52 euros mensuales en 2017. En los próximos meses los hogares gallegos pagarán aún más por el recibo de la luz, después de que el Ministerio de Energía certificara la subida en el recibo de la luz en Galicia para compensar a las eléctricas por el pagado de impuestos medioambientales.

Antes de las elecciones municipales de 2015, la Xunta había anunciado una ayuda, el ticket eléctrico, de 180 euros al año, con un importe algo superior para familias numerosas. Alberto Núñez Feijoo había prometido que esta ayuda podría ayudar a 40.000 familias. La partida destinada a este propósito fue de 2.1 millones de euros en el 2016.

Sin embargo, finalmente el ticket eléctrico sólo benefició a 5.000 hogares. La Xunta de Galicia destinó una parte importante del dinero que había reservado para este objetivo a otros usos, como campañas publicitarias para promoción de empleo en plena campaña electoral, empleando sólo el 20% en luchar contra la pobreza energética. En el año 2017 el Gobierno gallego redujo en un 62% la partida dedicada al ticket eléctrico. El pasado mes de marzo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo justificó que se dejara de usar ese 80% del presupuesto en que “probablemente no había esa dificultad de pobreza energética que inicialmente teníamos prevista”.

Otra vez más asistimos al cinismo del gobierno gallego, que contrasta con los datos objetivos. Parece que para Feijóo y el partido popular hay 437.000 familias que pasan frío en sus casas que no necesitan ninguna ayuda para pagar la factura de la luz y la calefacción. Pero lo cierto es que el Estado español es el tercer país con la electricidad más cara del mundo, al tiempo que es donde mayor desigualdad económica existe en la Unión Europea. Todos los años vemos como hay múltiples muertos y heridos por calentarse de manera precaria con hogueras en casa, o calderas de gas.

El oligopolio de las compañías eléctricas, privatizadas en los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP desde la fundación del Régimen del 78, es el culpable de esta situación. La compra de voluntades resulta evidente, cuando vemos a ex-presidentes y cargos políticos sentados en los consejos de administración de las grandes empresas que ayudaron a privatizar.

Junto con la subida de los alquileres, que afectan al 20 % de los hogares en las grandes ciudades, los desahucios que se siguen produciendo incluso con la “recuperación económica”, y el aumento de la precariedad laboral, así como la bajada de los sueldos, la pobreza energética es una situación más que muestra como la “recuperación” económica de las élites capitalistas descansa sobre los hombros y el sufrimiento de la clase trabajadora y los sectores oprimidos.

Más que nunca, es necesaria una gran movilización social que imponga un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Proponemos la nacionalización de los sectores estratégicos como la energía, para satisfacer todas las necesidades y desarrollar un camino de transición cara energías renovables, la expropiación de los pisos a la banca para la creación de un parque de viviendas de alquiler social, y el reparto de horas de trabajo, junto con la subida del salario mínimo para que todo el pueblo trabajador pueda satisfacer todas sus necesidades.