Detenciones ilegales de artistas callejeros, amedrentamiento, violencia contra familias, la muerte violenta del vecino Tino John, un fusilamiento, tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) son una muestra de que el gobernador, Mariano Arcioni, y el ministro de seguridad, Federico Massoni, convirtieron la Doctrina Chocobar en protocolo para sus fuerzas.
Sophia Viceconte Estudiante Terciaria | Militante del PTS-FIT Unidad
Miércoles 2 de junio de 2021 12:22
El pasado 27 de mayo en el paraje de Las Golondrinas un vecino, Tino Jhon, quien padecía problemáticas en su salud mental fue muerto a manos del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) con un tiro en la cabeza. Un fusilamiento. Su esposa fue maniatada mientras se realizaba el operativo policial durante más de una hora. Esto fue reconocido por Miguel Gómez, jefe de la policía provincial.
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El viernes 28 de mayo en la ciudad de Trelew jóvenes artistas callejeros fueron violentados por la policía provincial. En esta situación fue detenido Owen González Borda. Horas después, a jueza Tolomei calificó a esta detención como ilegal ya que no se pudo acreditar ningún delito ni contravención. Por lo que pidió la nulidad de la detención y ordenó a la fiscalía no investigar ya que no había elementos para imputar al artista.
Ese mismo día, en la localidad de Gaiman, la policía provincial vulneraba y violentaba a la familia de Marcos Rapiman.
La doctrina Chocobar: Un modelo de seguridad sin grietas
En todo el país, como denuncia la Correpi es asesinada una persona a manos de las fuerzas federales o provinciales cada 20 horas. El asesino Luis Chocobar quedó virtualmente absuelto días pasados. En las últimas décadas las fuerzas policiales y penitenciarias ganaron cada vez más poder territorial y de fuego en todo el país. Producto de semejante empoderamiento, esas mismas fuerzas son agencias al servicio del crimen organizado y regentes de jugosos negocios ilegales. Son los propios gobiernos los que planifican y garantizan ese empoderamiento, con su saldo de miles de pibes y pibas pobres asesinados por el Estado.
Desde la provincia de Jujuy donde gobierna el radical Gerardo Morales de Juntos por el Cambio, a Tucumán donde gobierna el peronista Manzur del frente de Todos, a la Ciudad de Buenos Aires donde gobierna Larreta de Juntos por el cambio o la provincia de Buenos Aires donde gobierna el peronista Kicillof del Frente de Todos encontramos casos de violencia policial, gatillo fácil, detenciones ilegales y muchos etc.
El caso de Franco Cardozo, joven golpeado y detenido por efectivos del COT de Tigre, que luego fue devuelto muerto a la familia o el caso de Rodrigo Curaqueo que tenía 19 años y murió en circunstancias sospechosas, en la Comisaría Quinta de Caleta Olivia en Santa Cruz. Su madre, sus amigos y vecinos denuncian que fue asesinado en dicha seccional por efectivos de la Policía provincial son una confirmación de esta doctrina.
Chubut, no es la excepción a esta política securitaria que impulsa el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ya sean oficialistas u opositores.
En la provincia que gobierna el masista, Mariano Arcioni, aliado del Frente de Todos, es abanderada de las políticas de mano dura. El año pasado fue denunciada a nivel nacional e internacional por más de 30 casos de violencia policial en plena pandemia.
Para legalizar este accionar se modificó el “protocolo de utilización de armas de fuego en situaciones complejas”. Se trata de la Resolución N° 145/2020, publicada en el Boletín Oficial Provincial N° 13530 AÑO LXIII, el 11 de noviembre de 2020. El ministro de seguridad Federico Massoni replicó el "Protocolo Tueller de los 21 pies". Se trata, además, de la doctrina que la Ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentó aplicar con la resolución 956/2018 en el gobierno de Mauricio Macri.
Como denunció Myriam Bregman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PTS en el Frente de Izquierda en ese momento “la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación de fecha 27/11/18 (“la Resolución”) que aprueba el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”.
Y agregaba “la Resolución afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional. Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”.
La resolución N° 145/2020, autoriza un uso mayor, de las armas de fuego en poder de los agentes policiales, de una manera terriblemente discrecional y arbitraria que implica un claro e ilimitado peligro contra la integridad física, vulnerando así los derechos y garantías que la protegen. El fusilamiento de Tino Jhon es prueba de esto.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales saben que llevar adelante un ajuste en medio de esta crisis sanitaria, económica y social al servicio de pagar la deuda externa ilegal y fraudulenta y garantizar las ganancias de los empresarios va a enfrentar una resistencia del pueblo trabajador y la juventud. Por eso fortalece a las fuerzas represivas.
Enfrentar el gatillo fácil y la represión con la lucha y la movilización es el camino para derrotarla. La lucha de los organismos de derechos humanos es un punto de apoyo para esta pelea. Es necesario unirla a la lucha en defensa del ambiente y contra la megaminería y por las demandas de los trabajadores para acabar con la impunidad y la represión.
