Provincia de Buenos Aires. La receta del Dr. Berni en Villa Azul: sanitariamente tarde, represivamente temprano

A principios de mayo en Quilmes había un centenar de personas infectadas de Covid-19, otro tanto estaban en estudio y ya había cuatro fallecidos. En esas horas Carla Lacorte y Carlos Musante, referentes del Frente de Izquierda de Quilmes, decían en este sitio que “si se pretende enfrentar seriamente a la pandemia es fundamental la realización de testeos masivos en todos los barrios del distrito, particularmente en aquellos en los que las condiciones de vida pueden darle un carácter de propagación exponencial, así como dotar a los vecinos de todos los elementos sanitarios necesarios y a los médicos de todos los insumos y medidas requeridas para su protección”.

El mismo planteo lo hacían en ese momento organizaciones barriales de esa localidad del sur del conurbano bonaerense (gobernada por el Frente de Todos). Por caso, los habitantes de Villa Azul, barrio de unos 6.000 habitantes (compartido con Avellaneda, también intendencia FdT) llevaban semanas reclamando por la falta de agua potable, kits de higiene, alcohol en gel, lavandina y jabón. Como es de esperar, la mayoría de quienes viven ahí trabajan precaria e informalmente, por lo que a la pandemia se sumó la pérdida casi total de ingresos. Lo mismo demandaban en Villa Itatí, lindera a Villa Azul y con casi 50.000 habitantes.

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Según datos oficiales del Municipio de Quilmes, en todo el partido ya hay 278 casos confirmados, seis personas murieron y 240 casos sospechosos esperan resultados. Del total de casos confirmados, el 20 % vive en Villa Azul, allí donde desde hacía muchas semanas se pedía infructuosamente agua, higiene y testeos tempranos.

Hoy Villa Azul es noticia porque allí se detectaron 53 casos positivos de Covid-19 y otros 50 quedaron en estudio. Fue tras realizarles el hisopado a unas 125 personas a las que les hallaron síntomas, en el marco de varias recorridas por el barrio realizadas a través del programa DETeCTAr (en coordinación con provincia y Nación).

Con la demagogia a flor de piel, la intendente quilmeña Mayra Mendoza aseguraba a la prensa desde esas calles precarias: “estamos nuevamente en los barrios puerta a puerta. En el caso de Villa Azul haciendo una búsqueda activa de casos sospechosos para identificar gente que pueda tener coronavirus, y de esa manera proponerles la internación y la recuperación mientras se conoce su resultado”.

Junto a ella el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, agregaba: “es fundamental articular acciones con Quilmes y el resto de los distritos de la región. Trabajamos juntos para fortalecer la presencia del Estado en los barrios más vulnerables, con el objetivo de prevenir los contagios y la propagación del virus”.

Entre ellos paseaba vestido casi de astronauta para evitar ser contagiado el inefable Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia y amante de las militarizaciones y el control social (sobre todo a los más pobres). Ya estaba preparando todo para cuando el gobernador Axel Kicillof le diera la orden luego de ultimar detalles con Mendoza, Ferraresi y funcionarios del gobierno nacional.

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La tardía y demagógica alarma oficial por los tiempos y modos de expansión del coronavirus en las barriadas de Villa Azul y Villa Itatí (entre ambas aglomeran a 60.000 personas) derivó en la que parece ser la receta más “efectiva” de todos los oficialismos para combatir la pandemia.

En cuestión de horas, con la celeridad con la que no proveyeron alcohol, lavandina y agua a la población, ambos municipios, la gobernación y la presidencia resolvieron saturar el barrio con la Policía Bonaerense y la Gendarmería y convertir al barrio en un gueto prohibiendo la entrada y salida de personas.

Por si fuera poco, el Estado ya ingresó al barrio móviles, logística y militares del Ejército que, con la tarea de repartir comida (al menos esa es la tarea por ahora), le dan un tono verde oliva (de triste significado en la historia reciente argentina) al paisaje quilmeño.

Paralelamente al operativo de militarización, habló la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación Carla Vizzotti. Respecto al caso de Villa Azul dijo que “se está trabajando con las organizaciones de los barrios para minimizar al máximo el contacto. La idea es fortalecer el distanciamiento físico y minimizar la circulación a otros barrios populares que están cerca”. ¿Es realmente así? Parece que no.

Con comprensible indignación, vecinas, vecinos e integrantes del comedor Los Cebollitas de Villa Azul difundieron un comunicado en el que denuncian que desde este domingo “se ha militarizado el barrio, prohibiendo la salida y el ingreso de los habitantes con un vallado custodiado por la Policía y Gendarmería”.

“No es con estas medidas que se enfrenta la pandemia del Covid-19”, afirman. Y recuerdan que en el barrio son “cientos de trabajadores formales e informales que hemos perdido nuestra fuente de ingreso”. Debido a ellos tuvieron que cerrar el comedor popular. “Cerramos Los Cebollitas, sito en la calle Caviglia al 400, como otros que funcionaban en el barrio, por la falta de entrega de alimentos y donde las familias obtenían su único plato de comida”.

Pero las vecinas y vecinos de Villa Azul saben que la militarización es la respuesta oficial para ponerle un “parche” represivo al despojo estructural que sufren desde hace añares (y con todos los gobiernos) miles y miles de personas en las villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires y de las ciudades más pobladas del país. Por eso van más allá en el reclamo.

“Para poder mantener la cuarentena es necesario un subsidio de $ 30.000 para todos los desocupados y precarizados; provisión inmediata de alimentos para los comedores populares; garantizar kit de limpieza y protección en todos los barrios; testeos masivos a toda la población de los barrios carenciados, donde hay casos positivos, comenzando por quienes se desempeñan en los comedores populares; soluciones habitacionales de emergencia para las familias hacinadas y para aislar a quienes han tenido contacto con personas contagiadas”, finaliza el comunicado.

Contrariamente a lo que afirman funcionarios y apologistas mediáticos del Gobierno, echándole gratuitamente la culpa a la población que “viola la cuarentena irresponsablemente” y no poniendo “las patas en el barro” para preguntarle a esa gente cómo está viviendo; es desde las mismas poblaciones de villas, asentamientos y barrios vulnerables de donde salieron tempranamente los gritos de alarma.

En la Villa 31 fue La Poderosa la que gritó con furia el desprecio e indiferencia del Estado hacia las miles de familias que allí viven. La falta de agua durante semanas (que denunció Ramona Medina antes de morir por Covid-19) fue responsabilidad compartida entre Horacio Rodríguez Larreta y Malena Galmarini de Massa (titular de AYSA). ¿Hay dudas de ello?

En Villa Azul y el resto de los barrios precarios y vulnerables las organizaciones sociales, los comedores y merenderos y muchas vecinas y vecinos también levantan la voz frente a un Estado que, más allá de los colores políticos y los discursos, les muestra ante todo, y mucho antes que la asistencia de emergencia, su cara más cruel: hambre, pobreza y represión.

FALTAN GARRAFAS, COMIDA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
NO POLICÍAS:#Ahora, nos acaban de confirmar 1665 positivos en la 31; 2593 en las villas de CABA.
Y en PBA, todavía sin registro unificado de barrios populares, sólo en Villa Azul: de 125 hisopados, 53 confirmados y 50 en espera.

— La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 25, 2020

No alcanza para frenar la tragedia sanitaria y social con la demagogia de Alberto Fernández, que después de recibir a La Poderosa en Olivos se golpeó el pecho, dijo “esto es terrible” y aseguró empezar a actuar desde la Casa Rosada ya que recién se estaba “enterando” de la situación. Él, que hasta que asumió la presidencia vivía en Puerto Madero, a pocas cuadras del Barrio Mugica.

Para Carla Lacorte, referente del PTS-FIT de Quilmes y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), “la falta de agua y las condiciones de hacinamiento en los barrios empiezan a reflejarse en contagios masivos. Los operativos coordinados por la intendencia con los gobiernos nacional y provincial llegan tarde”.

La excandidata a intendente recordó que “no es la primera vez que se retrasan. En La Paz, el DETecTAR llegó 17 días más tarde que los casos registrados en el Frigorífico El Federal. Lo mismo ocurrió en La Matera donde el operativo llegó veinte días después del primer caso padecido por una jubilada”.
Lacorte es víctima del gatillo fácil de la Policía Bonaerense (esa que ahora “te cuida”) y de la impunidad garantizada por los poderes políticos y judiciales. Desde su experiencia alerta sobre el peligro que significa para la población de Villa Azul que las fuerzas represivas “cerquen los barrios afectados. Hoy los vecinos de Itatí y Azul necesitan todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, no necesitan que los repriman. Fuera la policía, la prefectura y la gendarmería de los barrios del pueblo trabajador”, exige.

El PTS en el Frente de Izquierda, tanto en Quilmes como en todo el país, viene planteando claramente el rechazo a la militarización y las detenciones y torturas cometidas por todas las fuerzas represivas con la excusa de la cuarentena obligatoria. Pero además propone medidas urgentes para enfrentar seriamente a la pandemia.

Lacorte lo dice claramente. “Es fundamental la realización de testeos masivos en todos los barrios del distrito, particularmente en aquellos en los que las condiciones de vida pueden darle un carácter de propagación exponencial, así como dotar a los vecinos de todos los elementos sanitarios necesarios y a los médicos de todos los insumos y medidas requeridas para su protección”.

Agrega que “el pueblo trabajador no puede ser una víctima pasiva del virus mientras los bancos, las privatizadas y los grandes empresarios del campo y la ciudad siguen amasando fortunas. Si faltan fondos para los testeos que se saquen de un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las principales actividades empresariales como vienen proponiendo los diputados del FIT U y se viene negando a tratar tanto la oposición de derecha como el gobierno de Alberto Fernández, que parece haber retrocedido incluso de su insuficiente proyecto para gravar a las fortunas, mientras sigue subsidiando a los empresarios y habilitando las rebajas salariales”.

Y afirma que “esos fondos podrían usarse para un salario de cuarentena de $ 30.000. No estamos de acuerdo con el Gobierno cuando dice que hay que elegir entre morirse de coronavirus o morirse de hambre. Más de fondo también hay que terminar con las condiciones de hacinamiento, que llevan décadas, en las que viven el 25 % de los habitantes del distrito. Hace falta un plan de viviendas y obras públicas controlado por los trabajadores y los vecinos”, finalizó Lacorte.