La respuesta de los funcionarios necochenses ante el reclamo del movimiento de mujeres

Aquí se analizan las respuestas de los funcionarios que luego de cuatro días citaron al movimiento de mujeres.

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A la reunión asistieron el citado Diego López Rodríguez, la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas sociales, María Jimena López y la Directora de Políticas de Género, Leticia Locio.

En cuanto al movimiento de mujeres, asistieron representantes de diversas organizaciones de género, políticas, activistas independientes y familiares de la joven desaparecida Adriana del Valle Caballero.

Hasta el momento la familia maneja dos posibles hipótesis acerca de Adriana: o bien fue víctima de femicidio por parte de Cesar Raúl Villanueva, hombre con el que estuvo los últimos minutos de los que se tiene noticia sobre su vida, o bien fue secuestrada por una red de trata. Esta última posibilidad se basa en un mensaje que recibió hace meses una hermana de Adriana, en el que aseguraban haberla visto en una ciudad. En la presente reunión los familiares junto al movimiento de mujeres reclamaron a los funcionarios la falta de atención al caso, y en particular la falta de comunicación de la Fiscal Silvia Gabriele con la familia, que no cita a la madre de Adriana desde hace más de un mes y medio. Cabe destacar que la última vez en la que la madre de Adriana fue recibida por la Fiscal sucedió luego de una movilización en el centro cívico.

La respuesta de López Rodríguez fue que "todos los días tenemos muchos problemas que resolver en el municipio, no podemos abordarlos a todos".
Jimena López, por su parte, se desligó de la responsabilidad declarando que ellos no tenían injerencia en el Poder Judicial, quien según ella ahora es el único organismo estatal que puede intervenir.

Los funcionarios estaban de acuerdo en decirnos a las mujeres que vayamos a reclamar a las sedes de dicho poder, como la fiscalía, por ejemplo. En ese sentido, se quejaron de que "siempre vayamos a reclamar al municipio y no a otros lugares". Una muestra del manoseo y destrato que sufrimos las mujeres al denunciar situaciones de violencia y la pésima atención de las oficinas estatales, que no trabajan de forma articulada en lo más mínimo.

Seguidamente se continuó con el caso de Marisa Astudillo. La Directora de Políticas de Género reconoció que habían tomado intervención con Marisa desde el año pasado cuando ella realizó en la dependencia estatal la primera denuncia de maltrato por parte de Ortega. A raíz de esta denuncia al policía se le quita el arma y se lo sanciona. Sin embargo, según Locio meses después Marisa solicitó a la dirección de Genero que no intervenga más y dio a conocer sus intenciones de retomar su vínculo con Ortega. Ante esto, la reacción de las funcionarias fue desatender a Marisa alegando que "no se puede ir contra la voluntad de las personas", desconociendo que las situaciones de violencia patriarcal inciden en las mujeres más allá de su propia voluntad. De esta forma, afirman que a pesar de conocer las situaciones de violencia, desoyen a las víctimas justamente cuando se encuentran en el contexto de más alto riesgo: conviviendo con el agresor en sus hogares. En el caso de Marisa esta desatención casi fue pagada con su propia vida.

En cuanto a los refugios, los funcionarios aseguraron que actualmente en Necochea se dispone de refugios permanentes para todas las mujeres que por situaciones de violencia los requieran, ya sea para el momento posterior a la radicación de la denuncia como para la continuidad de sus vidas, dado que el municipio dispone de una partida reservada a alquileres que se viene destinando a estos casos. Sin embargo, en cuanto a la disposición de un trabajo digno para las mujeres, para esto no hay fondos ni presupuesto, solo se dispone de algunos subsidios y de apoyo para microemprendimientos pero que no son generalizados ni hay garantías de un ingreso mínimo.

En términos más generales, los funcionarios insistieron que no habría más presupuesto para políticas de género, negándose a reformular las prioridades de la distribución presupuestaria municipal. Al respecto se escudaron en que ni desde el nivel provincial ni desde el nacional se les enviaban fondos suficientes. También insistieron en el papel de la policía como garante de la seguridad de las mujeres, desconociendo que esta institución no brinda protección a las mujeres, sino que ofrece más violencia machista, como el propio oficial Ortega lo demuestra y también el accionar de la fuerza policial en el reciente casi de Araceli Fulles.

Finalmente, el último punto tratado fue la implementación local del Cupo Laboral Trans previsto por la ley 14.783, que dispone que las municipalidades -entre otros organismos- deben emplear a personas trans en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal y deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas. Las respuestas del Secretario de Gobierno resultaron insólitas, primero dijo que "lo iban a estudiar" y luego que "ninguna persona trans había ido al municipio a pedir trabajo", banalizando nuevamente la situación de exclusión social que padecen.

Ante ello, las representantes del movimiento de mujeres recalcaron ante los funcionarios que las dificultades de vida y la discriminación que se realiza a las personas trans amerita una declaración pública de intenciones del gobierno de crear una bolsa de trabajo, difundiendo masivamente que se encuentra abierto un listado de inscripción para efectivizar el cupo laboral trans. Luego de esta insistencia el funcionario declaró que en el transcurso de la próxima semana habría una respuesta concreta a esta demanda.

Para concluir, en su conjunto la actitud de los y las funcionarios dejó en claro que las mujeres tenemos que seguir movilizadas en las calles y también organizándonos en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios para luchar contra la opresión patriarcal.