La salida triestamental que necesita la toma de Derecho en la U de Chile

Este viernes 27 se votó la toma de la Facultad de Derecho, en una masiva asamblea de más de 600 estudiantes. La medida fue tomada a partir de que “Hace ya 8 meses una estudiante de la Facultad realizó una denuncia por acoso sexual y laboral al profesor de Derecho Administrativo Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional, cuestión que hasta este momento no cuenta con una resolución oficial respecto del proceso sumario al que fue sometido”, según explica la misma declaración de la toma.

Sin embargo, en el comunicado, las y los estudiantes también colocan la necesidad de que “esta situación no debe ser abordada desde el simple rechazo a este profesor en particular, pues da cuenta de una institucionalidad completamente rebasada, que ya hace tiempo ha demostrado ser incapaz de dar soluciones reales a los problemas que enfrentamos las mujeres en nuestros espacios”.

Puesta en práctica de protocolo contra el acoso y abuso sexual y laboral

La denuncia formal en septiembre del 2017 ya se encontraba en manos de la autoridad máxima de la Facultad, el Decano Davor Harasic. En octubre, se inició el proceso de investigación sumaria, según detalla La Tercera.

Sin embargo, recién este miércoles 25 de abril de 2018, se cerró dicho sumario. Según este, se determinaría que Carlos Carmona habría incurrido en una “vulneración a la probidad administrativa”, por tanto que los hechos no configurarían acoso sexual y acoso laboral.

Así, el jueves 26 Harasic comunica a Carmona la sanción que se aplicará al caso, correspondiente a la suspensión por tres meses, a pesar de que el fiscal asignado al caso, el psicólogo José María Redondo habría recomendado sancionar con una amonestación.

Del día de aviso formal, el acusado tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar un posible recurso de reposición, que implica la posibilidad de que Decanato rectifique su decisión. Aquel sería el camino, que según fuentes cercanas, el expresidente del Tribunal Constitucional buscaría seguir.

Posterior a estos hechos, “El Decano y Vicedecano sostienen el pasado viernes 27 una reunión a puertas cerradas con la denunciante, en la cual no se le permitió asistir con acompañamiento de ningún tipo, ni se quiso especificar el motivo de la citación previamente pese las solicitudes de la misma. En ella, solamente se le comunicaron promesas en torno al resultado del proceso, destacándose su carácter de extraoficial en todo momento y la imposibilidad de comunicarlo de cualquier forma, cuestión que sumada a la falta de presentación de una resolución formal resulta aún más preocupante”, según coloca de manifiesto la segunda declaración emitida, ante las informaciones filtradas por la prensa.

Davor Harasic: la cara de la imposición de autoridades sobre las y los estudiantes

Desde 2015 que es decano de la Facultad de Derecho, pero en realidad el abogado Harasic tiene un importante historial político que derivó también en su importante cargo en la Universidad de Chile.

Fue abogado parte del Consejo de Defensa del Estado desde 1972 a 1990. Luego, en 1994 fue Presidente del mismo organismo, designado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En 2006 fue parte de la Comisión Anticorrupción también junto a Carlos Carmona, la cual fue levantada por el primer gobierno de Michelle Bachellet, a raíz de las irregularidades de Chile Deportes.

También, desde 1991 hasta 2016 fue abogado socio del estudio Harasic & López, contratado en el marco del segundo gobierno de Bachellet, por Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños del grupo Penta, para su defensa por el financiamiento ilegal de la política.

Además el 2017 fue un año movido para el decano: en agosto, Davor Harasic fue quien representó la posición de la Universidad de Chile ante el Tribunal Constitucional por la discusión de la Ley de Aborto. Esto, al mismo tiempo que defendía legalmente a Anglo American, multinacional británica dueña de una gran tajada del cobre chileno.

Mientras en octubre, le estalla la movilización en Derecho, también con una importante toma en contra del protocolo antimovilizaciones que pretendía imponer a las y los estudiantes, y en cuestionamiento al aumento en 200 de las matrículas en la Facultad, motorizado por el funcionamiento empresarial de la Universidad, y sin mediar ninguna discusión con el resto de los estamentos, ya que aumento de matrículas sin un financiamiento integral de parte del Estado, quiere decir mayor hacinamiento y mayor carga laboral.

Estudiantes en toma enfrentan a decano Harasic en Derecho de la Universidad de Chile

¿Cuál es el problema de fondo?

La declaración que primero sale a explicar los motivos de la toma de Facultad es clara: “Llamamos a todas las estudiantes secundarias y de educación superior, secretarías de género de nuestra y otras instituciones, profesoras, funcionarias y académicas a sumarse a la movilización, reflexionar y trabajar en conjunto para dar pronta solución al déficit de nuestras instituciones para hacerse cargo de la violencia de género”.

Y efectivamente. Aquellos déficit en realidad son la expresión más cruda de la enorme concentración de poder que tienen las autoridades dentro de la Universidad de Chile.

El Protocolo de Actuación ante Denuncias de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria, puesto en vigencia en 2017 por parte de la Universidad de Chile, es un claro ejemplo de aquello. Según este, las denuncias deben pasar si o si por las autoridades correspondientes (desde Rector hasta Decanos y Directores de Institutos), quienes son los encargados de determinar si las denuncias tienen o no procedencia.

Aquello es una tremenda falencia frente a la necesidad de hacernos cargo de las problemáticas de género existentes en la universidad, ya que avalan la complicidad entre los altos cargos de autoridad. Aquello expresa también los dichos de académicos entrevistados por El Mostrador, cuando dicen que “Han habido otros casos en la escuela de profesores que han sido acusados y despedidos en una semana y aquí se han demorado ocho meses, no se le ha dado curso”.

Cabe preguntarse cuánto influye en ello la carrera que en conjunto han llevado adelante Davor Harasic y su par, Carlos Carmona.

Una política triestamental: única salida a nuestras problemáticas

Ad portas de las elecciones de Rector y Decanos de la Universidad de Chile, no podemos separar estos hechos ocurridos en Derecho, con la problemática de conjunto de la Universidad, con respecto a quienes toman las decisiones al interior de la institución.

Si bien hoy la toma de Derecho coloca como un punto fundamental la destitución de Carlos Carmona, aquello es completamente insuficiente sin avanzar a una política que ponga como base la organización de estudiantes, docentes y funcionarios/as.

Es necesario exigir la composición de comisiones triestamentales, electas y revocables, en las distintas Facultades de la Universidad para imponer un nuevo protocolo, independiente de las autoridades de turno, que determine en acuerdo con los tres estamentos, los procesos de investigación y sanción en casos de acoso sexual o laboral, así como de discriminación.

Somos estudiantes, funcionarios/as y académicos/as quienes debemos tomar en nuestras manos estas decisiones, con independencia total de las autoridades, de manera que avancemos hacia la democratización efectiva de nuestros espacios educativos.

Aquello será un primer paso en la conformación de organismos triestamentales que no solo den respuesta a las denuncias que ya se encuentran en curso, así como las que puedan surgir. Sino también, a la serie de problemáticas que hoy se expresan en la Universidad, ya que con un Rector y con Decanos electos por un minoritario círculo de académicos, estaremos dejando en las mismas manos de siempre las decisiones que debiésemos tomar triestamentalmente.