La negociación entre el Gobierno y la central obrera se da ante la negativa de las patronales a pagar el bono salarial. El precio de la “paz social” de unas cúpulas sindicales que dejaron pasar cuatro años de ataques macristas y hoy apoyan al Frente de Todos.
Jueves 19 de septiembre de 2019 23:14
Foto: Matías Baglietto
El miércoles 14 de agosto el Gobierno inauguró su “populismo de emergencia”. Tras el papelón de la conferencia de prensa del presidente tras la dura derrota de las PASO, el macrismo inauguró medidas que apuntaban a “aliviar el bolsillo de los argentinos”, entre las que se contemplaba un bono de $5.000 por única vez para el sector público, pero nada decía para los privados.
Un mes después, el Gobierno decidió extender el (insuficinete) “plan alivio” para estos últimos, pero los empresarios pusieron el grito en el cielo. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que los industriales “no pueden” pagar el bono y aseguró que “sería un acto de irracionalidad”. De paso, aprovechó la volada para reclamar “consensos básicos” al nuevo Gobierno y pidiendo “facilidades” para las Pymes para los próximos años.
Ni lerdos ni perezosos, los que aprovecharon la situaciónfueron los muchachos de la CGT. Una costumbre en lo que han sido estos cuatro años de ataques macristas: la complicidad de los dirigentes para garantizar la paz social a cambio de fondos para las cajas sindicales.
Así es como en la negociación del bono como parte de la compensación por la caída del poder de compra de los salarios, el Gobierno puso sobre la mesa la distribución de 3.000 millones de pesos que se destinarán a las obras sociales que manejan los gremios, y que serán financiados con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR): una partida financiada en parte con el aporte de los mismos trabajadores con el descuento que se realiza para la cobertura social.
Este Fondo siempre fue motivo de disputa entre los Gobiernos y los jefes sindicales, y utilizado en numerosa cantidad de veces para negociar a cambio la paz social y evitar cualquier tipo de conflicto.
Así las cosas, las cúpulas sindicales serán “premiadas” con una importante suma para seguir garantizando su rol: no oponer ni la más mínima resistencia frente al ajuste y la degradación de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Como contraparte, recibirán un nuevo desembolso mientras dicen que seguirán conversando para obtener algo más.
Por ahora, la única verdad es la de los $3.000 millones que recibirán. Mientras tanto, a las palabras se las lleva el viento.
