La rectora Alicia Bardón anunció la “aparición” de unos archivos de la última dictadura que se creían perdidos desde 1985. Se trata de documentación del servicio de inteligencia que funcionó de 1976 a 1983. El relato de la pretendida “rectora de los DDHH” que cuenta con una patota dirigida por un ex gendarme ligado a oficiales retirados del Ejército.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 28 de octubre de 2014
El centro de la escena en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pasó de la disputa con el ex rector Juan Alberto Cerisola a la aparición por arte de magia, siendo generosos con la expresión, de unos archivos de la dictadura militar. Se trata de 15 tomos con 400 páginas cada uno con documentación perteneciente al Servicio de Seguridad y Vigilancia (SSV). Esta documentación habría sido recabada por la Comisión de DDHH que el Consejo Superior había creado en 1985 y posteriormente desapareció, de manera deliberada más que por negligencia. En un momento se difundió la versión de que el archivo del SSV había sido quemado por los estudiantes. [1]
El “Servicio de Seguridad y Vigilancia”
1976. Días previos al 24 de marzo, el entonces rector Juan José Pons crea el “Servicio de Seguridad y Vigilancia” (SSV) de la UNT. Ismael “el Turco” Haouache fue designado como responsable, reconocido en la militancia por sus actividades antisemitas.
Según el testimonio de Pons, Haouache fue nombrado tras una reunión con el Tte. Coronel Antonio Arrechea, jefe de policía de la época, “con el propósito de que cumpliera funciones de observador para prevenir cualquier actividad de tipo subversivo en el ámbito de la UNT” aunque el discurso oficial hablaba de la protección de edificios. A juicio de Pons, “Haouache cumplió satisfactoriamente con la misión encomendada”. [2]
Desde un primer momento, el SSV no solo actuó como organismo de inteligencia, marcando estudiantes y docentes “subversivos” con la ayuda de decanos y docentes reaccionarios, sino que también fue parte de los operativos de manera conjunta con las fuerzas policiales y el Ejército. Institucionalmente “en ningún momento se reglamentaron las funciones del SSV, ni se especificó su misión y atribuciones. Esta irregular situación se ha consentido y mantenido en el tiempo por resoluciones 196-77 (Gestión de Interventor Cornejo) y 879/80 (Gestión de Interventor Landa). Es decir que desempeñaba una misión secreta, no reglamentada o irregular”. [3]
El aparato represivo en la UNT se complementó con el uso de edificios universitarios como “lugar de retención de detenidos”, en la jerga militar. En la Escuela Universitaria de Educación Física y el pabellón de la Ciudad Universitaria en San Javier se encontraban los detenidos-desaparecidos, mayoritariamente universitarios, que posteriormente eran derivados a otros centros clandestinos de detención. [4]
Un caso que simboliza la colaboración de la UNT con los genocidas es el de la desaparición de Juan Carreras, oriundo de Belén (Catamarca), estudiante de Bioquímica, parte del cuerpo de delegados de la carrera y militante del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Juan se encontraba rindiendo un examen de Fisiología cuando un hombre de civil entró al aula preguntando si allí se encontraba Juan Carreras y las autoridades respondieron que sí, y salió afuera a esperar que terminara el examen. Juan demoró a propósito y finalizó último. Cuando salió del aula se encontró con cuatro hombres de civil armados que se lo llevaron en uno de los dos autos que esperaban afuera del Instituto de Bioquímica. Según testimonios la última vez que se lo vio con vida fue en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en abril de 1977. En una siniestra coincidencia, Juan fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976, el día de La Noche de los Lápices.
Según un cruce de fuentes, el número de personas pertenecientes a la UNT que fueron detenidas-desaparecidas, durante el periodo 1974-1983, llegaría a 186 casos. [5]
Primero como tragedia, después como farsa
En abril de este año, el abogado kirchnerista Bernardo Lobo Bugeau hizo una presentación para que el Consejo Superior inicie un juicio académico contra dos docentes que ocuparon cargos jerárquicos en la UNT durante la última dictadura: Miguel Marcotullio como secretario académico de la Facultad de Derecho, y Bernardo Carlino, quien condujo la Facultad de Ciencias Económicas entre junio de 1977 y abril de 1978. En abril, Marcotullio era el vicedecano de Derecho, en la actualidad es consejero directivo por el estamento de los docentes titulares. Carlino se desempeña como profesor y síndico de Canal 10. Según Lobo Bugeau, en el periodo en que Carlino fue decano de Económica se produjeron 60 detenciones-desapariciones.
Luego de una sesión de Consejo Superior, con cuarto intermedio de una semana, donde hubo una defensa casi unánime de Marcotullio y Carlino, se llegó a una resolución decorativa. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT asumió el compromiso de elaborar una nómina del personal docente que desempeñó cargos jerárquicos durante la última dictadura a fines de determinar quiénes fueron "partícipes necesarios o que hubiesen prestado consentimiento necesario para la ejecución de cesantías del personal docente y no docente, así como expulsiones de estudiantes de la UNT sin sumario previo o administrativo sin expresión de causa". Según el comunicado de prensa se daba así cumplimiento a la resolución 1255/987 de 1987. Medio año después, el listado no aparece y no se abrió investigación alguna sobre estos docentes de Derecho denunciados.
La “Dirección de Protección Universitaria”
El 13 de agosto la patota del Rectorado se hizo presente en la toma del Rectorado en apoyo al paro docente. Con el visto bueno de Hugo Saab, secretario de Políticas y Comunicación Institucional, y Mario Leguizamón, responsable de la Dirección de Protección Universitaria (DPU), nombre institucional de la patota, iniciaron una feroz golpiza a los estudiantes que ocupaban pacíficamente el edificio. Leguizamón es un ex integrante de Gendarmería y es socio propietario de Watchman, una empresa privada de “seguridad y vigilancia” compuesta por oficiales retirados del Ejército. Leguizamón contó con la protección de Kaleñuk, ex número uno de Gendarmería en Tucumán y funcionario de Alperovich. El hijo de Kaleñuk es señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Paulina Lebbos en 2006.
En un principio Bardón intentó una defensa poco convincente de la DPU, señalando que se trata de inocentes trabajadores que se dedican al cuidado del mobiliario. La culpa era de los estudiantes.
Emulando a su antecesor, Bardón hizo anuncios rimbombantes sobre un “desmembramiento” y la creación de un reglamento interno de contenido democrático y garantista. Ninguna de las dos cosas sucedió. A pesar de los reiterados pedidos y presentaciones por parte de estudiantes y docentes, la DPU no ha sido disuelta. Sus miembros han sido reubicados en diferentes edificios de la UNT, y quizás cuando se inicien esta semana las sesiones de la Asamblea Universitaria entre las caras nuevas de estos “inocentes trabajadores” reconozcamos los rostros del pasado.
Referencias
[1] Fernando Rovetta, Sombras del totalitarismo y la Universidad, p. 8.
[2] Declaración recogida en Comisión Bicameral, Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los DDHH en la provincia de Tucumán (1974-1983), Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, España, 1991.
[3] FULAZI, La ciencia al servicio de la dependencia. Apuntes para la discusión de la universidad del Proceso, 1986. En el año 2007 se ha reeditado como parte de Grupo por la Memoria UNT, No Olvidamos. Un archivo para la memoria de la dictadura en la UNT, CD-ROM, Fundación CDESCO, 2007.
[4] Víctor H. Ataliva, Atravesando marcas: La Universidad Nacional de Tucumán y el terrorismo de Estado. La Escuela Universitaria de Educación Física como caso de estudio. I Congreso de Historia de la UNT, 2004.
[5] Estela Noli, María Eugenia Rodríguez Pontet, Mariano Corbalan, Ruy Zurita, La memoria dolorosa: los desaparecidos universitarios, I Congreso de Historia de la UNT, 2004.
