UNA CADENA DE VIOLENCIAS. La violencia de género crece en Santa Fe con silencio gubernamental

Los datos arrojados por el Observatorio Ahora que sí nos ven, al igual que el Observatorio de Mumalá, ponen a Santa Fe en un nuevo récord. De los 223 femicidios contabilizados desde enero hasta septiembre, 29 son de nuestra provincia. La segunda en cantidad absoluta en relación al número de habitantes.

No solo la pandemia del Covid-19 nos ubica como una provincia con números récord, sino que también la violencia de género. Santa Fe vuelve a ser parte de las áreas con mayor cantidad de femicidios en lo que va del año 2020.

Esta situación, que termina con la vida de una mujer cada 29 horas en nuestro país, se agrega a una larga cadenas de violencias que sufren las mujeres y disidencias sexuales. Comenzando por la ejercida por los empresarios y el Estado que se expresa en los espeluznantes números de pobreza y desempleo.

Dado a conocer por el Indec, la desocupación en Rosario alcanzó casi el 18 % en lo que va del año, a esto se le suma que en el Gran Rosario más de 500 mil personas son pobres. Esta ciudad y la capital de la provincia se encuentran entre los aglomerados con mayores índices de desempleo del país. La tasa más alta desde la crisis del 2002.

El dato que vuelve a aparecer en estos números da cuenta de la desigual situación en la que se encuentran las mujeres pobres y trabajadoras: si bien la desocupación afecta a la población de conjunto, entre las mujeres de entre 14 y 29 años aumentó 4,6 puntos porcentuales.

Según un último informe de Anses en total son 8.857.063 las personas que perciben el IFE, de las cuales más de la mitad (55,7%) son mujeres y el 42,3% de éstas son trabajadoras de la economía informal o desempleadas que no gozan ningún tipo de cobertura o ayuda estatal.

Un Estado cómplice

No es la primera vez que Santa Fe aparece como la segunda provincia en casos de femicidios y violencia de género. Con el gobierno anterior del Lisfchitz, así como con el gobierno actual de Omar Perotti, no se ha tomado ninguna medida concreta para avanzar en este flagelo que sufren las mujeres y disidencias sexuales.

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El gobierno de Perotti tomó nota de la fuerza que el movimiento de mujeres marcó en las calles y creó la Secretaría de Estado de Igualdad y Género para tratar de institucionalizar este movimiento. Organizaciones como Patria Grande se han integrado con referentes de esta política al régimen santafesino. Sin embargo, las definiciones siguen estando marcadas por otra agenda, no la del movimiento de mujeres, sino más bien la de la presión pública para más mano dura y políticas represivas, lo cual también se convierte en un ataque a los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.

Mientras que en la provincia, como en particular en Rosario y el Gran Rosario, la pobreza avanza a pasos firmes, afectando como siempre principalmente a las mujeres y en particular a las más jóvenes, el gobierno provincial ha destinado, con apoyo del gobierno de Alberto Fernández, 3 mil millones de pesos para fortalecer a la policía. Esa misma policía del gatillo fácil que también le da a esta jurisdicción un lugar en el ranking de la violencia institucional. El Estado sigue siendo uno de los principales reproductores de esta cadena de violencias que sufren las mujeres, siendo las primeras en sufrir los golpes de la crisis, sumado a la violencia de género en los barrios, lugares de trabajo y en las propias casas.

Pan y Rosas junto al Frente de Izquierda Unidad con Miryam Bregman y Nicolás del Caño, desde el 2015 con el primer grito de Ni una menos, han presentado en diversas oportunidades un proyecto de ley nacional para prevenir la violencia hacia las mujeres. El mismo consta de un salario de emergencia que se asemeje a la canasta básica familiar, muy lejos del insuficiente IFE, licencias laborales y estudiantiles y vivienda para todas las víctimas de violencia y sus hijas e hijos, con un presupuesto hecho en base al impuesto a las grandes fortunas.

Detrás de los números

La violencia ejercida sobre las mujeres y disidencias no está aislada del empobrecimiento de las masas y la precarización de la vida de un gran porcentaje de personas. La pandemia del covid-19 ha sido la mejor oportunidad de los empresarios para aplicar, en complicidad con los gobiernos, un ajuste durísimo al conjunto del pueblo trabajador y pobre. Hoy en día las condiciones de vida de cientos de miles han empeorado, al punto de que el 56,3% de los niños y niñas en el país son pobres.

Detrás de los números, de los datos duros, de los récords y el ranking están las mujeres que día a día salen a bancar a sus familias y resistir frente a los ataques de los empresarios y los gobiernos. Así lo muestran las mujeres que están al frente de las tomas, como es el caso de la resistencia en Guernica, pero también en la zona oeste de la ciudad de Rosario, dándole de comer a todos en el barrio con las ollas populares, como también en el asentamiento del barrio Tío Rolo.

Son ellas las que salen a resistir para llevar un plato de comida a su familia, contra los gobiernos que en vez de darles un salida para que puedan tener un techo, deciden elegir el camino del desalojo y la defensa de los empresarios y la especulación inmobiliaria.

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Son las mujeres las que tienen historia en haber pasado al frente de enfrentar las crisis que pretenden descargar sobre sus espaldas. En este año se vuelven a ver esas mismas imágenes que allá por principios del 2000.

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Ganar las calles nuevamente

10 mil personas marcharon por las calles de Jujuy al grito de Ni una menos. En la provincia del derechista Gerardo Morales, las mujeres decidieron volver a gritar basta contra la violencia frente a dos nuevos casos de femicidios. Esta movilización fue reprimida y solo generó mayor repudio de la población al gobierno anti popular de Morales.

El ejemplo de las mujeres de Jujuy es una bocanada de aire contra el relato de que nos tenemos que quedar pasivas frente a una crisis que se va descargando contra el pueblo trabajador, que nos dicen que nos quedemos en casa cuando pretenden desalojar a familias empobrecidas que toman tierras para poder vivir.

Volver a ganar las calles con nuestras demandas, retomando la mejor experiencia del 2018 cuando fuimos una gran marea verde por nuestros derechos y contra toda violencia, es la mejor alternativa que tenemos las mujeres trabajadoras, desocupada, pobres, junto a nuestros compañeros, para salir a enfrentar una crisis que día a día crece y seguirá recayendo sobre nuestras espaldas.

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