APARATO REPRESIVO. La “yuta”, cada vez más cebada contra la juventud y los laburantes

Foto MGP-0223

La semana pasada la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad Cristian Ritondo vieron la oportunidad perfecta para dar un paso más en sus planes represivos. La muerte violenta de Carlos Sánchez, chofer de la línea 514 del conurbano bonaerense, habilitó al Gobierno a implementar lo que bien podría considerarse la remake de las nefastas razzias policiales de los años 80.

Desde el día posterior al intento de robo y homicidio de Sánchez (en cuya ejecución no se debe descartar la participación de la misma policía), la Bonaerense comenzó a realizar operativos sorpresa en calles del conurbano y en las vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

“Me encontraba en el colectivo viajando desde Villa Madero a Capital. Una cuadra antes de cruzar la General Paz un operativo de la Policía paró el colectivo. Se subieron tres policías, dos interceptaron las puertas y el otro, en voz alta, pidió los documentos de los hombres”. El relato de una joven estudiante universitaria que habló con este diario se repite cada vez más en grupos de Whatsapp, en redes sociales y en la calle. Y en muchos casos la sorpresa inicial se transforma en indignación ante la prepotencia uniformada.

La escena de colectivos parados, con pasajeros obligados a bajar y ponerse contra la “pared” de la unidad, palpados de armas y mostrando sus documentos es, en todo caso, una fotografía más de la película de Cambiemos llamada “lucha contra la inseguridad”. Una obra que cada día le otorga un papel más protagónico a las fuerzas represivas del Estado en el plan de control social y criminalización de los sectores populares.

Patrullajes en los barrios que derivan en acoso a grupos de jóvenes, requisa compulsiva de mochilas y bolsos, demora durante horas en seccionales o destacamentos por “averiguación de antecedentes”, detenciones sin orden judicial por “resistencia a la autoridad”, y un largo etcétera. Y, en no pocas oportunidades, apremios y torturas bajo la amenaza de pasarla peor si no se acatan las órdenes del comisario o quien esté a cargo.

Leé también La ley y el orden

Cada vez más “resistencia”

Si la acumulación de testimonios y denuncias de damnificados directos no alcanza, la propia gestión de Cambiemos reconoce que esto es así. Según un informe de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano, en lo que va del año el índice de personas detenidas por “resistencia a la autoridad” creció más del doble.

Si tres de cada cien personas detenidas en diciembre de 2016 eran acusadas con esa figura, en abril pasado la “resistencia a la autoridad” se le aplicó a ocho de cada cien detenidos. ¿Eso quiere decir que cada vez más gente se “resiste” ante los requerimientos prepotentes y amenazantes de oficiales de la Policía Federal o de la Ciudad? En verdad es al revés. Cada vez más la Policía encuentra en esa figura la herramienta legal para detener y complicarle la vida a laburantes y jóvenes pobres “cazados” al azar en la vía pública.

La hipótesis se confirma cuando el mismo informe oficial reconoce que sólo el 0,2 % de esas personas detenidas bajo el delito general de “flagrancia” finalmente son enjuiciadas. Es decir que prácticamente todos los que caen en las garras policiales por supuestamente “resistirse” en un operativo, ni siquiera llegan a una instancia judicial en la que formalmente un juez diga que son culpables o inocentes.

Vale decir que, a partir de la promulgación de la Ley de Flagrancia (votada en septiembre de 2016 y puesta en funcionamiento tres meses después), la Policía fue adquiriendo una multiplicidad de recursos para implementar de forma paulatina un mayor control sobre la población, especialmente en las barriadas populares estigmatizadas desde el poder político y las empresas periodísticas como focos de “inseguridad”.

Los nuevos operativos en los colectivos del conurbano y el crecimiento de las detenciones por “resistencia a la autoridad” en la Ciudad de Buenos Aires, son apenas dos ejemplos claros.

El titular del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad, Christian Gruenberg, dijo al diario Página/12 que cada vez más se repite una situación clásica en las calles porteñas: “Te piden el documento y si no lo tenés te detienen por averiguación, y si lo tenés no es garantía de nada. Te pueden requisar y si te resistís te imputan de resistencia. De esta forma, miles de personas son detenidas de forma ilegal sistemáticamente en la ciudad y en esa interacción puede pasar de todo”.

Algunos jueces (que por su propia condición de casta privilegiada no suelen ser muy sensibles a los problemas del pueblo trabajador) consideran incluso que la arbitrariedad policial es más un problema que una “solución”. Al menos dicen que detener a alguien por “resistencia” no es más que una práctica solamente destinada a ejercer el control territorial por parte de las fuerzas represivas y así aumentar el poder sobre la población pobre y trabajadora.

“La carencia de testigos ajenos a la policía se constituye en una herramienta que permite un Estado penal paralelo y en ese marco carecen de testigos de actuación. Y los policías se convierten en juez y parte”, graficó al mismo diario el juez de Garantías de Mar del Plata Juan Tapia.

Resistir en serio

La brutalidad y prepotencia policial gana en amparo estatal a través de leyes y medidas tomadas por ministros de “seguridad” y demás funcionarios. Desde la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010 por parte de Cristina Fernández (que curiosamente respondía así, después de una represión criminal conjunta con el gobierno porteño, al problema habitacional de miles de personas que habían ocupado el Parque Indoamericano), hasta la vuelta de las razzias en colectivos del área metropolitana, no hay gestión estatal que haya frenado el avance represivo a lo largo de las últimas décadas.

Pero cada vez más, también, los ataques policiales contra jóvenes con portación de cara y gorra, contra vendedores ambulantes, contra inmigrantes y contra manifestantes que reclaman mejores condiciones de vida; son respondidos por parte de la población que reconoce en los uniformes, si no la causa de la llamada “inseguridad”, al menos la expresión de la complicidad con ella.

“La gente está reaccionando. Para que la autoridad pueda imputar este delito, el accionar tiene que ser legítimo, y cada vez más la gente no ve legítima a la policía”, dijo a Página/12 Christian Gruenberg, del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General porteña. Y agregó que “esa policía perdió credibilidad y cada vez que detiene a alguien ilegalmente es repudiada por la gente y muchas veces se ven desbordados por los vecinos. Este fenómeno es nuevo, la reacción de los testigos que dejan de ser pasivos y reclaman que no se avance con los operativos”.

Esa disputa, gris y cotidiana, entre una policía cada vez más cebada y peligrosa y una población trabajadora hastiada de la prepotencia y la violencia institucional, no es obviamente lo más visible a los ojos de las empresas periodísticas, preocupadas todo el tiempo en organizar un corpus discursivo legitimador de la mano dura y la criminalización de la pobreza.

El escrache y el repudio a la brutalidad diaria del Estado deberá extenderse y multiplicarse como medida elemental para enfrentar la batería de recursos (legales y materiales) con los que cuenta la Policía en su afán de aumentar el control represivo sobre la población. Pero de lo que se trata es de frenar definitivamente esa brutalidad, para lo cual la bronca y el rechazo deberá dar paso a una verdadera organización desde las propias organizaciones del pueblo trabajador, única forma de desterrar la llamada “violencia institucional” que muchos naturalizan y hasta consideran inevitable.